Emprender: entre las cargas burocráticas y fiscales y los falsos alivios

En las últimas semanas, desde el Gobierno se intentó instalar la idea que “reducir impuestos no sirve para estimular la inversión” y que “es un mito que Argentina es el país con más impuestos del mundo”. Por su parte, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que la “inflación, cargas fiscales y regulaciones son obstáculos para invertir en Argentina”.

De acuerdo al Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), en nuestro país hay 166 impuestos distribuidos entre Nación, provincias y municipios. La economía está cargada de 69.000 regulaciones. Un ejemplo: en el comercio, en 2020, cerraron 90.700 locales en todo el país, según CAME. Los rubros con más cierres fueron indumentaria, calzados y decoración y textiles para el hogar.

Si ese local quiere reabrir sus puertas postpandemia deberá atravesar al menos 30 trámites administrativos pasando por inscripciones, adhesión a impuestos, inspecciones y sus correspondientes tiempos de la burocracia para cada caso.

De acuerdo al informe del Banco Mundial “Doing Business”, que involucra las facilidades para hacer negocios que ofrecen 190 países, Argentina no tendría los mejores incentivos. En el ranking para “comenzar un negocio”, que involucra cantidad de permisos, procedimientos y días necesarios, el país se ubica en la posición 141. En “pago de impuestos”, considerando cantidad, horas dedicadas a pagarlos y presión total, ocupa el puesto 170. En este ítem se muestra que las empresas argentinas pagan tasas de impuestos de 106,3% sobre sus utilidades. Es decir, como hay adelantos antes de que una empresa obtenga $100 de ganancia debió pagar impuestos por 106,3 pesos. Solo Comoras nos supera con una carga fiscal de 219,6 por ciento.

No importa el tipo de empresa ni sector de la economía. El autónomo incluido en el régimen general paga ganancias al superar los $55.000 cuando la canasta básica total que es umbral para medir la pobreza es de más de 67.000 pesos. Al monotributista que se le prometió un plan de alivio fiscal, si es prestador de servicios y supera los $2.600.000, debe pasar a responsable inscripto, no puede volver al régimen simplificado por 3 años y debe soportar –luego del famoso “plan puente” para primeros años– la carga fiscal que mencionamos arriba. Si comercian bienes el límite para pertenecer al régimen es de 3,7 millones de pesos.

El término “alivio fiscal” nunca fue peor utilizado. De acuerdo al estudio Echegaray Ferrer, la inflación del 2002 al 2021 ha generado que los límites para el pago de impuestos en Argentina tengan una presión tributaria mayor que hace 20 años. En el caso de impuestos a las ganancias el límite actual es 18 veces más bajos en términos reales que en 2002. En el caso del monotributo, el límite para pertenecer al régimen simplificado es seis veces más bajo en términos reales que en 2002. No hay alivio fiscal alguno en términos históricos. Hay inflación y mayor nivel de recaudación sobre la producción y facturación de cualquier agente económico: grande, mediano, pequeño, micro, autónomo o monotribustista.

Tomando como parámetro el régimen simplificado ajustado por inflación y tipo de cambio desde 1998 a la fecha, el tope para pertenecer al monotributo no debería ser inferior a los $14,5 millones.

Si nos ponemos del otro lado del mostrador, los impuestos que paga el consumidor final son brutales. De acuerdo a un estudio de la Fundación UADE, sobre 9 productos de la canasta básica alimentaria, la incidencia de impuestos sobre el precio final es de: 27,45% en frutas y verduras; 27,3% en carnes; 39,6% en pescados; 32,6% en carnes procesadas; 36,2% en derivados de pescado; 34,9 % en derivados de frutas y verduras; 31% en aceites; y 33,4% en lácteos.

Argentina tiene una presión tributaria sobre el PBI similar a Brasil y a los países del OCDE. Sin embargo, en nuestro país hay alta informalidad porque hay alta presión tributaria, a la que se suman bajos niveles y calidad de infraestructura, capital, burocracia política, trámites, previsibilidad jurídica y costos internos que impiden tener niveles de rentabilidad suficientes como para sostenerse en el mercado. La informalidad no es a veces una opción sino el único camino de supervivencia.

Interpretando y entendiendo este entramado burocrático productivo, hay una localidad en la provincia de Buenos Aires, a 165 kilómetros de Capital Federal, que se está convirtiendo en el nuevo “paraíso fiscal” argentino. Su nombre Capitán Sarmiento. Su intendente, Javier Iguacel, anuló 109 tasas que no cumplía con 3 requisitos “justas, simples y fáciles”. De esta manera, de 130 impuestos que se cobraban por concepto de tasa hoy sólo quedan 21. La localidad sumó 100 nuevos emprendimientos y 300 familias.

El economista norteamericano Arthur Laffer sostenía que incrementar los tipos impositivos solo se puede sostener hasta un determinado nivel para maximizar la recaudación. Luego, la recaudación cae. La política fiscal argentina ahoga a tal punto a los contribuyentes que el 40% de la economía es informal. Es decir, la cacería en el zoológico cada vez es más pequeña: con este nivel de impuestos son pocos los que arriesgan a emprender y de los que emprenden son menos aun los que sobreviven.

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