A 145 kilómetros de Casa Rosada, un caso de éxito para librarnos del infierno tributario

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, expresó recientemente que “es un mito que la Argentina es el país con más impuestos del mundo”, concepto que no contribuye al debate sobre el estancamiento de una nación que hunde cada día a más ciudadanos en la miseria.

La realidad es que un país donde el 45% de su población se encuentra bajo la línea de la pobreza, se enfrenta con la imperiosa necesidad de comenzar a generar riqueza y progreso económico para escapar de esta tragedia. Muy lejos de este criterio sostenido por el simple sentido común, el oficialismo juega su carta recurrente de los planes sociales financiados con impuestos impiadosos y una emisión monetaria responsable de una inflación que cerrará cómodamente este año en un 50%.

La temeraria receta del asistencialismo cobra más dramatismo cuando repasamos algunas cifras que arrojó las consecuencias de la cuarentena estricta impuesta por el Ejecutivo, donde el PBI tuvo una caída de casi el 10%, generando, según estimaciones del Banco Mundial, que 1,7 millones de argentinos dejaran de pertenecer a la clase media el año pasado. Sumado a esto, para la consultora Ecolatina, en el 2020 cerraron 20.000 pymes y se perdieron 100.000 empleos.

Pero el problema argentino no sólo se reduce al mal manejo de la cuarentena, sino que también incluye años de no generar empleo genuino, producto de impuestos descabellados. Tal como indica el informe Doing Bussinnes del Banco Mundial, Argentina se encuentra a la cabeza en el podio de los países con mayor carga fiscal sobre el sector formal de la economía en todo el mundo. Y es que el país se ha convertido en un “infierno tributario”, con más de 170 impuestos que derrite a pymes y comercios.

Como también destaca el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el 2020 un trabajador asalariado formal debió trabajar entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos. Dicha carga formal integral de los tres niveles de gobierno sobre una familia asalariada durante el 2020 se ubicó entre el 49,5% y el 58,7% del ingreso total.

La situación amerita la eliminación y reducción de impuestos y tasas para dar oxígeno al aparato productivo y a las familias, tema por cierto que debiera estar presente en las propuestas de los candidatos que compiten en las próximas elecciones de medio término.

Sin embargo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hace un tiempo aseguró que “no es nuestra idea un país de impuestos bajos”. Efectivamente, la política se niega a reducir impuestos a causa del abultado gasto público y el favor que le hizo Guzman al electorado es poner blanco sobre negro la política tributaria del gobierno hasta el final de su mandato.

Un académico como Guzmán debería tomar el aporte que Arthur Laffer dejó a los administradores públicos. El economista norteamericano representó en una curva la relación existente entre los ingresos fiscales y las tasas impositivas, mostrando cómo varía la recaudación fiscal al modificar las tasas. La curva de Laffer plantea que subir la tasa del impuesto no necesariamente aumenta la recaudación, porque la base tributaria cae. En el punto en el que la tasa impositiva es cero, los ingresos fiscales serán nulos, ya que no se aplica ningún impuesto. Mientras que, por el contrario, si la tasa impositiva es del 100%, los ingresos fiscales también serán nulos, ya que nadie aceptaría producir un bien cuyos ingresos generados fueran destinados en su totalidad a pagar impuestos. Existe un punto donde por más que se sigan incrementando las tasas, la recaudación no aumenta. La presión fiscal se hace insostenible tanto para empresas y comercios como para los ciudadanos.

El municipio que entendió a Laffer

Capitán Sarmiento es un municipio cercano a los 20.000 habitantes, ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires. Su intendente, Javier Iguacel, decidió bajar de 130 a 21 las tasas por considerarlas abusivas, repetidas, en desuso, difíciles de aplicar o sin contraprestación (había tasas de la época de Juan Manuel de Rosas). Las tasas debían ser justas, simples y fáciles.

El resultado: en la comparación interanual, el municipio pasó de recaudar $104 millones en 2019, a $180 millones en 2020, un aumento de casi 75%, en un período en el que hubo 36,1% de inflación. El aumento de la recaudación real (descontada la inflación) fue de un 40%.

Cabe mencionar además que en Capitán Sarmiento casi no hubo cuarentena. El municipio nunca paró porque consideraba inconstitucionales las medidas impulsadas desde el gobierno nacional. La casi nula cuarentena, más la baja de tasas y la facilidad administrativa para emprender permitió la habilitación de 100 emprendimientos nuevos y la incorporación de 300 familias.

Por último, para lograr el equilibrio fiscal se eliminaron cargos políticos y se achicó el organigrama de 28 secretarías y direcciones a 16, una reducción del 33% que significó un ahorro del 10% de la masa salarial. Además, se rescindieron contratos con empresas a las que se les tercerizan servicios que podían ser realizados por empleados municipales.

El gobierno nacional tiene un claro ejemplo a 145 kilómetros de la Casa Rosada. Capitán Sarmiento no pertenece a un estado sajón, es un municipio argentino que trata de neutralizar, como puede, los efectos de la política económica nacional.

SEGUIR LEYENDO