Lo ocurrido con el cantante Santiago Charpentier (Chano) es un nuevo llamado de atención que podemos y debemos atender. Es uno más de una extensa lista de pacientes que quedan librados a su suerte por una deficiente, precaria e inconsistente ley de salud mental (Ley 26657), sustentada en el profundo desconocimiento de quienes la redactaron.
En primer lugar, la ley actual desconoce las incumbencias profesionales de los integrantes de los equipos interdisciplinarios; es más, propone que todos (médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeros, asistentes sociales, terapistas) pueden hacer de todo. Esto genera problemas en las decisiones en los equipos profesionales en situaciones de internaciones, externaciones y tratamientos, entre otras cuestiones.
La ley no sólo desconoce que es el psiquiatra el único autorizado para medicar sino que lo estigmatiza, acusándolo de cargos gravísimos en la misma redacción de la norma. Propone que el equipo multidisciplinario, integrado por diversos profesionales, participe de la prescripción de medicamentos, algo peligroso e incoherente.
A su vez, la ley dispone que la internación psiquiátrica debe hacerse en Hospitales Generales. Más allá de las demandas de personal e infraestructura que ello implicaría y que no existen a la fecha, esto implica el desconocimiento de un principio básico: que los pacientes en el hospital general están en cama, mientras que, en los psiquiátricos, deambulan todo el tiempo, algo imposible de congeniar en una misma habitación, sala, pabellón e, incluso, establecimiento.
Patologías duales
En la práctica profesional, en el caso de pacientes que presentan antecedentes de abuso de sustancias acompañado de otro cuadro psiquiátrico hablamos de “patologías duales”.
Es de cabal importancia remarcar la estrecha asociación que existe entre el abuso de sustancias y los cuadros psiquiátricos. He tenido pacientes en los cuales bastó un único consumo de drogas de abuso para que se desaten cuadros psiquiátricos que hasta el momento se encontraban latentes y, tal vez, sin el gatillo de esa sustancia, nunca aflorarían.
Es más: en la mayoría de los casos, una vez desatado el cuadro psiquiátrico, es muy complejo de revertir. Y esto ocurre cualquiera sea el cuadro que emergió, ya sea un trastorno de ansiedad, del estado del ánimo, un insomnio o una psicosis (pérdida de contacto con la realidad).
La importancia de un buen tratamiento
Los pacientes que presentan consumo problemático de sustancias se pueden encontrar en dos extremos:
- Compensados: se encuentran abstinentes de consumo y están “limpios” como se conoce en la jerga.
- Descompensados: Ya sea por el consumo de sustancias que desencadenan un brote psicótico o que el mismo sea provocado por un síndrome de abstinencia.
Volviendo al caso de Chano, es importantísimo señalar que toda persona que se cruce con estos pacientes descompensados son posibles víctimas de sus desbordes conductuales. Es habitual que los pacientes que encuentren en esta situación se presenten como cuadros de excitación psicomotriz: es decir, que estén en un síndrome caracterizado por hiperactividad motora y alteraciones emocionales, que puede manifestarse en una gran variedad de enfermedades médicas y trastornos psiquiátricos.
Hacia un marco legal eficaz
No es algo extraño para quienes trabajamos en estas áreas: constituye uno de los cuadros de presentación más frecuente en salas de urgencia psiquiátricas y generales. Y es aquí, justamente, donde tallan las falencias de la ley de salud mental, la famosa desmanicomialización y su sustrato: el creer que las internaciones psiquiátricas involuntarias son una especie de “tortura” y vulneración a los derechos del paciente.
La pregunta de fondo es qué se debería hacer con estos pacientes que son peligrosos para la sociedad y para sí mismos. O, peor aún, cuando se expone al personal de las fuerzas de seguridad o a los equipos médicos a arriesgar su salud o incluso su vida en post de reducir al paciente descompensado, o se lo “obliga” a lesionarlo gravemente para evitar que agredan a terceros.
Hoy en día, en el marco de la ley actual, realizar una internación involuntaria es prácticamente inviable, ya que se necesita una orden judicial para que la policía actúe, lo cual no sucede con la celeridad que estos casos requieren. Lo que resulta en desenlaces fatídicos.
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