Desde varios sectores empezaron a sonar en los últimos días reclamos en favor de un “plan antiinflacionario” para después de las elecciones. Hasta el propio Domingo Cavallo ha recuperado cierta prensa. Un economista ligado al oficialismo, como Alvarez Agis, señaló que “desde la convertibilidad no hay un plan antiinflacionario serio” (sic), sin detenerse, claro, en el desenlace del 2001. Después de todo, la economía es una ciencia del “corto plazo”.
Los partidarios de una remake del 1 a 1 aluden a la escalada inflacionaria que ya supera al 50% anual, y se acercará al 60% después de las prepagas y los aumentos que se reservan para después de las elecciones. Por supuesto, no se privan de lamentarse por la erosión de los ingresos de la población. Lo que no dicen, en cambio, es en qué situación encontraría un “plan de estabilización” a los salarios y a las jubilaciones. Según el estudio Broda, el salario real actual es el más bajo de los últimos 18 años, o sea que está por debajo de los niveles catastróficos del período posterior a la bancarrota de 2001/2002. Lo mismo ocurre con las jubilaciones, las cuales, según la Defensoría de la tercera edad, apenas cubren el 35% de la canasta básica del trabajador pasivo. Como pasó con otros planes de “estabilización”, el que pergeñan algunos para después de noviembre encontraría a los ingresos del trabajo en estado de demolición, y tendría el claro propósito de consolidar en el tiempo ese estado de cosas.
La inflación de la pandemia ha sido, bajo todo punto de vista, una inflación de beneficios: el Estado financió el gasto “pandémico” remunerando a los bancos con un 40% de interés por la absorción de los pesos que emitía; y a su turno, destinó 3 de cada 4 pesos de esa “asistencia” al capital. Así, los capitalistas se “posicionaron” en dólares, mientras los salarios y jubilaciones se desindexaban. Ahora, los estabilizadores quieren que esta confiscación social se perpetúe en el tiempo.
¿Qué es lo que dice el ministro Martín Guzmán acerca de los anteriores planes de estabilización? Qué fueron regímenes “sólo cambiarios” , que tuvieron lugar en “marcos inestables”. El ministro, sin nombrarlas, se sube al reclamo de las “reformas estructurales” , que se encuentran en la agenda del acuerdo que discute con el Fondo Monetario Internacional. Para que el presupuesto público resulte garante de una estabilización, debería cristalizarse una regresión social inédita, a la cual ha aportado fuertemente el gobierno “nacional y popular”.
En efecto: el “1 a 1” con el que sueñan algunos consolidaría la pobreza del 50% y una desocupación real del 20%, presionando fuertemente sobre los salarios. Sin embargo, los economistas señalan que subsiste un problema de “organización” o “institucional” para que el ajuste se consolide. Aluden, sin nombrarla, a una clase obrera que podría revertir con su lucha los actuales retrocesos. Por eso, y junto a la liquidación definitiva del sistema jubilatorio, la agenda del acuerdo con el Fondo prevé un sistema “estable” y legal de precarización laboral.
Los partidarios de la “estabilización” reclaman dotar al Banco Central de un colchón de reservas. El acuerdo con el FMI, por lo tanto, debería inaugurar un retorno al financiamiento internacional, o sea, la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento. Ello plantea también partir de salarios y jubilaciones fuertemente desvalorizados en dólares.
Los voceros y técnicos del gran capital fantasean con aprovechar de este modo la liquidez internacional y la recuperación de los precios mundiales de las materias primas. Pero a medida que esa tendencia se acelera, los analistas remarcan el carácter especulativo e inflacionario de la pretendida recuperación global. La tasa de interés internacional podría remontar la curva, precisamente, en las vísperas de la supuesta “estabilización” argentina. Los aprendices de brujo “nacionales y populares” nos prometen algo demasiado parecido al macrismo de 2016-2017, y al mismo tiempo, no desconocen sus consecuencias.
La campaña electoral no es ajena a estas elucubraciones económicas. Los que, desde los dos lados de la grieta, prometen “normalizar la economía” para ocuparse después de los ingresos del trabajo, saben muy bien que esa “normalización” exige la consolidación de un escenario histórico de miseria social en el país. El “crédito internacional” reclama la colonización definitiva del presupuesto público del país, y una regresión social a un siglo vista.
En oposición a ello, “Política Obrera” reivindica la lucha por un salario mínimo que asegure la canasta familiar, hoy en 120.000 pesos, y jubilaciones del 82% móvil sobre el último salario percibido. La rebelión popular que inevitablemente engendrarán los supuestos “estabilizadores” levantará estas reivindicaciones elementales, como punto de partida de una reorganización social general.
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