Existe una pandemia que tiene siglos, provoca cientos de miles de muertes por año en todo el mundo, no reconoce fronteras, clases sociales ni géneros y destruye silenciosamente. Este flagelo es el tráfico ilícito de drogas. Un “negocio” que mueve miles de millones y carcome a las familias desde sus entrañas.
Con esto hay que ser claros. No hay medias tintas. Se está a favor o se está en contra. Se está a favor de que organizaciones criminales recluten a jóvenes para sus negocios, tomen el control de determinadas zonas, impongan su ley, asesinen y envenenen a nuestros vecinos. O se está en contra.
En la Ciudad, estamos decididamente en contra. Estamos en contra de estas bandas que captan jóvenes y los usan de “satélites” o “soldaditos” sacándolos de las escuelas, compiten por el dominio y la expansión territorial, generan violencia en los barrios, intentan consolidar un estado ilegal que reemplace al Estado de derecho, buscando corromper a las instituciones, lavando dinero y, por supuesto, causando un inmenso daño a la salud de la población.
Por eso, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad se decidió profundizar la lucha irrestricta contra este delito desde la creación de la Policía de la Ciudad, en el año 2017, con un abordaje estratégico que hace foco en dos aristas: la prevención y la investigación criminal. Y se aplicó una política destinada a ir al hueso del problema: las bandas delictivas que negocian con la vida de nuestros vecinos, sus centros de acopio y de venta.
Desde la creación de la Policía de la Ciudad hasta fin de julio de 2021, se secuestraron más de 500 kilos de cocaína, casi 28.000 kilos de marihuana y unas 30.000 pastillas de drogas sintéticas.
A partir de la investigación criminal se logró desarticular bandas que vendían sus venenos en la Ciudad, pero que tenían sus raíces en todo el país. Por eso la tarea policial no se limitó a las fronteras de la Ciudad. Se fue hasta distintos puntos de la Argentina, con órdenes judiciales a partir de causas iniciadas en territorio porteño, para desarticular a estas bandas de delincuentes.
Sólo en el último año se destruyeron 37 bunkers de droga en la Ciudad, especialmente en los barrios vulnerables, incluidos en los que las fuerzas federales se retiraron hace poco tiempo.
Pero esta lucha contra el narcotráfico, que se encaró desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, es inviable sin el firme acompañamiento de la Justicia. Y hoy el Poder Judicial colabora y trabaja para que la Policía de la Ciudad pueda desarmar estas organizaciones criminales. Sin una Justicia eficiente que apoye el accionar de la Policía y otorgue los allanamientos con celeridad no hay forma de combatir este flagelo.
Un ejemplo de esta tarea conjunta fue el realizado en una de las zonas más calientes en materia de narcotráfico, el Barrio 31 y 31 Bis, desde el retiro de las fuerzas federales.
Para poder hacer frente al crimen organizado no alcanzaban las buenas intenciones. Se necesitaba un Estado presente y articulado. El apoyo del Jefe de Gobierno fue total y todo el Gabinete se comprometió. Hoy en esos barrios el Estado está presente. Allí se instaló el Ministerio de Educación, está la Unidad de Prevención Barrial, una fuerza de cercanía que además de la seguridad ciudadana tiene como objetivo desbaratar organizaciones delictivas, se dispusieron brigadas de investigaciones para recorrer los lugares más conflictivos, se colocaron cámaras de video vigilancia y una oficina de monitoreo.
Con la misma dedicación y profesionalismo, se asumió el compromiso de abordar esta tarea en cada uno de nuestros barrios. Y se empezó a golpear donde más les duele, atacando la “economía del delito”. Cada bunker cerrado fue tapiado, tirado abajo o recuperado para el uso de todos. En su lugar se fue sumando presencia del Estado.
En 2019 se avanzó con el Gobierno Nacional en la desfederalización de la ley de drogas y se fijó el norte en la desarticulación total de las bandas criminales, incluyendo toda su cadena de comercialización; desde las grandes organizaciones hasta el bunker más chico que distribuye su veneno y pudre los barrios.
Tenemos la obligación y el compromiso de estar presentes desde la prevención, la contención y el acompañamiento. La presencia a través de acciones sociales, culturales y educativas es vital en los procesos de integración para reconstruir el tejido social.
Todos los poderes del Estado deben actuar con firmeza y decisión. Este accionar es la única vacuna con la que contamos para combatir la pandemia silenciosa que representan las drogas.
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