En todo el esqueleto conceptual de la tradición de la sociedad libre el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno es para proteger y garantizar derechos de las personas, una condición que es anterior y superior a la existencia del aparato estatal.
Sin embargo, observamos que los gobiernos se arrogan facultades que en esta línea argumental no les corresponden. Y no solo eso sino que se apropian de funciones que resultan ser contrarias al sentido mismo de su existencia. Y, como se ha hecho notar tantas veces, no vale sostener que esos abusos se han llevado a cabo merced al voto popular puesto que esta visión estrafalaria conduciría, por ejemplo, a justificar el régimen criminal nazi porque sus sicarios fueron entronizados en un proceso electoral. La democracia desde tiempos aristotélicos significa un sistema de libertad no de libertinaje. El voto tiene lugar en el contexto del derecho y consecuentemente de la igualdad ante la ley que es una idea inseparable a la de Justicia, es decir, el “dar a cada uno lo suyo”, que como también se ha hecho notar “lo suyo” remite a la propiedad de cada cual.
Habiendo hecho esta introducción, ilustramos en esta ocasión el desvarío estatal con el caso de las mal llamadas empresas estatales. La actividad empresarial por definición se traduce en arriesgar recursos propios en el emprendimiento y no recursos coactivamente detraídos del fruto del trabajo ajeno. Además, la así denominada empresa estatal inexorablemente significa alterar las prioridades de la gente puesto que se asignan los siempre escasos recursos en áreas distintas de lo que hubieran hecho de no haber mediado la compulsión. Y si se dijera que el gobierno hace lo mismo que lo que la gente hubiera hecho no es necesario el uso de la fuerza para tal fin con el ahorro de sueldos de burócratas, pero para saber cuales son las preferencias de la gente hay que dejarla actuar en libertad. De más está decir que si el organismo estatal en cuestión además es deficitario la situación se agrava considerablemente.
También, por las razones antedichas ese agente gubernamental que la juega de empresario siempre presta malos servicios puesto que deben compararse con lo que hubiera hecho la gente en ausencia de la referida imposición. En otros términos, no tiene el menor sentido decir que un emprendimiento comercial del aparato estatal es bueno si la gente hubiera preferido otra cosa. Es decir, carece de significación sostener que el aparato estatal brinda buenas bicicletas si la gente prefiere leche.
Es del caso subrayar que estos caprichos estatales perjudican a todos por lo que hemos destacado, pero perjudican muy especialmente a los más pobres puesto que el derroche de capital reduce de modo más contundente sus salarios en términos reales ya que recae sobre montos menores. Entonces, no se trata de un servicio público como se pretende alegar sino de acciones que se traducen en enemistades graves con el público.
La actividad empresarial no constituye un simulacro sino un proceso en el que cada empresario está obligado a atender las necesidades de su prójimo para obtener ganancias, de lo contrario incurre en quebrantos. Por el contrario, las faenas malsanas de gobernantes se perpetúan a costa de la succión del bolsillo ajeno.
Cómo hacer para desprenderse de estos lastres es otro cantar pues en esta materia, como en otras, lo relevante es tener claras las metas, hay muchas formas y variantes de sacarse de encima estos pesos insoportables que son causa de presiones tributarias colosales, inflaciones crónicas y endeudamientos astronómicos. Los métodos dependerán de las circunstancias pues el problema de las telarañas mentales radica en las metas que una vez comprendidas el resto se da por añadidura. Es curioso sin embargo que cuando alguien señala los problemas de las mal llamadas empresas estatales se repregunta a la persona en cuestión cómo haría para traspasarlas al sector privado con lo que se enganchan en una discusión interminable pero se pasa por alto el objetivo que es lo que realmente importa.
El mal denominado emprendimiento comercial gubernamental puede convertirse en sociedad anónima y venderse las acciones en la bolsa, subdividirse y venderse en trozos, rematarse al mejor postor nacional o internacional sin condiciones de ninguna naturaleza o simplemente liquidarse y disolverse pero, como queda dicho, lo trascendental es que se entienda que aquellas faenas son incompatibles con la naturaleza del monopolio de la fuerza, principalmente para ofrecer Justicia y seguridad que es lo que habitualmente no hace el Leviatán desbocado.
A veces se ha dicho que debe eximirse de este análisis cuando se trata de territorios que resultan inviables para el negocio privado que por tanto no atenderán. Pero es indispensable percatarse que si lo encara el sector estatal esto quiere decir que lo encaran a la fuerza otras personas puesto que ningún gobernante se desprende de sus ingresos para estas y otras misiones, es siempre sobre el vecino que recae la tarea de financiar. Entonces si el gobernante decide operar con recursos detraídos de la gente para estos fines reconociendo que son antieconómicos, debe tenerse muy en claro que el consecuente despilfarro ensanchará las áreas inviables hasta convertir a todo el país en inviable si se persiste en el despilfarro del fruto del trabajo ajeno.
Los ejemplos extremos de los embates y cosméticas hipócritas de servicios públicos se ven hoy en Cuba, Venezuela y Corea del Norte con sus imitadores que han arrastrado a las poblaciones a condiciones paupérrimas que finalmente no cuentan con los servicios públicos más elementales, todo en nombre de un bienestar que solo lo disfrutan los bandoleros que son los funcionarios estatales del momento a expensas del sufrido pueblo.
Es tragicómico que hayan esperpentos que pretenden contradecir estos ejemplos aberrantes declarando que se necesita sustituir a los actuales administradores de esos emprendimientos estatales por “buenos funcionarios”, sin darse cuenta que el problema no es para nada quien detenta esas funciones sino los incentivos y la naturaleza misma de la gestión privada frente a los que desean sustituirla por empleados que confiscan fondos de otros para encarar aventuras políticas.
Cierro esta nota periodística recordando lo que en ciencia política y economía se clasifica como “la tragedia de los comunes”, a saber, lo que es de todos no es de nadie. Hasta la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma cuando pagamos las cuentas de nuestro peculio respecto a la situación en la que obligamos a otros a hacerse cargo de las facturas. Los incentivos son clave para adentrarse en el drama de las mal llamadas empresas estatales devenidas en “servicios públicos”. Y en este plano de análisis es de gran relevancia recordar lo escrito por Frederic Bastiat en su obra titulada La Ley: “Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de la moral o perder el respeto a la ley”.
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