Si George Orwell viviera sentiría que su premonitoria obra “1984” ha sido ampliamente superada por la realidad. Ni siquiera fue necesaria la creación manu militari de “El Gran Hermano” ya que los propios miembros de la sociedad han decidido publicar sus vidas en las redes sociales. Así, y solo por participar de las mismas, hemos podido advertir que durante el receso invernal millones de argentinos se dirigieron a centros turísticos, sea por vía terrestre, aérea o fluvial.
Dentro de esos millones hemos constatado que muchos de ellos son jueces, magistrados, empleados del Poder Judicial, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y también otros profesionales independientes y/o asalariados.
Así surgen una serie de preguntas que no tienen respuesta, a saber:
-Si se puede ir de vacaciones, ¿por qué no se podría concurrir de manera presencial a trabajar?
-Si se puede subir a un avión presurizado o comer en el interior de restaurantes en centros turísticos o locales, ¿por qué no se podría ascender a un colectivo que viaja con sus ventanillas abiertas?
A esta situación errática, confusa y contradictoria hay que sumarle que la política partidaria ha convocado para el mes que viene a 32 millones de argentinos a que se movilicen a lo largo y a lo ancho del país para votar en las PASO. Al efecto recordamos que si bien muchos deben hacerlo dentro de su jurisdicción, otros deberán trasladarse a otra por cuanto en ambos casos no realizaron el cambio de domicilio.
Finalmente, casi toda la población laboral de nuestro país cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, cumpliéndose de esta manera con el requisito exigido por las legislaciones federal y locales, con lo que están en condiciones de retomar la actividad presencial.
Quienes por el contrario optaron por no vacunarse, no pueden ampararse en que corren riesgo ante el virus, atento que dicho comportamiento vulnera el principio de buena fe del Derecho del Trabajo y los convierte en una suerte de “jubilados de privilegio” que no deberían concurrir a sus empleos, pero el día 29 tendrían depositado íntegramente su salario.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, luego del fallo que obtuviera por el cual se obligó al gobierno porteño a establecer un protocolo de actuación, el que benefició a todas las profesiones y colegios (en el caso de nuestro CPACF se lo limitó a contar con una dotación muy reducida de personal y, atención solo con turno previo). Ante la nueva situación, hemos decidido que nuestra institución vuelve a la presencialidad plena a partir del martes 17 de agosto más allá del protocolo del Gobierno de la Ciudad; pero tomando todas las previsiones de seguridad e higiene necesarias (de allí la pequeña demora en terminar de realizar los trabajos de prevención). Las puertas serán reabiertas de manera libre e integral para todos sus matriculados. No se requerirán turnos previos más allá de los habituales y anteriores a la pandemia que son para beneficio de los colegas por razones de comodidad y celeridad.
En dicha inteligencia, y por las mismas argumentaciones, venimos a exhortar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los Consejos de la Magistratura Federal y local a que actúen en consecuencia y se retome la actividad plena, presencial y sin turnos de los tribunales de justicia.
Los miembros del Poder Judicial, los auxiliares y los abogados formamos parte de alguna manera de la administración de justicia. Los primeros desde el interior como sus administradores y ejecutores, mientras que los letrados desde afuera como los usuarios principales y operadores.
Asimismo, también invitamos a los demás Consejos Profesionales del país a que acompañen la decisión de nuestro CPACF y llamen a la apertura integral de sus instalaciones y la vuelta plena a la actividad presencial.
No caigamos en el hipócrita sofisma que permite arriesgarse sin problemas para hacer esparcimiento o dirigirse a dirimir las diferencias de a la clase política en las PASO, pero no para poder trabajar de manera presencial.
Si se hubieran postergado las vacaciones de invierno y las PASO un par de meses, tal cual recomendaron los principales infectólogos y virólogos del país, estaríamos ante otra situación ya que habría varios millones de argentinos que tendrían ambas dosis de la vacuna, pero el pedido fue desatendido decretándose para julio el receso de invierno con el aquelarre del turismo nacional e internacional y el millonario evento electoral de septiembre. De allí que si no se retoma la actividad presencial de manera plena, sería definitivo que en la Argentina caeríamos en el dislate de que se puede ir de vacaciones, a comer a un restaurante, viajar en un avión hermético, votar; pero no concurrir a trabajar presencialmente.
En cuanto al funcionamiento y a la concreción de la forma de gobierno republicana que establece el artículo primero de nuestra Constitución Nacional es necesario recordar, para concluir, que el regreso de la actividad plena y presencial del Poder Judicial y los Abogados no solo es necesaria y obligatoria, sino que resulta imprescindible para cumplir con la división tripartita del Estado y el poner fin de una vez y para siempre a la eterna sed de justicia de la argentinidad.