Los derechos políticos de las mujeres

El 23 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010 que, al establecer el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales, reconoció la igualdad de derechos políticos entre varones y mujeres. Llegar hasta allí requirió de muchas décadas de luchas y reclamos, liderados por mujeres como Alicia Moreau, Julieta Lanteri, Elvira Rawson -que crearon en 1907 el Comité Pro Sufragio femenino- y por supuesto Eva Duarte, impulsora de la ley. Fue cuatro años después, en 1951, cuando las mujeres pudieron votar por primera vez.

Desde entonces, si bien las mujeres podemos votar y ser elegidas, la igualdad formal de derechos políticos no se plasmó en la participación real de las mujeres en la política. En 1991, como medida de acción afirmativa para promover la representación de mujeres en el Congreso de la Nación, se sancionó la Ley 24.012, que establecía un cupo mínimo del 30% de representación de las mujeres en las listas partidarias para los cargos legislativos nacionales. No obstante, fue recién una década más tarde, en el año 2001 que se empezó a aplicar ese piso mínimo. Si bien esta ley promovió un aumento significativo de la participación de las mujeres en el ámbito legislativo, al mismo tiempo ese cupo, que debía ser un piso, se convirtió en un techo.

El paso siguiente fue la aprobación, en el año 2017, de la Ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política, que estipula que las listas legislativas deben contener un 50% de candidatas mujeres de forma intercalada con los candidatos varones. La ley también avanza en la conformación de las listas de candidatos para autoridades partidarias, ampliando el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión sobre la conformación de las listas de candidatos. Las elecciones nacionales de 2019 fueron las primeras en las que se implementó esta ley. Sin embargo, el resultado de las elecciones no mostró cambios significativos en los porcentajes de participación femenina, de acuerdo con el mapa de género de la política argentina 2020.

Si bien se ha avanzado mucho y la política hoy cuenta con más de un ejemplo de líderes mujeres, que han accedido a altos cargos –de hecho la actual Vicepresidenta fue anteriormente Presidenta y algunos partidos políticos tienen por primera vez una Presidenta mujer- y detentan niveles de autoridad política muy alta, en general, el acceso y la participación de las mujeres en ámbitos institucionales de importancia evidencia que la igualdad de género en el acceso y ejercicio del poder aún no se ha logrado en el plano real.

Por ejemplo, en el Poder Legislativo las mujeres ocupamos espacios en las comisiones tradicionalmente asociadas a lo femenino, por ejemplo salud, educación, desarrollo social, mujer y niñez, mientras que los hombres continúan teniendo más participación en comisiones vinculadas con presupuesto y hacienda, finanzas, seguridad, justicia, que son justamente los espacios en los que se juegan las cuestiones más “duras” de la política, relacionadas con la distribución de recursos y poder.

No caben dudas de que la ley de paridad permitió un acceso y un aumento significativo de las mujeres en los ámbitos legislativos. Sin embargo, en las PASO, una foto de las boletas de las principales listas de las agrupaciones políticas basta para ilustrar que, siempre que se puede, son los hombres quienes encabezan las listas y se reserva el segundo lugar para las mujeres.

Es un hecho que en el Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como en algunas provincias, las mujeres han logrado acceder cada vez más a cargos ejecutivos, a veces ministeriales. Sin embargo, Argentina no posee normativa específica que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a altos cargos de designación y confianza política, ni ha logrado desarrollar iniciativas tales como la conformación de gabinetes paritarios o promover incentivos para fomentar la participación femenina en los ministerios. Los últimos cambios en el gabinete nacional son una muestra más de la distancia que existe entre las palabras y los hechos.

Por su parte, el Poder Judicial es el ámbito que presenta mayor desigualdad de género en el acceso a cargos jerárquicos y de toma de decisiones. De acuerdo con un estudio realizado por OEAR y CIPPEC, en el Poder Judicial persisten mecanismos de discriminación vertical que cercenan las posibilidades de ascenso de las mujeres en la jerarquía judiciales, y producen que se encuentre una mayor proporción de mujeres en las primeras instancias y mayormente especializadas en temáticas tradicionalmente asociadas con lo femenino (familia, laboral).

En el periplo de la participación política de las mujeres, aún quienes logramos acceder a espacios de toma de decisión no estamos exentas de sufrir violencia de género. En nuestro caso, puede también tomar la forma de violencia política. Según los datos recabados por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género -ELA- en la primera encuesta sobre violencia política contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, el 73% de las legisladoras entrevistadas afirmó haber sufrido este tipo de violencia por razones de género, aumentando al 82% de las respuestas luego de ser consultadas por acciones concretas de violencia política.

Pero el ejercicio de la política no se limita a la esfera gubernamental. Los sindicatos son claramente el ámbito donde las mujeres encuentran mayores barreras a su participación. Mientras que en el resto de los espacios se han constatado avances en términos de participación femenina, esto no solo no se observa en los sindicatos, sino que en diez años la presencia de mujeres en los gremios se redujo en 2 puntos porcentuales (del 5% en 2010 al 3% en 2020) (ELA, 2021). El ámbito económico (grandes empresas y cámaras empresarias) también sigue siendo un espacio rezagado para el acceso de las mujeres a cargos de toma de decisiones (solo un 5% de los puestos jerárquicos los ocupan mujeres en 2020). En ninguno de estos casos, podemos alegar que se debe a que las mujeres estamos peor preparadas que los varones. En nuestro país, las mujeres tenemos una mayor tasa de egreso educativo que los hombres, especialmente en la educación superior.

Las mujeres somos más del 51% de la población, de acuerdo al último Censo nacional. Si tenemos eso en cuenta y ponderamos todos los indicadores que vimos más arriba, la representación femenina es aún menor. Y no alcanza con el número de mujeres en tal o cual cargo, puesto, espacio. Hay que mirar arriba y debajo de la pirámide, y en todos los espacios de toma de decisiones de los distintos sectores sociales, así como comprobar que la participación numérica se traduce en acceso y promoción sustantiva de los derechos de las mujeres para estar seguros de que hemos conseguido alcanzar la igualdad de género real.

No es poco el camino recorrido y los logros alcanzados para potenciar la participación política de las mujeres. Pero todavía queda mucho por hacer. Y lo que queda por hacer lleva tiempo y requiere energía: romper barreras culturales, remover estereotipos de género para poder disputar y ocupar efectivamente espacios de poder real, elegir más libremente qué queremos estudiar, qué trayectoria queremos elegir, lograr que las tareas y responsabilidades de cuidado se distribuyan más equitativamente tanto al interior de las familias como entre todos los actores sociales.

El compromiso con la igualdad no debe limitarse a obtener una igualdad ante la ley. Debe abarcar a todas las instituciones sociales, la familia, el mercado y las políticas y, por sobre todo, pasar del discurso a los hechos.

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