El Estado Islámico en Afganistán atenta contra la seguridad de la comunidad internacional

La mayor preocupación se centra en que se reedite el terrorismo a nivel mundial

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EFE/EPA/STRINGER
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La instauración del Estado Islámico en Afganistán puede tener graves consecuencias para la seguridad de la comunidad internacional. La mayor preocupación consiste en el riesgo que se reedite el terrorismo a escala mundial, en particular que Al Qaeda y otras organizaciones con objetivo similares tengan ese territorio como santuario. Un estado teocrático como el que impulsan los talibanes, puede ser caldo de cultivo, refugio y sosiego para reactivar una nueva fase del terrorismo internacional y del movimiento yihadista global. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido sobre esa posibilidad al tiempo de pedir una acción multilateral al respecto. Lo mismo hizo la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai que sobrevivió a un ataque talibán en el 2012.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considera a los Talibanes como una organización terrorista y ha adoptado un número de resoluciones, en el marco del Capítulo VII de la Carta de la ONU y de cumplimiento obligatorio para todos los Estados miembros de la ONU (artículo 25), que son materia de seguimiento por parte del Comité contra el Terrorismo y del Comité de Sanciones (resolución 1267) con relación a bloqueos de activos, prohibiciones de viaje y embargos de armas contra personas, grupos y entidades asociadas con los talibanes que pueden constituir una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad.

Las características terroristas de los Talibanes, como las motivaciones que abraza Al Qaeda, son de preocupación central tanto de Estados Unidos como de Rusia. También de China al tener una frontera de 76 kilómetros, en plena ruta de la seda, sobre la región musulmana autónoma de Xinjiang y en virtud de los vínculos entre talibanes y los grupos más activos de los uigures. Habrá que ver si la próxima sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue reflejando el mismo consenso de las últimas dos décadas. Por lo pronto Beijing, que mantiene su Embajada en Kabul, ha expresado cierta flexibilidad pragmática que contrasta con el anuncio de Moscú que reconocerá al nuevo gobierno afgano según su comportamiento.

La Cancillería Argentina emitió un comunicado con referencias correctas en materia de derechos humanos y restricciones de tránsito internacional. Sin embargo, no ha sido suficiente. Lamentablemente no menciona el total rechazo al terrorismo internacional propiciado con anuencia talibán, en particular al ser la Argentina un país que sufrió dos ataques terroristas de grupos musulmanes radicales.

Tampoco el comunicado argentino hace mención sobre al futuro de las mujeres afganas. Las reminiscencias del brutal gobierno talibán (1996-2001) y acciones recientes en provincias ocupadas por los talibanes, que han sometido a esclavitud sexual y cometido persistentes violaciones de los derechos humanos de las mujeres afganas, no debieron haber sido ignorados. La Argentina debió haber señalado el absoluto rechazo a que se cometan más atrocidades contra las mujeres en Afganistán como lo ha hecho la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Secretario General de Naciones Unidas ya ha informado haber recibido informes escalofriantes sobre severas restricciones a los derechos humanos, en particular de las mujeres y niñas, como respecto de libertades y derechos fundamentales del pueblo afgano. La Argentina debería unirse a la coalición para preservar el respeto a los derechos humanos en Afganistán y evitar que el país se vuelva a convertir en un refugio para el terrorismo.

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