No fue la primera vez que María Eugenia Vidal manifestó su oposición a la regulación de la tenencia de cannabis para uso personal con el argumento de que no es lo mismo en las villas que en Palermo. Pero lo repitió esta semana después de que el tema, que lleva muchos años de discusión, se metiera inesperadamente en campaña con declaraciones del presidente Alberto Fernández a favor de dar el debate en el Congreso y “terminar con la hipocresía”.
“Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”, aseguró la ex gobernadora en una entrevista para Filo.elecciones.
Más allá de la generalización que la precandidata a diputada nacional hace sobre los habitantes de las villas, como si todos tuvieran la misma vida, idéntica forma de pensar e iguales oportunidades (o falta de éstas), y que haga lo mismo con los habitantes de Palermo (¿todos los palermitanos tienen una vida relajada?); más allá de que asocie el goce del consumo de una sustancia, cuyos atributos terapéuticos son ancestrales, a una clases social, no se entiende de qué modo su posición expresada en la respuesta mencionada en el párrafo anterior funciona como una argumentación válida para estar en contra de la regulación del uso del cannabis. O, mejor dicho, para estar a favor de mantener la prohibición de la tenencia de marihuana, consignada en la ley de drogas vigente; una legislación sancionada en 1989, hace más de 30 años y que ya ha sido declara parcialmente inconstitucional por la Corte Suprema con el “fallo Arriola”, de 2009.
Y no se comprende porque son justamente los habitantes de los barrios populares los principales damnificados por la persecución, estigmatización y el abuso de poder que ejercen las policías con la excusa de “combatir la droga”. Ocurre en todas las provincias, en cada una de las ciudades. Los pobres tienen muchos más problemas con la ley que los habitantes de los barrios acomodados: son más vulnerables al apriete de las fuerzas de seguridad, a la extorsión, a quedar marcados.
“Puedo andar con mi porro en la cartera (desde hace años) que nadie me para por ser rubia de ojos verdes. Porque además de Vidal así piensa la policía”, escribió en Twitter la usuaria Magui Díaz Schmidt. Una declaración que sintetiza lo que dicen los datos oficiales sobre detenciones de consumidores de drogas, no sólo de cannabis.
Se supone que María Eugenia Vidal se opone a la regulación del uso de la marihuana porque los pobres, según ella, son víctimas del narcotráfico. Alguna vez también ha dicho que el cannabis es la puerta de entrada a otras drogas. Pero si en este contexto, la marihuana es la puerta hacia algún lugar, es a los calabozos de las comisarías. En el fondo de la cuestión Vidal tiene razón: los pobres son los más afectados, pero por la prohibición. Y por eso es necesario una regulación que ponga al Estado en acción, que le quite el mercado de las drogas -en este caso el cannabis- al narcotráfico y sus distribuidores barriales y asuma con seriedad la prevención y protección ante consumos problemáticos con políticas de salud pública: una regulación que encauce los recursos de la investigación criminal en los peces gordos del negocio y no en los eslabones más vulnerables de la comercialización o en los usuarios.
Hay datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño, recolectados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que lo muestran. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abrieron 29.206 causas por del delito de tenencia para consumo entre enero de 2019 y agosto de 2020, un incremento del 512% respecto de los expedientes iniciados un año antes, cuando todavía los delitos de drogas quedaban en la órbita de la Justicia Federal. Cerca del 75% de esas causan responden a posesión de marihuana. Y la enorme mayoría se da con menos de 5 gramos de cannabis (equivalentes al contenido de cigarrillos de marihuana, popularmente conocidos como porros).
En las detenciones, ejecutadas por la Policía de la Ciudad, hay un sesgo de clase marcado. O eso permiten interpretar los datos. El 38,2% de las causas por tenencia para consumo se abrieron en la comunas 1, integrada por Retiro y la Villa 31; el 16,5% en la comuna 4, comprendida por los barrios Barracas-Pompeya y las villas 21-24 y Zavaleta); el 14,8% en la comuna 8 (Lugano, Villa 20 y otras) y el 7,9% en la comuna 3 (Balvanera, Plaza Once, Abasto). En estos cuatro distritos porteños se concentra más del 75% de los casos de detenciones, aprehensiones y demoras de usuarios. ¿Palermo? Palermo no figura en el tope del ranking.
Esas prácticamente 30.000 demoras, aprehensiones o, en algunos casos, detenciones conforman tres cuartas partes del total de causas abiertas por violación a la ley de drogas en Capital Federal. ¿Cuántas se abrieron por el delito de comercialización (o narcomenudeo) de drogas? 6.709, apenas el 17% del total. Esto, sumado a los barrios donde se ejecutan la mayoría de las causas, indica que el objetivo es criminalizar al usuario. O disfrazar esa estadística como “lucha contra el narcotráfico”. Otro dato que lo demuestra es que 8 de cada 10 causas son iniciadas por la Policía de la Ciudad por iniciativa propia, es decir, sin una orden judicial o una investigación en curso. En otras palabras, detenciones in fraganti, presumiblemente a chicos y chicas consumiendo en la calle o requisados y con pequeñas cantidades en los bolsillos.
“La totalidad de estas detenciones se producen arbitrariamente por las fuerzas de seguridad, seleccionando personas bajo criterios racistas y aporofóbicos, sin ninguna justificación para ser detenidas y requisadas en la vía pública”, advirtió el abogado Mariano Fusero, de la organización RESET, especializada en políticas de drogas.
El problema de la persecución antojadiza tiene su raíz en la ley 23.737, conocida como la ley de drogas, que penaliza tanto la tenencia para consumo como la “tenencia simple”, una figura gris que deja a criterio de las fuerzas de seguridad y de los operadores judiciales si se trata de consumo o comercialización. Por caso, un consumidor que va a comprar a un dealer una cantidad suficiente como para no tener que volver pronto a un lugar de riesgo o que compra también en nombre de amigos, puede ser considerado un sospechoso de comerciar drogas sólo por la cantidad.
“Seguimos con esa ley nefasta que penaliza la pobreza. Todos los chicos que consumen son considerados delincuentes. Los detenidos son los nuestros, no los de clase alta. Los nuestros piden estudiar, trabajar pero salen más perjudicados por la portación de rostro. Acá no tenemos narcotráfico, los narco están en los lugares más caros, acá tenemos tranzas, la señora María Eugenia está equivocada”, dijo Alicia, de las Madres contra el Paco en el barrio Villa Lamadrid, de Lomas de Zamora.
Fusero sostiene que, principalmente, las detenciones se enfocan en “personas jóvenes, entre 16 y 30 años, sin antecedentes penales, con pocos gramos de sustancias para su propio consumo (generalmente cannabis), de clases obreras, nacionalidad argentina y que se encuentran transitando en dirección a sus trabajos informales al momento de ser detenidas”.
Por eso no sorprenden las estadísticas de sondeos de opinión de las últimas semanas. Según un relevamiento hecho por la Universidad Nacional de Quilmes, el Centro de Estudios Culturales del Cannabis (Cecca) y la revista THC, del que participaron más de 64 mil personas de 16 hasta 92 años desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, el 82,4% (52.325 personas) admitió que le da al cannabis un uso adulto, también llamado recreativo. Y una encuesta realizada por la consultora Kantar en mayo pasado con 1.000 ciudadanos argentinos mayores de 18 años da cuenta de que casi 6 de cada 10 (55%) está a favor de la legalización. Eso indica que los consumidores de cannabis son muchos. Y ninguno de ellos quiere ir preso por una decisión sobre su propio cuerpo.
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