Compatibilidad entre planes sociales y trabajo registrado

La imagen de un productor de naranjas de la provincia de Misiones que, ante la imposibilidad de conseguir trabajadores para la cosecha, estaba a punto de perder una cifra cercana a los 50 millones de pesos impactó en varios medios durante las últimas semanas. Junto a las noticias circularon videos y fotos que mostraban una gran cantidad de limones y naranjas que empapelaban el suelo de aquellas plantaciones misioneras.

Esto reabrió un debate a nivel público que visibiliza la problemática cotidiana que enfrentan los productores y los trabajadores temporarios, que se viene presentado desde hace tiempo en las producciones de muchas economías regionales y que he podido considerar en algunas propuestas legislativas.

El empresario misionero desesperado, explicando que no consigue mano de obra para la cosecha porque los potenciales trabajadores cobran diversas ayudas sociales y, si son registrados para trabajar en blanco, inmediatamente pierden esos beneficios, lamentablemente es una constante. El otro lado de la moneda es que, si el trabajador temporario luego de los 3 meses de trabajo intenta retomar algunos de estos beneficios, la mecánica de ANSeS demora entre seis y diez meses en restituírselos. Por otra parte, la posibilidad de contratar trabajadores en negro tampoco es una alternativa. El empresario no sólo podría ser multado en caso de ser descubierto en una inspección, sino que los riesgos son aún mayores si el trabajador tiene un accidente en el campo, sin la cobertura de una ART.

Lo que le pasa a este productor no es una excepción. En diferentes economías regionales el problema se repite. Les sucede a los cañeros en Tucumán, a los tabacaleros en Salta y Jujuy, a los productores de aceitunas en Catamarca y La Rioja, y a los yerbateros en Corrientes y Misiones. Según estadísticas de CAME, en el país se requiere un total de 625 mil empleados para cubrir la demanda laboral por temporada.

Esta temática que emerge hoy a nivel público la venimos analizando desde hace un tiempo a nivel legislativo y por esto he trabajado en dos proyectos de ley que posibilitarían observar las dos caras de la moneda: la del productor y la del trabajador temporario, que en este caso se transforma en el actor ausente de esta escena en donde los limones se pudrirán en el suelo porque las tan necesarias manos del cosechador no están en ese lugar. Ambos son fundamentales y nuestro deber como legisladores es pensar herramientas para cuidar el trabajo que potencie a cada una de estas producciones locales.

Con esta preocupación y ya con un proyecto presentado el año pasado para establecer por Ley el programa Intercosecha, inicié una serie de consultas con agrupaciones productivas desde mi rol de presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación. Entre ellas, en el inicio del año mantuve una reunión con referentes de la Comisión de Economías Regionales de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), donde me presentaron un diagnóstico de las diferentes producciones y plantearon algunas propuestas de solución. A partir de allí, con mi equipo legislativo elaboramos un proyecto de ley que ingresé en mayo pasado, y que hoy espera ser debatido en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que preside el senador por La Pampa, Daniel Lovera.

La iniciativa impulsa la compatibilidad de los programas y planes sociales que otorga el Gobierno nacional con el empleo rural registrado. Esto significa que aquellos trabajadores y trabajadoras que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y cualquier otro programa nacional de protección integral a sectores vulnerables podrían seguir cobrándolo si son dados de alta como trabajadores rurales temporarios. La medida tendría vigencia por un plazo de dos años, período en el que esperamos que haya una reactivación económica sostenida luego de la pandemia.

El proyecto atiende no sólo los intereses e inquietudes de los trabajadores temporarios, sino también los de los empleadores, que podrán planificar sus producciones con la certeza de que contarán con obreros para la cosecha. El Estado también se beneficia, ya que si bien seguirá pagando los planes -como lo hace hoy- podrá recaudar gracias al incremento de la producción y por el despegue de las economías regionales de nuestro interior profundo.

Ese proyecto se complementa con la otra iniciativa de mi autoría, que propone que el programa Intercosecha del Ministerio de Trabajo de la Nación tenga fuerza de ley. Se trata del pago de un aporte a las trabajadoras y los trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial que se encuentren inactivos durante el período entre cosechas, promoviendo la mejora de sus condiciones de empleabilidad e inserción laboral.

Sobre ambas iniciativas dialogué en las últimas semanas con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra; el subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gerardo Girón; y el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, entre otros funcionarios y dirigentes. En todos los casos encontré coincidencias en torno a la necesidad de resolver la situación actual, y la convicción de que este proyecto puede ser la forma de solucionarlo. A esos apoyos se sumaron el acompañamiento de varios senadores y de cientos de pequeños productores de todo el país que a través de CAME fueron conociendo la iniciativa, y que me expresaron que esperan con expectativa una pronta aprobación del mismo.

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