La Ley de Ministerios (N° 22.520/92) describe las funciones, obligaciones del equipo que acompaña en el Poder Ejecutivo al Presidente. En sus 40 artículos no menciona las relaciones que estos deben tener con los Diputados y Senadores de la Nación. Esto es curioso, teniendo en cuenta que es nuestro rol como legisladores ejercer el control de los actos de gobierno. Incluso, tomando al Congreso como un todo, el único miembro del Gabinete que debe tener una relación fluida con el Poder Legislativo es el jefe de Gabinete. Es una prerrogativa constitucional, no solo legal, y sabemos, por la experiencia de los últimos 26 años, cuánto le cuesta a algunos cumplir con el mínimo que se pide, de una presencia mensual en cada Cámara de forma alternada.
No es que no se pueda convocar a los miembros del Gabinete a exponer sobre su agenda de trabajo; se lo hace desde las comisiones temáticas de trabajo legislativo, pero esto requiere de acuerdos, involucrando una negociación política que puede producir desgastes innecesarios. En relación con esto, una experiencia positiva del trabajo de la primera parte del 2020 fue la presencia de múltiples ministros en las comisiones. Si bien estos plenarios resultaban meramente informativos, permitían conocer de primera mano y con un intercambio, a veces menor de lo esperado, el balance y puesta en valor que esperaba hacer cada uno de los responsables de carteras claves. A partir de esta experiencia, y tomando en cuenta la experiencia internacional, es que he presentado un proyecto que modifica la Ley de Ministerios estableciendo que como representantes de sus respectivos ministerios, deberán concurrir dentro de los sesenta (60) días posteriores a la asunción en el cargo, al plenario de las comisiones competentes en la materia, de ambas Cámaras del Congreso Nacional, a fin de informar sobre los objetivos, políticas y estrategia a implementar en el área de su competencia.
Si entendemos al diálogo entre poderes como un bien preciado y una pieza clave en el funcionamiento del Estado, debemos introducir instancias en las cuales se haga posible. Sin embargo, salvo en las mencionadas e insuficientes visitas del jefe de Gabinete, que deberían también tener una importante revisión de su dinámica y funcionamiento, en la que nos encontramos trabajando; el único momento en el que el Poder Legislativo se entera de los planes del Ejecutivo es en la apertura de las sesiones ordinarias, y la información depende mucho del estilo presidencial. La falta de precisiones, producto del formato del discurso, libera a la veintena de ministros de especificar el camino a recorrer por sus carteras.
Hasta ahora, la limitada relación se da sólo en caso de interpelaciones, informes anuales, concurrencia a sesiones y pedidos de informe por escrito. La primera es poco frecuente, la segunda no se cumple en la práctica, la tercera tiene contados registros y la cuarta debe ser aprobada por el plenario, cosa que el balance de fuerzas tiende a limitar. Esta propuesta plantea una postura alternativa a la rendición de cuentas que subyace en todos los casos y conocer de forma previa los objetivos, prioridades y estrategias políticas que el o la Ministro/a proyecta al inicio de su gestión. Esta oportunidad no solo nos permitiría evaluar con anticipación la “hoja de ruta” de la gestión, sino además, hacer una evaluación de eficiencia y eficacia al final del proceso, para determinar si los objetivos trazados al principio, fueron efectivamente cumplidos e incluso realizar aportes para robustecer el camino elegido.
Veamos algunos ejemplos concretos. Desde el inicio del presente gobierno se han producido cambios en los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat, Justicia y Derechos Humanos, Salud, Transportes, Desarrollo Social y Defensa. Los cambios han sido por diversas razones, tragedias, escándalos, candidaturas o diferencias dentro de la coalición de gobierno. La posibilidad de recibir información por parte de los nuevos titulares de las carteras roza la nulidad. Aquel momento que había permitido la pandemia de intercambio informativo hoy se ve truncado, como suele suceder, por la campaña electoral. Este proyecto institucionalizaría un procedimiento y de esta forma daría un andamiaje más sólido al intercambio entre los poderes.
En la región esta institución es algo bastante común, se encuentra presente en Colombia, Perú y Uruguay, por mencionar algunos casos. Incluso en estos países, forma parte de su texto constitucional, entendiendo que el espacio de intercambio con las áreas específicas del Ejecutivo con sus pares del Legislativo hacen a un más puntual y fructífero.
Un Estado que funciona debe dar pasos hacia el diálogo transparente entre los poderes que conforman la república. No puede ser que nos enteremos de los objetivos o planes a mediano y largo plazo por los medios o gacetillas de prensa sin posibilidad de estudiarlos en profundidad porque se usa a la coyuntura como un arma para presionar a los legisladores y aprobarlas sin una lectura acabada de los impactos que puedan traer. Tenemos todos los años el ejemplo del Presupuesto, que al llegar septiembre genera un fuerte intercambio entre las fuerzas políticas. Tomar el mando de un ministerio no es una tarea menor y conocer la visión de quien debe dirigirlo o reemplazar a alguien es solo un paso en la apertura que debemos tener como Estado con la sociedad que nos ha elegido.
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