El 21 de agosto de 2020 la provisión de internet móvil pasó a ser servicio público en la Argentina de acuerdo al artículo 1 del DNU 690/20 firmado por el presidente Alberto Fernández. A fin de no repetir los argumentos señalados en su momento, solo resta reafirmar que es un error englobar la provisión de Internet dentro de la categorización de servicio público.
Regularla como tal implica un gran desconocimiento del funcionamiento del ecosistema móvil, del desarrollo de la industria TIC y de la importancia que la innovación tecnológica tiene para el desarrollo económico de un país.
Antes de la declaración de servicio público que el presidente Fernández parece haber olvidado, pero que firmó el año pasado, Argentina había logrado un gran avance en materia de telecomunicaciones.
Dos millones de hogares nuevos recibieron conexión a internet. Argentina pasó en el 2019 del puesto 59 al 51 en el índice de desarrollo TIC de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Con gran esfuerzo de entes estales como ARSAT y Enacom, se completó e iluminó la red troncal de fibra óptica y con el impulso de una fuerte inversión privada, de los operadores móviles, se logró dar cobertura de 4G e internet a más de 2500 localidades, corredores viales y turísticos.
Durante los cuatro años de la gestión anterior, la inversión privada en telecomunicaciones llegó a niveles históricos, se instaló infraestructura 4G y de las 4000 radiobases que había instaladas en diciembre de 2015, se pasó a 28.000 en solo 3 años.
En cambio, desde el inicio del actual gobierno, la inversión privada se retrajo. Ninguno de los 3 grandes operadores continuó con sus planes de inversión, y a partir del DNU 690/20 dejaron de actualizar infraestructura para abocarse solo al mantenimiento de sus redes 3 y 4G. Durante el período 2016/19 la inversión privada en internet móvil superó los 4050 millones de dólares.
Desde el 2020 el flujo de inversión mayor, y prácticamente el único, es el que proviene desde el Estado. A partir de diciembre de 2019 y hasta la fecha Enacom transfirió al sector privado -vía subsidios- 2.982.260.745,94 de pesos. Estos fondos provenientes del Fondo de Servicio Universal se otorgan en forma de aportes no reembolsables a las empresas privadas, pymes, cooperativas y prestadores de cable e internet. El programa de ANR fue creado por el anterior gobierno para fomentar la competencia y diversidad del mercado y fortalecer a los pequeños operadores para brindar internet en zonas de baja densidad de población. Estos fondos han aumentado en forma considerable en el último año y se destinan ahora también a empresas de mayor cobertura, muchas de ellas con integración del propio Estado, como municipios o sociedades mixtas estatales.
Cuando la inversión pública es el único tipo de inversión posible en un país, lejos de ser una buena noticia, implica una regresión al pasado. Difícilmente se pueda migrar a la tecnología 5G o generar una mayor conectividad para cubrir a toda la población y las zonas geográficas más desfavorecidas si no se genera un impulso de inversión real que redunde en mejores servicios y menores tarifas para todos. Eso sería posible alentando la competencia y la diversidad del mercado, no forzando condiciones monopólicas de tarifas y prestadores que terminarán haciendo inviable la conectividad aún en las zonas urbanas ya conectadas.
Por otra parte, en un país donde las necesidades básicas insatisfechas de la población determinan la agenda social, ¿es la mejor estrategia subsidiar al sector privado para brindar conectividad urbana, donde la infraestructura ya está desplegada, en vez de atraer capitales, inversión genuina y fomentar la competencia entre privados a fin de destinar los fondos estatales a nueva infraestructura troncal para llegar a las áreas más postergadas?
La frase admonitoria del Presidente agrega mayor incertidumbre: “Haremos de internet un servicio público aunque a algunos no les guste”. ¿Encerrará alguna regulación adicional esa particular amenaza? Convendría llamar la atención sobre la regulación de internet en el mundo. Los países que regulan con férreo control e intervención estatal internet son aquellos donde la democracia flaquea o es inexistente. China, Rusia, Cuba, Venezuela, entre otros, no solo cuentan con lábiles fronteras legales entre el manejo de las redes de telecomunicaciones y los datos personales de los usuarios, sino que también intervienen, censuran o restringen contenidos y accesos al antojo de sus gobernantes. Cuál es el modelo que el nuevo gobierno persigue con estas regulaciones es la pregunta que aún nadie puede contestar. Toda la regulación hasta aquí se plantea confusa, contradictoria o imposible de aplicar. La continuidad del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Conectividad presentado el 9 de octubre de 2018 por el Presidente Mauricio Macri hubiera sido el camino para no interrumpir el desarrollo de la inversión en conectividad y darle a cada argentino la posibilidad de acceder a internet de banda ancha.