De internet, enojos, estafadores y ladrones

A casi un año del dictado del DNU 690 que declaró servicio público a la telefonía móvil, internet y la TV por suscripción, el presidente Alberto Fernández volvió a insistir días pasados con esta política, señalando que internet sería servicio público se enoje quien se enoje. Redoblando su apuesta agregó que iba a terminar con la estafa y el robo de las tarifas. Trató así de estafadores y ladrones a absolutamente todo el universo de prestadores de servicios de internet. Un conjunto heterogéneo de empresas que en circunstancias económicas complejas llevan conectividad a millones de argentinos poniendo su esfuerzo y trabajo, que invierten y generan empleo genuino no merecen ser tratados como tahúres.

Entendemos que el profesor de derecho penal no ha utilizado la acción de estafar y robar en el sentido técnico del código penal, sino en forma “coloquial” para señalar el presunto abuso en que incurrirían las empresas a cambio de lo que dan.

Ahora bien, a un año del citado DNU el organismo de regulación técnica del sector, el ENACOM, ha sido incapaz de dar a conocer algún estudio que indique el costo de los servicios y si las utilidades son razonables o no. Tampoco ese plazo ha sido suficiente para elaborar con bases serias algún mecanismo automático de regulación de tarifas que le aporte algo de racionalidad a una decisión errada, pero por sobre todo innecesaria.

Si la economía de la regulación de las telecomunicaciones es compleja podrían haber probado con la correspondencia entre la calidad comprometida y la efectivamente entregada en la relación contractual prestador-cliente (o usuario si les gusta más). Hay para ello un reglamento de calidad de servicio. También aquí sería interesante conocer las auditorías realizadas para verificar su cumplimiento. Una vez más ello podría darle algún auxilio al Presidente en sus temerarias afirmaciones.

Como en casi todo el estado argentino es más fácil dedicarse a las declaraciones rimbombantes que al trabajo efectivo. Pero no hay que ser injusto con el Presidente, hace tiempo que la vara de la regulación del sector está baja; casi que parece una política de estado.

La pretensión del gobierno de “ir por todo” en este caso en el sector TIC también le termina quitando legitimidad a su accionar. Nadie discute el carácter esencial de internet para la vida actual, pero ¿se puede sostener seriamente lo mismo de la TV por suscripción? Recordemos que hay TV de aire gratuita. Acá parece que se trata de una “vendetta”: embrómense porque el gobierno anterior dijo que la TV por cable es un servicio tic y no audiovisual.

Otra reflexión que merecen las palabras del Presidente es confundir un eventual instrumento de política pública -el servicio público- con un objetivo en sí mismo. El objetivo debería ser que internet llegue al 100 % de los argentinos con una calidad funcional significativa y a precios accesibles.

Las calificaciones jurídicas no necesariamente hacen que los servicios sean mejores, más abundantes o más baratos. Si fuera así declaremos ya mismo a toda provisión de bienes y servicios como “servicio público”, empezando por la alimentación y la educación (aunque pensándolo bien esto último mejor no, a ver si la Ctera no puede extorsionar más con los paros).

Si las cosas no han resultado peores es porque hay cinco medidas cautelares otorgadas y vigentes que han hecho del decreto casi letra muerta, pero son pocos los que están dispuestos a invertir fuertemente en medio de litigios. Desde su perspectiva el gobierno estaría en el peor de los mundos: por un lado, fracasa en su objetivo de controlar precios y por el otro siembra un manto de incertidumbre cuyos resultados, de mantenerse esta situación, se verán en el mediano plazo. De más está decir que un estado quebrado y sin crédito no puede sustituir la inversión privada.

En efecto, mientras discutimos sobre teorías jurídicas, Chile ya licitó el 5G y en breve comenzará el despliegue de estas redes y Brasil, Colombia, México, Costa Rica y República Dominicana se aprestan a seguir sus pasos. El 5G será un deseo imaginario más con la incertidumbre generada por el DNU 690/2020 o por una ley que quiera subsanar algún vicio de incompetencia, porque el problema con esta norma no es sólo de forma sino de fondo. El 5G es un paso más en la transformación económica que ha introducido la digitalización de la economía. No es solo poder navegar más rápido o jugar mejor a los e-sports. Será fundamental para la productividad industrial en los años por venir. El problema no es tanto el servicio público (que en Argentina como teoría jurídica por cierto no ayuda) como los controles de precios y la incertidumbre que, ya sabemos, son fatales para la inversión y la innovación y sin ellas no hay competencia y consecuentemente mejora de calidad y precios.

A un año del DNU 690, el gobierno parece empecinado en imponer el control de precios en este sector a través del instrumento del servicio público. Debería recordar que en política hay algo peor que prometer y no cumplir: Prometer algo errado y cumplirlo. Acá también hay que corregir y no enojarse señor Presidente y que la Argentina vaya para adelante.

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