¡Es el gasto!: precandidatos liberales devorados por el sistema

De acuerdo con los datos del Banco Mundial de PBI per cápita en dólares constantes, desde que recuperamos la democracia a fines de 1983, la economía de Argentina (+17,4%) creció menos de la mitad del promedio de América Latina (+41,2%) y casi sólo un cuarto de lo que creció el promedio del mundo (+69,1%). Sin embargo, la performance relativa de Argentina fue muchísimo “peor” en los últimos diez años. En 2012/2020, mientras que el promedio del mundo creció 8,4% y el promedio de la región 2,7% (casi un cuarto del mundo); Argentina cayó 20,1 por ciento. Argentina destruye riqueza en forma sostenida y sistemática hace 10 años. En este mismo período y según el EDSA de la UCA, la pobreza multidimensional aumentó 75,7% en el Conurbano Bonaerense, pasando de 30,9% (2011) a 54,3% (2020) de la población.

El creciente empobrecimiento argentino es consecuencia del aumento del tamaño del Estado, que pasó sucesivamente (redondeando) del 30% (2007); al 36% (2011); 43% (2015) y 48% (2020) del PBI. En pocas palabras, la economía argentina tiene un tamaño de Estado similar al de la Zona del euro o de la Unión Europea. Ahora bien, la Zona del euro (USD 38.543 per cápita) y la Unión Europea (USD 34.768 per cápita) generan riqueza 4,5 y 4 veces más grandes que Argentina (USD 8.692 per cápita), respectivamente. Ergo, ellos tienen un sector privado que puede mantener esa estructura, pero nosotros no.

Haciendo un paralelismo, Europa es un trabajador que gana $270.000 por mes y Argentina es otro que gana $60.000 por mes, pero ambos pretenden gastar los mismo, tener los mismos servicios, y la misma calidad de vida. Obviamente, esta pretensión del trabajador que gana $60.000 es imposible de mantener. Por el contrario, terminará fundido, liquidando sus activos, destruyendo su capital, empobreciéndose y viviendo cada vez peor. Cualquier semejanza con la realidad de los argentinos, no es mera casualidad.

Argentina es un país pobre, porque la gente no quiere hacerse cargo de su propias decisiones y realidad, pretende que el Estado (o sea, el gasto público) le preste todo tipo de servicios. Ahora bien, esa misma gente, no quiere pagar impuestos, no quiere inflación, ni tampoco quiere deuda, ni alta tasa de interés, ni FMI, ni Fondos Buitres, ni Club de París. Una gran inconsistencia. En este sentido, hay que entender que para que haya bajos impuestos, nada de inflación, baja tasa de interés y deuda pagable tiene que haber Estado chico, que es lo mismo que bajo gasto público. Y sólo puede haber Estado chico y bajo gasto público, si no le pedimos nada al Estado, y los individuos nos hacemos cargo de todas nuestras necesidades, gustos, preferencias y limitaciones.

Para que se entienda con un ejemplo bien duro: señor trabajador que paga 35% de Ganancias en relación de dependencia, si usted quiere pagar menos alícuota, éticamente no debería consentir un sistema en el cual su hijo no pague matrícula en la UBA, y en su lugar, su estudio sea financiado por el IVA del padre cuyo hijo no puede terminar la secundaria, y/o el IVA que abonan jubilados, que probablemente nunca vean a su hijo ejercer la profesión (hay que aclarar que hay muchas otras partidas del gasto por bajar antes que la UBA; y más adelante sugerimos por donde empezar).

Entendiendo por qué el gasto público es el problema y los pre-candidatos liberales son demagogos

En 2012/2020, mientras que el promedio del mundo creció 8,4% y el promedio de la región 2,7% (casi un cuarto del mundo); Argentina cayó 20,1 por ciento.

Es el volumen del gasto público lo que define el tamaño del Estado y la magnitud del ahogo del sector privado, el tamaño de la destrucción de capital, el empobrecimiento de la economía, el aniquilamiento de la generación de trabajo y la destrucción del poder adquisitivo del salario. En otras palabras, hay que entender que es el tamaño del gasto, y no la cantidad de impuestos, ni el nivel de alícuotas, ni la presión tributaria lo que mata la prosperidad de los individuos, aborta la generación de riqueza y aniquila el desarrollo de la sociedad. El gasto público es la raíz del problema, no los impuestos. Además, en democracia universal representativa, el gasto público siempre es mayor que los impuestos, ya que el gasto hace ganar elecciones, mientras que los impuestos las pueden hacer perder. Ergo, la casta política siempre tiene incentivos a que el gasto público supere la recaudación y así, generar déficit fiscal. De hecho, la realidad argentina muestra que hay tantos años con superávit fiscal, como torneos de AFA ganados por Chacarita o Banfield. Y el déficit fiscal se paga con impuesto inflacionario y/o deuda. El impuesto inflacionario es un mecanismo de saqueo que transfiere riqueza desde el sector privado hacia el sector estatal. La deuda es un mecanismo de transferencia de recursos desde los niños y los que todavía no nacieron hacia los burócratas actuales. O sea, el impuesto inflacionario y la deuda están peleados con la ética de la libertad, es decir; son inmorales. Además, tanto el impuesto inflacionario (al dificultar el cálculo económico) como la deuda (al aumentar el costo de capital) destruyen la rentabilidad privada y consecuentemente, la inversión, acumulación de capital, el crecimiento, la generación de riqueza, la prosperidad y el desarrollo.

En este marco, está más que claro que si en Argentina los impuestos no suben, pero el gasto aumenta, no sólo nada cambiará, sino que todo empeorará porque deberán subir el impuesto inflacionario y/o la deuda, con lo cual continuaría debilitándose la inversión, la destrucción de capital y, por ende, el aumento de la pobreza seguirá en alza. En este marco, el alivio impositivo nunca será percibido como permanente, sino sólo como circunstancial. Este relajamiento impositivo dará lugar a un aumento circunstancial de la rentabilidad que el sector privado, al no percibir como permanente, lo volcará al pago de dividendos y a sacarlo del sistema, nunca a inversión productiva. Luego, el impuesto inflacionario emergerá para “cubrir” la diferencia y la caída del nivel de actividad agravará los problemas. Cualquier semejanza con Dujovne y compañía no es mera casualidad. Los resultados económicos y sociales terminarán siendo aún peores si no se baja el gasto.

En este marco, se entiende que todo pre-candidato liberal que se comprometa a no subir (o bajar) impuestos, sin comprometerse a presentarse proyectos concretos y tangibles para bajar (más) el gasto en términos nominales (en 2021 se proyecta un déficit financiero de 6,0% del PBI), es tan sólo un demagogo que alimenta el canto de sirenas en la búsqueda de votos, convirtiéndose en la potencial semilla de una campaña agrícola que sólo cosechará una crisis mayor a futuro, agravando todos los problemas económicos y sociales en el horizonte de mediano plazo.

Entendiendo por qué el gasto público está condenado a crecer y es el problema.

La teoría demuestra que el gasto público está condenado a crecer sistemáticamente y en forma sostenida, ya que no tiene ninguno de los limitantes que posee la provisión de los bienes y servicios privados en libre mercado. En primer lugar, los bienes y servicios privados enfrentan la demanda de los consumidores que limita los ingresos del productor. No puede haber producción, ni ingresos provenientes “por arriba” de la demanda de los consumidores. Segundo, los proveedores de bienes y servicios privados enfrentan la limitante de la competencia, que los obliga a producir en el punto en el cual el costo marginal iguala el ingreso marginal, o sea; producir a bajos precios, evitando así las rentas extraordinarias. Es decir, la empresa crece sólo si ofrece bienes de cada vez mejor calidad a más bajo costo a los consumidores, que compran voluntariamente.

Por el contrario, el gasto público no enfrenta ninguna de estas dos limitantes, ergo; el gasto público está condenado a crecer. Primero, el gasto público, así como sus servicios y bienes públicos subyacentes, se imponen; es decir, nadie los demanda voluntariamente; ergo, no hay demanda. En consecuencia, el Estado no tiene la demanda como limitante. Segundo, el Estado no tiene competencia, ergo; no tiene que igualar costo marginal a ingreso marginal. Puede operar a costos mayores, que trasladará al consumidor en forma de impuestos, y/o regulaciones, y/o impuesto inflacionario y/o endeudamiento. O sea, al no esta limitado por la competencia, por los costos; el Estado está condenado a operar por arriba de los costos, obteniendo una renta extraordinaria. Al obtener una renta extraordinaria, el gasto público del Estado está condenado a crecer.

En este marco, la opinión pública es la única limitante del Estado y de su gasto público, lo cual queda en evidencia cuando se toma nota que el Estado maximiza esfuerzos por controlar la opinión pública, ya que es la única forma que una minoría (casta política) saquee a una mayoría (población). Acá entra la educación pública, que desalienta la ética del derecho natural, de la propiedad privada, del individuo y de los medios económicos (mercado) en favor del derecho positivo, la propiedad pública, los intereses colectivos y los medios políticos (Estado). Así, el Estado vende que derechos, que en realidad hay que adquirir (educación; salud, etc.) son en realidad derechos fundamentales, y se encarga de proveerlos. Aumenta el gasto, sube los impuestos apuntando que la opinión pública sea más dependiente de Estado, y consecuentemente, le otorgue más consentimiento, mas legitimidad y menos resistencia: distribución del ingreso; igualitarismo; derechos sociales; negocios con conservadores. Y cómo no tiene limitación por demanda, ni por competencia, el exceso de costos lo puede trasladar al público vía más impuestos, impuestos inflacionario y o deuda, lo cual todo agranda sus ingresos. Pero con la diatriba de que todos somos el Estado, que el Estado es nuestro, que los impuestos vuelven a nosotros y son para nosotros, y que todos podemos ser gobierno; la resistencia desaparece y se consiente al Estado.

En este marco, queda más que claro que el problema es el gasto público, no los impuestos, ni la inflación y/o la deuda, que son tan sólo las consecuencias de financiar al Estado. Si los pre-candidatos liberales actuarán en línea con la ética de la libertad, estarían presentando proyectos para disminuir el gasto, y no jugar con la demagogia inservible de prometer no subir impuestos. Pre-candidatos liberales, con accionar moral, deberían presentar proyectos para intentar restarle consentimiento al gasto público y al tamaño del Estado. En este sentido, podrían comprometerse a presentar proyectos de referéndums nacionales en los cuales a la ciudadanía se le podría preguntar:

1) Usted está de acuerdo con que ninguna Provincia, ni Nación tenga más de 5 ministerios; ¿Sí o no?;

2) Usted está de acuerdo con que en las 2.400 legislaturas municipales los políticos no cobren un peso; ¿Sí o no?

Si en ambos referéndums la ciudadanía se manifestara a favor de ambos cambios, a la a casta política no le quedaría otra que cambiar, achicar el Estado y disminuir su negocio. Además, se puede armar una frondosa lista de proyectos en este mismo sentido. Por el contrario, si usted piensa que el Congreso jamás votaría estos proyectos de ley de referéndums, no le quedará otra que asumir que el sistema no se puede cambiar un ápice con las reglas del sistema y desde dentro de él. Sin embargo, los pre-candidatos liberales nada de esto están pensando. Son demagogos e inconsistentes. Tanto es así, que hay una opción partidaria (pseudo) liberal que dice cortarse un brazo antes de subir impuestos, pero varios de sus integrantes (no todos), proponen reestablecer el servicio militar obligatorio. Dentro de la clasificación de las intervenciones del Estado que hace Murray Rothbard, los impuestos y el servicio militar obligatorio son lo mismo; ambos son una intervención binaria del Estado. ¡Viva la ignorancia, ca…!