El 29 de junio presenté en el parlamento el pedido de juicio político al Presidente y a la Vicepresidente, como lo dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional, por mal desempeño y por delitos en el ejercicio de sus funciones.
El juicio político es el procedimiento de destitución que prevé nuestra Constitución para impedir que en este caso, como solicité, el Presidente y la Vicepresidente se mantengan en sus cargos hasta el fin de sus mandatos.
Nuestra Constitución Nacional implantó una forma de gobierno presidencialista y esto hace que no exista la posibilidad de revocar mandatos por moción de censura o desconfianza del Congreso. El sistema parlamentario, por el contrario, prevé la responsabilidad política del Jefe de Gabinete y su retiro de confianza. Esto significa que en el sistema presidencial, el Presidente y la Vicepresidente, y sus ministros incluso, permanezcan en sus cargos, aunque el Congreso no esté de acuerdo ni avale su política y la forma en que se lleva adelante la administración del país.
Por lo expuesto, este posicionamiento y definición política que uno realiza, sólo encuentra posibilidad de ser formulada mediante el pedido de juicio político.
Promover el juicio político, solicitarlo, es decir que el Presidente y la Vicepresidente no pueden continuar en sus cargos y dar las razones y los fundamentos, como exige la Constitución Nacional, es lo que hemos hecho a fines de junio.
El juicio político no significa una acusación de responsabilidad política, ni mucho menos un juicio penal, porque no persigue castigo, sino separarlos del cargo. Juzga una situación del gobierno como inconveniente para el Estado, por la cual no pueden, según mi pedido, seguir en el cargo el Presidente y la Vicepresidente.
Las causas de responsabilidad que hacen viable la acusación son el mal desempeño y los delitos en el ejercicio de sus funciones.
Mal desempeño es lo contrario de buen desempeño. El concepto de mal desempeño y su alcance no están descritos en la Constitución Nacional, pero la doctrina es pacífica, es sostener que puede ser doloso o no y provenir de causas ajenas a la voluntad del funcionario. Los delitos en ejercicio de la función dan lugar, en etapa posterior, a que se continúe una acción penal sobre la existencia de distintos hechos históricos preexistentes objetos de investigación y persecución penal en tránsito o a efectuarse.
El plan del gobierno para afrontar la pandemia y la provisión de vacunas para la población no ha sido sólo calamitoso en términos de resultados, ha sido delictivo y criminal y ha originado que el Gobierno violara desde marzo de 2020 a la fecha permanentemente la Constitución Nacional, conculcando derechos y garantías individuales, y desplegando una violencia institucional y violación de los derechos humanos que no tiene registro en democracia.
Los argentinos hemos padecido el abuso, desvío de poder, la arbitrariedad y discrecionalidad del Gobierno en todos los frentes de nuestra vida: salud, economía, inseguridad, trabajo, educación, justicia y transporte.
El gobierno hizo todo mal y decidió que ello fuera así, pudiendo hacer otra cosa.
Se encerró a la población con una cuarentena eterna sin plan de salida. No se compraron la totalidad de las vacunas que podíamos haber tenido, deliberadamente se decidió no aprovechar la preferencia que teníamos con Pfizer, para vacunar a la mayor parte de la población en el verano y afrontar la segunda ola con el máximo de gente vacunada. Se decidió, siendo la peor opción para los argentinos en términos de provisión y disponibilidad de vacunas, entregar la cuestión sanitaria del país a manos de Rusia. Ha sido la Vicepresidente quien ha decidido estás cuestiones asumiendo un rol anormal y antinatural, permitido por el Presidente, a través del cual se produjeron muertes evitables de más de un tercio de compatriotas en la pandemia.
El Gobierno, como si fuera poco, montó en todo el territorio de la nación un sistema de preferencia y favoritismo para vacunar primero a los funcionarios, militantes y amigos del poder.
Mientras tanto, se instaló un estado de sitio en los hechos, manu militari, sin haber sido dictado, se crearon fronteras internas prohibidas por la Constitución Nacional y se asesinaron a muchísimos jóvenes desde la violencia gubernamental, con testimonios lacerantes y desgarradores de sus familiares en todo el país. Abigail en Santiago del Estero y los crímenes del poder utilizando la pandemia para desfigurarlos y mostrarlos como accidentes de tránsito. Asesinatos en comisarías y violaciones funestas y luctuosas de los derechos humanos.
Argentinos sin poder despedirse de sus familiares que morían. Niños sin poder ir a las escuelas. Gente detenida por hacer un mandado, entrenar o salir a caminar. Se llegó a decir que no se podía reír, cantar, silbar ni besar.
Pero además de todas las causales de mal desempeño indicadas, el Gobierno utilizó la pandemia como excusa y resguardo para desenrollar su plan de ir hacia más autoritarismo, para llevar adelante una demolición institucional, que termine con la división de poderes y la Justicia, entronizando la discrecionalidad y atentando contra el orden democrático a través de la búsqueda de la suma del poder público. Y estas cuestiones son las que incluyen a la Vicepresidente de la Nación, que es quien gobierna la Argentina, siendo esto, una muestra clara del defecto y la disfuncionalidad en que se encuentran en nuestro país la Primera Magistratura y la Vicepresidencia por roles contrarios a los previstos en la Constitución.
Se maltrató sanitariamente y económicamente a nuestros abuelos y se abandonó a su suerte a las personas discapacitadas y a los menores con comorbilidades.
Se destruyó nuestra economía, el trabajo y la producción nacional, al tiempo que se liberaban presos de la corrupción kirchnerista, presos peligrosos, asesinos, narcotraficantes y violadores que no salieron para hacer la cuarentena, se apoyaban las tomas de tierra y se aprobaban moratorias de impunidad, asimismo que se montaba un sistema de ciberpatrullaje. Detenidos clandestinos en todo el país, sin encontrarse a disposición de ningún juez.
Por todo esto es que procede el juicio político. Por eso lo presenté en junio y antes de la divulgación periodística de una foto que muestra al Presidente festejando el cumpleaños de su esposa violando las disposiciones que él mismo había dictado.
De igual modo que lo sucedido con las becarias presidenciales, ocurrió con los asados con sindicalistas y dirigentes políticos del oficialismo y las reuniones con distintos dirigentes políticos que acudían a Olivos, al encuentro del Presidente, en plena cuarentena, a sellar acuerdos a espaldas del pueblo dañinos para el país. No hacía falta esa foto para que proceda el juicio político. Es una prueba más, burda, cruel, vergonzosa de la exhibición de que lo que llamado el cinismo líquido y el relativismo líquido del gobierno.
Este gobierno jamás podría aplicar una sanción. En política la mejor forma de aplicar sanciones es a través de la vía del ejemplo. La mejor razón para confiar en alguien es que éste sea digno de confianza. El Presidente no tiene crédito. Es el pastor mentiroso y un peón en el ajedrez de la Vicepresidente.
Hay República no sólo cuando se vota. Una República existe cuando el Gobierno no puede manipular las instituciones y hacer prevalecer sus voluntades arbitrarias, y esto requiere que el sistema satisfaga o propicie los anticuerpos y las condiciones del imperio de la ley y la dispersión y el control del poder.
La Constitución Nacional, con el instituto del juicio político, da una herramienta a la política para poner fin a un gobierno que ha hecho de la toma pública de decisiones la representación de sus deseos y necesidades que traduce en imposiciones arbitrarias ilegales. Una mayoría no todo lo puede, hay límites. El estado democrático no puede ser un estado delincuente.
Por eso, en una democracia republicana, las decisiones se deben tomar en el parlamento.
Es en esa convicción que voté en contra de las sesiones virtuales y me enfrenté al desacuerdo de los propios y de muchos periodistas que me cuestionaron, pero no caí en la trampa ideada por la Vicepresidente, que nos encorsetaba para sacar las leyes con quórum y debate exprés, pero que además le quitaba al Congreso el rol decisor en el debate de los grandes temas del país en la pandemia.
Si había un momento que se necesitaba un Congreso vigoroso y pleno era justamente en la pandemia. Las decisiones públicas se toman de manera deliberativa. Esto se denomina República de razones.
El juicio político al Presidente y a la Vicepresidente es el remedio para afianzar la República, ante el quebrantamiento y desbaratamiento de la Constitución Nacional que ha realizado el gobierno, haciendo de la Carta Magna un teatro de operaciones de la voluntad arbitraria y delictiva del poder.
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