Igualdad ante la ley, austeridad y otras lecciones básicas para un gobierno ejemplar

El filósofo griego Demócrates vivió en tiempos de Augusto y fue parte de la secta pitagórica. Compuso sentencias morales que se publicaron con las de Demofelo y Secundo. Su estudio no le vendría nada mal a nuestra clase dirigente, sobre todo en lo relativo a gobernar con el ejemplo en lugar de personificar un gobierno bufo que se mofa de los ciudadanos. Son lecciones básicas para un gobierno ejemplar, que no es el que tenemos.

Por cierto, es válido recordar que la Ley 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública” establece los principios, reglas, deberes y prohibiciones que rigen en el ejercicio de la función pública en el ámbito nacional. Vale la pena su lectura íntegra para entender la magnitud de la gravedad institucional de ciertos hechos que salieron a la luz pública. Son hechos de una gravedad tal que merecen el reproche más severo de nuestra sociedad. Moleste a quien le moleste, muchos funcionarios siguen sin funcionar, empezando por el primer mandatario.

Solo me detendré en el artículo cuarto: “Quienes ejerzan la función pública deben cumplir con los siguientes deberes de comportamiento ético:

a- Cumplir y exigir el cumplimiento de los principios éticos establecidos en la presente Ley;

b- Rechazar cualquier beneficio personal derivado de la realización, retardo u omisión de un acto inherente a la función;

c- Cumplir y exigir el cumplimiento de los principios generales de los procesos y/o procedimientos a su cargo, y garantizar la transparencia, publicidad, igualdad, concurrencia y eficacia en las contrataciones públicas;

d- Velar por el uso adecuado de la información adquirida en ejercicio de sus funciones y por la efectiva reserva de aquella que no deba ser divulgada por imperio legal, extremando las medidas para evitar su conocimiento o uso indebido;

e- Proteger y conservar los bienes y recursos públicos, y usar, conforme con el principio de austeridad, las cosas, servicios, atribuciones y vínculos relacionados con la función pública, evitando cualquier uso abusivo, en beneficio particular o con una finalidad distinta que la que le corresponde;

f- Velar por el carácter educativo, informativo o de orientación social que deben poseer la publicidad oficial y los espacios institucionales, no pudiendo consignarse nombres, textos, símbolos o imágenes con fines político partidarios o de promoción personal;

g- Ejercer la función y las atribuciones sin influencias indebidas, y abstenerse de actuar cuando existan causas que impongan el apartamiento;

h- Poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación ilícita o irregular de la que tuvieren conocimiento;

i- Cumplir con los deberes y mandatos legales que correspondan al ejercicio de las respectivas funciones, sin incurrir en omisiones o demoras injustificadas.

Una primera cuestión que resulta de vital importancia es que comprendamos, tanto gobernantes como gobernados, que los primeros son elegidos por los segundos para administrar lo público, no para adueñarse de lo público. No todos, pero sí una inmensa mayoría de los dirigentes políticos “profesionales” viven una vida de lujo alejada de lo que son supuestamente sus ingresos públicos. Al igual que varios capos sindicales, no pueden justificar su nivel de vida, se sabe, pero de eso no se habla. Basta observar, no con mucha enjundia, las redes sociales, fotos y apariciones públicas para caer en la cuenta de que exhiben una vida de lujo muy alejada del viejo concepto de servidor público.

La ética pública es una construcción colectiva, en la cual participan gobernantes y gobernados, generando pautas de conductas que permiten una convivencia pacífica y en sociedad. Sin esas pautas sería imposible la vida en comunidad. Volveríamos a la ley del más fuerte. Por eso, cuando los que gobiernan rompen las reglas éticas, están rompiendo el pacto social que los puso en el lugar de poder en el que se encuentran. Pero además, la ética pública es una Ley, y como tal debe ser cumplida rigurosamente por quienes ejercen la función pública. El que no lo hiciera deberá ser denunciado ya sea por los fiscales o el ciudadano común, que se encuentra legitimado para ello.

Hay una primera diferenciación que se debe hacer: “administrar” lo público no es lo mismo que ser el “dueño” de los recursos del Estado. Es la gran deuda que tenemos los argentinos como sociedad: exigirle a nuestros gobernantes que cumplan con ese primer paradigma de conducta. No demandamos a nuestros dirigentes el recato, la mesura y la austeridad propia de un servidor público. La propia Ley 25.188 nos abre la puerta: Artículo 3º. -Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.

En el modelo de Argentina 2021 la dirigencia política se hinca en lo público para vivir una vida de lujo, tienen todos sus gastos pagos por el esfuerzo de los contribuyentes. Desde la tragedia que fue la declaración mundial de la pandemia, el pasado 11 de marzo de 2020, nunca dejaron de cobrar sus dietas, es más, las aumentaron un cuarenta por ciento.

Claramente estamos lejos de tener una casta dirigente ejemplar y austera. Pero eso no es todo, cada funcionario y cada legislador es en sí mismo una PyME alrededor del cual se mueve un conjunto de empleados, asistentes, secretarios, etc., que obviamente pagamos los contribuyentes mes a mes. Los privilegiados a cargo del poder del Estado no pagan nada de su bolsillo.

No se trata de generar un discurso del odio como señaló el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al contrario, se trata de exigirles a nuestros dirigentes que sus conductas sean propias de un buen gobernante, que se comporten con ética y austeridad, que entiendan que administran nuestros recursos, que no son los de ellos, sino del pueblo. Los dirigentes son los que ejercen el poder, ellos tienen la capacidad de regir nuestras vidas por medios de sus actos de gobierno, ese poder no es un bill de indemnidad para hacer lo que les venga en gana, sino para gobernar con la mesura, la prudencia y la ética que el ejercicio de sus cargos les impone. Y, si un ciudadano, cualquiera, pide explicaciones sobre un acto, los que gobiernan tienen la obligación de brindar todas las aclaraciones que correspondan. Son nuestros empleados, no nuestros amos o dueños.

Entiendo que poco importa quién entra o sale de la quinta presidencial, quién visita o deja de visitar al Presidente y su pareja. Es su vida personal y tienen todo el derecho de vivirla como les parezca, pero sabiendo que aún en su vida privada siguen siendo el Presidente y la Primera Dama, en sus acciones debe primar el ejemplo y la austeridad, máxime cuando se gobierna un país quebrado que arroja más de dos mil ciudadanos por día a las fauces de la pobreza. Infringir los propios decretos presidenciales del famoso ASPO, mientras se nos demandaba a todos su riguroso cumplimiento, es una conducta indigna, como vacunarse antes de su turno. Se privilegian por sobre sus propios gobernados y precisamente eso merece el reproche más duro.

Hay una cuestión, en la que debemos detenernos: si hay reglas que son para todos, son para todos. No para todos menos para los que nos gobiernan. Y, en ese punto el “ejemplo” es muy importante. Por eso hacemos propia una frase atribuida a Demócrates: “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla”. Si un peluquero en plena pandemia entra a la quinta presidencial para “ejercer” su oficio, se está violando flagrantemente el principio de igualdad ante la ley. A partir de ese momento dejamos de ser todos iguales. Hay superiores e inferiores. Y eso es lo criticable. Es donde el gobernante quiebra la vara ética de su conducta.

Lamentablemente los hechos nos demuestra que tenemos un gobierno “bufo” que no respeta las reglas, que se muestra en fotos con capos sindicales en plena pandemia, cuando no deberían hacerlo. Una cosa son las reuniones de trabajo, ya que el ejercicio del cargo impone ciertas cuestiones que no pueden ni deben ser dejadas de lado. Otra muy distinta es que se haga un asado un domingo a la tarde, cuando por ejemplo “Sarita”, una anciana de 83 años fue corrida de una plaza por las fuerzas policiales por tener la osadía de sentarse sola a tomar sol en plena cuarentena. Poco faltó para que Sarita terminara detenida. Por eso decimos que hay que gobernar con el ejemplo y con ética.

Las cuestiones misóginas no son aquí el motivo de análisis, merecen todo mi repudio. Pero ahora, en plena campaña electoral, donde pretenden mostrarse como buenos, probos, y perfectos gobernantes debemos tener en claro y decir sin remordimientos ni temores que estamos dirigidos por una especie de circo decadente donde los hechos que se suceden sin parar son uno más escandaloso que el otro, con el vacunatorio VIP a la cabeza o el entrega de los “mismos” móviles policiales en actos de claro tinte político en “diferentes” jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires.

Todos tenemos los mismos derechos humanos. La Constitución Nacional no reconoce privilegios de clase, motivo por el cual los ciudadanos y funcionarios o militantes que fueron a vacunarse antes de su turno en la fila no tuvieron una conducta ética digna con los tiempos de crisis que padecemos, y encima soportamos que nos digan en la cara que de lo único que se arrepintieron fue de no haberse sacado la foto, en una declaración tan estúpida como carente de ética que refleja la catadura moral del sujeto en cuestión.

Insisto, no se trata en este análisis del peluquero, las amigas, los amigos, los negociados, todo lo que ya se dijo sobre este tema, lo que se investigó con profundidad por encumbrados periodistas y lo que se empeñaron en negar, cubrir o intentar distraer con los gritos de la Wallace Hartley Band, la orquesta desafinada del relato. Lo que importa es que mientras muchos no pudieron despedirse de sus seres queridos o dejaron de ver a sus familias, a sus amigos, desde la quinta presidencial estaba sonando a todo volumen “Livin’ la Vida Loca”, el coro de esa canción que popularizó Ricky Martín, y que en su título describe con muy pocas palabras la definición perfecta del ejemplo bufo que nos dejan nuestros dirigentes, que no son iguales, como el resto, ante la Ley.

La ética pública es una parte importante y necesaria en el comportamiento que debe tener todo gobernante y funcionario público. Son “servidores” públicos elegidos por los ciudadanos para tomar decisiones que impactarán de manera profunda en nuestras vidas, se les da un poder inmenso. La contrapartida de ese enorme poder que le da el pueblo que lo vota es, necesariamente, que el servidor público no puede ni debe servirse de lo público. Si hacen campaña, como lo están haciendo con la vacunación, no es ético, porque la vacuna no es propiedad de la coalición gobernante ni de sus funcionarios, es propiedad de todos los argentinos, se paga con nuestros impuestos. Ellos solo deben administrar ecuánimemente su distribución y aplicación.

“En política sucede como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal” (Edward Moore Kennedy).

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