![El Gobierno amplió el cupo de argentinos que pueden ingresar al país](https://www.infobae.com/new-resizer/loEjfIUI5HaM_pma8cuTjANqxig=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/W7R3JACQ3JCZDBLOSGTVSZZZWM.jpg 420w)
Desde el inicio de la pandemia de covid-19 en marzo de 2020, las primeras medidas que se tomaron pusieron foco en las personas que ingresaban al país provenientes del extranjero que estuvieran experimentando los principios de la circulación del virus. Recordemos muy al principio cuando Ginés González García, ex ministro de Salud, decía que esta enfermedad la traían los argentinos y las argentinas que habían vacacionado en el exterior. Ahí comenzó todo. Al regreso debían cumplir un aislamiento preventivo de unos 7 días en principio, y luego se prorrogó hasta 10 días de encierro. Medida que se llevó a cabo en varios países del mundo para restringir la circulación de quienes potencialmente podían contagiar.
Podemos afirmar con certeza a esta altura que uno de los principales desafíos que han tenido distintos gobiernos fue la administración y logística de circulación del virus entre países. Aquellos países mejor preparados pudieron discriminar la circulación de extranjeros sin abandonar a sus conciudadanos generando medidas de control y protocolo que permitieran el control de los contagios.
Argentina no fue la excepción. Sin embargo, el gobierno nacional no tuvo la habilidad de llevar un plan ordenado de rescate de ciudadanos argentinos que quedaban varados y a la deriva en distintas ciudades sin haber tenido la posibilidad de elegir una fecha de regreso cierta. Primero las líneas aéreas y la baja de frecuencias de vuelos hasta las medidas tomadas en la cuarentena del cierre total de las fronteras dejó varados a más de 150.000 argentinas y argentinos, según los propios datos oficiales que aportaba Migraciones en su momento. Las cancelaciones de vuelos y los cambios en las normativas locales de parte del gobierno nacional generaron un clima de incertidumbre y angustia que tardó mucho tiempo en resolverse por la absoluta improvisación. Nunca el gobierno generó un sistema oficial de información y logística que permitiera regresar bajo un cronograma ordenado a su país.
Hicimos reclamos hasta en organismos internacionales. Fueron compromisos personales que tomábamos cada uno de los distintos servidores públicos de los que alguien habían obtenido el teléfono y escribía desesperadamente. Así pudimos colaborar, con el apoyo personal de algunos consulados o líneas aéreas el regreso de miles de argentinos a su hogar.
El plan de vacunación nacional no siguió una mejor suerte. La planificación y las negociaciones han sido muy frustrantes por eso al día de la fecha contamos con un 11% de vacunados con las dos dosis entrando ya al mes de agosto y atravesando un invierno crudo y una amenazante nueva cepa Delta.
Entendiendo que los contagios no bajaron en el primer semestre del año, el gobierno tomó nuevas medidas de restricción que incluyeron el cierre de fronteras. Esta vez, me atrevo a decir, con una actitud mucho más hostil sobre los viajeros que regresaban con cupo restringido.
El 9 de julio pasado el gobierno nacional prorrogó mediante la decisión administrativa 683/2021 el cierre de fronteras y la restricción de accesos al país hasta el día 6 de agosto. Establece que dispondrá los cupos semanales en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de los argentinos, las argentinas y residentes que se encuentren en el exterior. Sin embargo, mantiene la discrecionalidad del organismo para realizar cambios sobre la marcha, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. De esta manera, ni quienes se encuentran varados en el exterior y que deben regresar al país, ni sus familias, ni ningún otro ciudadano saben cómo seguirá esta situación. Mientras tanto, están en calidad de varados en países que los alberga transitoriamente, asumiendo costos impensados y con la incertidumbre de no estar con los suyos.
El acceso a la información pública es un derecho consagrado en nuestro país que cuenta desde el 2016 con una ley especial que instruye al Estado acerca de cómo entregar la información. Cada uno de los varados está demandando el pleno ejercicio de un derecho humano, cuya restricción no está permitida en el marco de esta pandemia. Es intolerable que cientos y cientos de argentinos y argentinas no puedan saber cuándo regresan a sus casas. Un plan de regresos de los varados, un cronograma de vuelos compartidos con las aerolíneas nos adeuda este gobierno. Conocer y que existan mecanismos claros, ordenados y predecibles para organizar el regreso es un derecho fundamental.
La historia vuelve y los errores se repiten. La sensación del eterno retorno a la improvisación y a la desidia. Se niega información pública a los ciudadanos y se les impide que su vida tenga previsibilidad.
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