La inteligencia artificial al servicio de la investigación penal

Cada día se generan 2,5 trillones de bytes de información en el mundo. Un billón de consultas en Google, 250 millones de tuits, 60 horas de videos subidos por minuto en YouTube, 800 millones de actualizaciones en Facebook, 10.000 transacciones con tarjeta de crédito por segundo.

Todo esto es posible gracias a la gran escala, difusión y velocidad con que las innovaciones tecnológicas llegaron a nuestras vidas. Sin embargo, así como la tecnología ofrece diariamente soluciones únicas en el campo de la salud, el trabajo, la economía y la producción, también puede ser usada para fines adversos para la humanidad.

La inmensidad de Internet, la gran cantidad de plataformas, aplicaciones y diversas tecnologías digitales que existen en el mercado, hacen que sea fácil para los perpetradores esconderse y actuar desde las sombras. Esta situación se agrava en un contexto de aislamiento social, que deja más expuestas a las víctimas de presuntos delitos informáticos. Identificar y trazar el universo de datos que se producen y distribuyen en la actualidad es una misión casi imposible para muchas organizaciones.

Se estima que el número de imágenes de abusos sexuales infantiles en Internet asciende a millones y el número de niños filmados o fotografiados es, probablemente, de decenas de miles. Una diferencia importante entre una imagen en línea y una imagen fuera de línea es que, una vez en línea aquella imagen puede permanecer en circulación perpetuamente, sin límite para la frecuencia con la que puede verse o transmitirse, ni para la cantidad de personas que acceden a ella.

Sin embargo, lo más significativo es que las imágenes de abusos sexuales infantiles se comparten cada vez más entre personas de intereses afines mediante la distribución de equipo a equipo (peer-to-peer o P2P), lo que evita la necesidad de albergar las imágenes en sistemas de almacenamiento de terceros, como los proveedores de servicios de Internet (ISP).

Los delitos por tráfico de material de abuso sexual infantil aumentan de forma sostenida y la irrupción de la pandemia por Covid-19 disparó las alertas internacionales y nacionales. En el 2020, la National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) envió un total de 21,7 millones de reportes sobre presunta explotación sexual infantil a 242 países, 28% más que en el año 2019. De dichos reportes, la Argentina recibió 76.000, también registrando un aumento del 34% respecto del 2019. A partir de ello, se iniciaron aproximadamente 2.000 investigaciones penales en el Ministerio Público Fiscal.

El Programa de Identificación de Víctimas Infantiles dirigido por NCMEC funciona como un repositorio central de material con contenido de abuso sexual infantil. Los videos, imágenes y archivos recopilados de esta base de datos son utilizados para identificar a las víctimas y a los autores de este tipo de delito. NCMEC revisa estos archivos en busca de información que ayude a evaluar el riesgo para las víctimas potenciales, y determina la ubicación del incidente para ser remitido a la agencia policial correspondiente.

La cantidad de datos que se debe analizar y tratar en una investigación, sumado a la complejidad que poseen a la hora de escribirlos (direcciones IP, urls, hashes de archivos, plataformas webs, direcciones de mail, entre otros) presenta un inconveniente y también un riesgo.

El inconveniente es que la clasificación y elaboración de documentos de la investigación penal es difícil y demanda mucho tiempo. Segmentar los 40.000 reportes recibidos por año en función de su contenido y del tratamiento jurídico correspondiente para cada uno de ellos, implica abrir, analizar y clasificar cada reporte. Según las mediciones realizadas, esta tarea demanda 250 días de trabajo al año. Posteriormente, con la causa iniciada - y teniendo en cuenta que se investigan alrededor de 2.000 causas por año en la Ciudad de Buenos Aires -, la elaboración manual del documento con el cual se inicia la investigación (decreto de determinación de los hechos) consume casi 100 días de trabajo en el año. El riesgo, en cambio, refiere a cuestiones conjeturales que, si bien no han sucedido hasta el momento, merecen ser tenidas en consideración. En este volumen grande y complejo de datos que se administra, la imprecisión o inexactitud en el tratamiento o transcripción de alguno de ellos podrían ocasionar complicaciones en las causas judiciales, al punto de declararse una nulidad o de regresar al punto de partida de la investigación. Esto provoca retardos irrecuperables y obstáculos en lo que refiere a la búsqueda de la verdad material en el juicio.

En consecuencia, la aplicación de tecnologías disruptivas al servicio de la investigación es la manera más efectiva de analizar datos a una velocidad y con un grado de precisión que ningún ser humano podría hacer de modo tradicional.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través del desarrollo e incorporación del Sistema de Inteligencia Artificial Prometea, ha realizado un gran aporte en la persecución de los delitos por tráfico de material por abuso sexual infantil.

La reducción de tiempos y aumento de la precisión se puede apreciar, por ejemplo, en la segmentación automática de reportes NCMEC.

A los 40.000 reportes NCMEC anuales que recibe la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, se les brinda el respectivo tratamiento jurídico en función del contenido. Cada reporte se debe abrir, analizar y clasificar según corresponda. Realizar esta tarea sin Prometea, implica la dedicación de 8 horas –o más– de una persona por día, lo que se traduce en 250 días en el año.

La segmentación automática que realiza Prometea a partir del contenido de los reportes, reduce ostensiblemente los tiempos a tan solo 4 horas en todo el año. Esto permite que el operador jurídico pueda establecer rápidamente un orden de prelación para el análisis y tratamiento de cada reporte en función de su contenido.

Del mismo modo, existen potenciales análisis que aún asumiendo riesgos y tolerando muchas horas de trabajo humanas, no pueden llevarse a cabo sin la ayuda de tecnologías disruptivas. Cada reporte NCMEC contiene más de 50 atributos, y cada atributo puede contener hasta 500 datos. Si multiplicamos estos números por los reportes que ingresan en el año, advertimos que es imposible para un cerebro humano –o conjunto de cerebros– establecer todas las relaciones posibles entre reportes-atributos-datos, a efectos de trabajar en la confección de políticas públicas y de prevención, como así también la toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional, policial y/o correccional.

En ejemplos concretos y reales, no existe una forma posible en la que seres humanos puedan identificar en cuántos reportes NCMEC aparece un mismo usuario investigado, en cuántos reportes puede aparecer la misma imagen o video, en cuántas salas de chats puede aparecer la misma persona, o cuántas direcciones de mail puede tener el mismo usuario investigado. Estos aspectos ilustran la complejidad que implica el tratamiento de cada uno de los reportes NCMEC. El volumen de datos y sus relaciones múltiples convierten el trabajo del operador jurídico en una tarea sumamente compleja.

Es importante destacar, que a diferencia de otros sistemas de inteligencia artificial que cuentan con total autonomía para su desempeño, en los cuales se podrían configurar “cajas negras” y se perdería el control del resultado final, Prometea coloca al ser humano en el epicentro del escenario. Su funcionamiento es completamente trazable y permite explicar de una manera clara y sencilla cómo se arriba a una determinada solución. Es la persona quien define los caminos y toma las decisiones finales. Prometea optimiza radicalmente la gestión porque amplía la base de conocimiento de las personas.

El ahorro de tiempo que brinda este paradigma hace posible el entrenamiento y la transformación de las competencias del capital humano existente y, lo más importante, permite adelantarnos en la identificación de presuntos responsables del delito siendo uno de los desarrollos más innovadores en el ámbito del poder judicial latinoamericano.

*El autor es Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires

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