Cada Gobierno se las arregló para superar al anterior en materia inflacionaria

Si comparamos la inflación acumulada en los 21 meses de gobierno del Presidente Alberto Fernández (87,4%) con la del mismo período de “Cambiemos” veremos que es más alta (67,1%) y, a su vez, la de dicha gestión es mayor a la de Cristina Fernández (47,1%). Un resultado para nada sorprendente.

En la gestión de Cristina Fernández el gasto público total de los tres niveles del Estado Nacional (Nación, Provincias y Municipios) llegó al 45,6% de la producción total de los argentinos (PBI). Es decir, desde inicios de la gestión de Néstor Kirchner, aumentó casi 80% la proporción de lo que le costaba el sector público al bolsillo de los trabajadores y empresarios que generan riqueza en el país. Un tamaño imposible de pagar aún con impuestos razonables. Por lo tanto, dado que no había crédito disponible para Argentina, los excesos se cubrieron con transferencias de pesos y de dólares del Banco Central (BCRA); por lo que no es raro que terminara siendo insolvente y, a fines de 2011, se aplicara un “cepo” para demorar su quiebra.

Por supuesto, el financiamiento en pesos se hizo emitiendo y, como los argentinos no confiamos en la moneda local, no la demandamos. En conclusión, como pasaría con cualquier producto o servicio que se ofrezca más de lo que la gente quiere, su precio cae. El problema es que estamos hablando de que la moneda en la que ahorramos y cobramos nuestros ingresos pierde poder adquisitivo, que se lo apropia el BCRA para transferir capacidad de gasto al gobierno. Por eso, algunos economistas hablan de impuesto inflacionario. El Estado puede excederse en sus erogaciones a costa de que tengamos que bajar nuestros consumos porque nos quitaron poder de compra, empobreciéndonos.

Por supuesto, si el precio del peso está bajando, cuando vayamos a comprar un bien o servicio, el vendedor nos pedirá más por ellos, porque lo que nos va a entregar sigue valiendo igual que antes. Eso es lo que llamamos inflación, aunque lo que en realidad refleja, es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, no es de extrañar que hayamos tenido alta inflación durante la gestión de la actual vicepresidente dado el continuo crecimiento del Estado y de las necesidades para financiarlo con el BCRA.

El problema es que, cuando llegó Cambiemos al gobierno, el tamaño del gasto público no varió sustancialmente, o sea que todavía había que buscar recursos extras a los impuestos para poder sostenerlo. La estrategia de salir del cepo, que de mantenerlo hubiera llevado a una crisis, y el exitoso cierre de la cesación de pagos con los bonistas en default que reclamaban en la justicia de Nueva York, le brindó la oportunidad de financiarse con crédito voluntario, en gran medida del exterior. Lamentablemente, el BCRA empezó a comprar esas divisas para acumular reservas y evitar una baja del tipo de cambio. Esto, sumado a las transferencias de recursos del Estado, implicó seguir emitiendo o endeudando caro a la autoridad monetaria, volviendo a diluir su recuperada solvencia. Así, no solamente se le quitó poder adquisitivo a los pesos que tenía la gente para mantener un elevado gasto público, sino para poder comprar dólares para las reservas; por lo que no debería extrañar que la inflación siguiera en alza y supera a la de Cristina Fernández en sus primeros 21 meses.

Si bien en 2018 se inició un ajuste del gasto público, ya era tarde. Argentinos y extranjeros dejaron de confiar en que Argentina tenía un futuro de crecimiento y cayó la demanda de activos locales, particularmente la del más riesgoso de todos, el peso. Si la gente no quiere algo y la oferta de ello se mantiene igual, su precio bajará. Por eso, no extraña que, aunque el BCRA intentó ser más austero con la emisión, igual la moneda local siguió perdiendo poder adquisitivo. Esta huida de todo lo que oliera a argentino, incluido el peso, se agravó sustancialmente cuando las PASO de 2019 dejaron en claro que la elección presidencial la ganaría la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández; lo que llevó a volver a imponer un nefasto cepo para demorar nuevamente la quiebra del BCRA.

Lamentablemente, el poco ajuste del Estado que obligó a hacer la crisis de credibilidad durante 2018 y 2019, se revirtió desde el inicio de la actual gestión y esa tendencia se exacerbó con la llegada de la pandemia. Dado que ya estábamos en cesación de pagos, no debería extrañar que no hubiera crédito disponible para financiar semejantes excesos y se volviera a abusar de la asistencia del BCRA. Un aumento precautorio coyuntural de la demanda de pesos por la incertidumbre de la cuarentena, permitió postergar la depreciación de nuestra moneda; pero cuando se comprobó que había acceso a efectivo a través de los cajeros automáticos, la preferencia por atesorar pesos empezó a volver lentamente los niveles previos a la pandemia. Todo esto llevó a una aceleración de la depreciación del peso. ¿Cómo puede sonar raro que la inflación acumulada en esta gestión esté por encima de la anterior para igual período de tiempo? Más se emite para sostener un extravagante gasto público, más se cae la demanda de pesos porque se anticipa que perderá poder adquisitivo, por ende, mayor es la caída del valor de la moneda local y la variación de los precios al consumidor.

Lo malo es que más allá de medidas coyunturales e insostenibles para desacelerar la inflación antes de las elecciones, los problemas de fondo se mantienen. El tamaño del Estado sigue en porcentajes respecto de la producción total similares a los de los últimos años, con un gobierno que considera que no hay que bajarlo. Será difícil ajustar el déficit con más impuestos sobre un sector productivo agobiado; aunque probablemente lo intenten. No parece factible que puedan financiar sus necesidades con más crédito; ya que hoy absorben casi todo el disponible localmente y es poco esperable que aumente mucho en el mediano plazo. Tampoco se recuperará el financiamiento externo, aunque se acuerde con el FMI. Conclusión, tendrán que seguir drenándole recursos a un BCRA que ya es insolvente y que tendrá que seguir “dándole a la maquinita” para satisfacer los excesos de gasto del Estado. Todo esto con argentinos conscientes de esta realidad, porque le hemos vivido demasiadas veces; por lo que seguiremos tratando de deshacernos de los pesos. ¿Cuál es la probabilidad de que el año que viene dejen de perder valor en forma creciente?

A eso, cabe sumarle que dos de las medidas tomadas para bajar la inflación antes de los comicios son insostenibles. Primero, el retraso cambiario preelectoral del dólar mayorista habrá que corregirlo con una suba de alrededor del 30% en los siguientes 6 meses posteriores a la fecha en que hayamos votado legisladores; lo cual impactará fuerte en los precios en el supermercado. Y, en segundo lugar, el congelamiento de precios de servicios públicos genera un creciente e insostenible costo fiscal que deberá cerrarse con fuertes alzas en el primer semestre del año próximo; lo que también pegará duro en el bolsillo de los argentinos. Entonces, ¿cuáles son las chances de que la variación de los precios al consumidor no vuelva a aumentar en 2022?

El peligro es que sostener en el tiempo niveles de alta y creciente inflación, en el pasado llevó a que la gente repudie la moneda argentina. Es decir, la considerara basura que hay que sacarse de encima. La basura no vale nada, por ende, el precio de cualquier cosa en término de ella es infinito y así arribamos a tres hiperinflaciones. Mejor no jugar con fuego y terminar en una cuarta, ¿no?

SEGUIR LEYENDO: