La impostergable revalorización de la aviación militar argentina en la defensa de la soberanía nacional

El conflicto armado de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en torno al archipiélago de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, territorios sobre los cuales subsiste una disputa de reivindicación de soberanía territorial entre ambos Estados, representó –entre muchos otros efectos– un antes y un después para la Fuerza Aérea Argentina y la Aviación Naval.

La autonomía relativa del país y su decisión soberana de adquirir medios en el mercado externo para el reequipamiento, modernización y desarrollo de bienes de la industria de producción para la defensa aérea y espacial, se ha visto desde entonces sistemáticamente condicionada.

La explicación para esta situación subyace, técnicamente, en el mantenimiento del embargo de armas que el Reino Unido impuso el 3 de abril de 1982 a la Argentina, negando todos y cada uno de los pedidos de licencia para la exportación de productos listados en la Parte III del Volumen I del Acta de Control de Exportaciones de 1994, denominada “Military List”.

En la práctica, ello se traduce en la fáctica restricción a la autonomía y autodeterminación del país para implementar una política nacional de producción para la defensa y estrategias de desarrollo e innovación para la aviación militar, lo que afecta exponencialmente el ejercicio de soberanía nacional en relación a la defensa del territorio en disputa y a los dominios marítimo, fluvial, espacial, aéreo y cibernético.

La medida, que no ha sufrido alteraciones durante los últimos 39 años, se actualiza implícitamente toda vez que el Reino Unido ratifica su decisión de mantener “presencia militar permanente” en el archipiélago de Malvinas. Esto se constata en la reciente realización de maniobras militares que incluyeron el lanzamiento de misiles desde el archipiélago, lo que ha sido denunciado en forma reiterada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través de una nota oficial ante la Organización de Naciones Unidas.

El mantenimiento del statu quo ha frustrado todas las tratativas comerciales desplegadas por las autoridades nacionales para llevar a cabo el natural reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas y en particular la compra de nuevos aviones de combate y de exploración que permitan a la Fuerza Aérea y a la aviación naval actualizar sus capacidades tácticas, operacionales y estratégicas.

¿Qué sucede en el caso de la industria aeronáutica de un país periférico que encaró, tempranamente el desarrollo de cohetes, propelentes sólidos y cargas útiles; que llevó a cabo el lanzamiento de cohetes sonda desde el Continente Antártico (1965) y apostó al Programa de Satelización (Satélite Argentino Científico “SAC-A”) desde la década de 1970, osando inclusive fabricar vectores de uso dual (“Proyecto Condor”) forzadamente desactivados por decisión foránea?

¿En qué medida este bloqueo ha afectado las capacidades operacionales de una fuerza cuya infraestructura industrial llegó a producir más de 1500 aeronaves de uso civil y/o militar entre proyectos de aviones de ataque, entrenamiento básico y avanzado y transporte?

En su excelente reseña “Presente y Futuro de la Fuerza Aérea Argentina”, José Díaz nos recuerda que “en 1982 la Fuerza Aérea Argentina disponía de 44 Escuadrillas Aéreas Operativas, totalizando una flota de casi 300 aeronaves en servicio que volaban en su conjunto 140.000 horas anuales… contando con 800 pilotos habilitados en el mayor nivel para operar los diversos Sistemas de Armas (SdA)”.

El autor agrega que al presente Argentina no cuenta con un solo Escuadrón Operativo “completo 100%, ya sea por la escasez de aeronaves, la baja disponibilidad operativa por obsolescencia/falta de repuestos o tareas de mantenimiento, la carencia de munición, la falta de simuladores de vuelo y bancos de ensayos, el éxodo de pilotos y técnicos al sector civil y la reducción continua de la actividad operacional”.

En este escenario es de interés reflexionar sobre este interrogante específico: ¿Qué parte de responsabilidad han tenido los vaivenes ideológico-políticos y las sistémicas y estructurales crisis económicas en los recursos presupuestarios necesarios para dar continuidad y sostenibilidad a las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación y a la perspectiva de modernización de la flota de aviones de combate y de exploración de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval del país?

Inferimos que el bloqueo británico puede ser condición limitante pero nunca suficiente para explicar el déficit de capacidades estratégicas, operativas y tácticas, cuyo deterioro está sensiblemente asociado a la interferencia de cosmovisiones ideológico-políticas que han afectado las políticas de Estado de Defensa y de Producción para la industria de defensa que todo Estado debe sustentar como condición sine qua non para garantizar su soberanía nacional y mantener poder disuasorio.

También debe destacarse que esta interferencia se ha traducido en la lenta pero sostenida reducción de los recursos presupuestarios asignados (sensiblemente inferior al 1% del Presupuesto Nacional) con impacto multidimensional sobre toda la estructura de las instituciones involucradas en la Defensa, perjudicando severamente las capacidades tácticas, operacionales y estratégicas de las fuerzas.

¿Satisfacen estas asignaciones las necesidades de defensa de un país que cuenta con enormes recursos estratégicos; un extenso litoral marítimo cuyo potencial está siendo depredado por flotas extranjeras; cuyas fronteras son puertas vaivén para el tráfico internacional de estupefacientes y precisa imperiosamente consolidar su posición Atlántico-Antártica?

Detentar poder efectivo y disuasivo en un sistema internacional regido por relaciones de poder demanda una política de Estado de Defensa, Seguridad e Inteligencia construida sobre un enfoque holístico e integrador en el que las diversas instituciones de excelencia con las que cuenta la Argentina en áreas estratégicas, ámbitos académicos y empresarios trabajen articuladamente.

Requiere, además, estimular en la ciudadanía concientización acerca de la importancia de la Seguridad, Defensa e Inteligencia como instrumentos esenciales para la protección de los intereses permanentes y de las jurisdicciones nacionales del Estado, sus recursos naturales y la restauración de la debilitada estatura estratégica del país en los contextos regional e internacional.

Asimismo exige un plan de reequipamiento y modernización de largo plazo que contemple la adquisición de unidades de entrenamiento, interdicción, vigilancia, exploración, interceptación e inteligencia, Sistemas Aéreos no Tripulados, aviones de combate, entre otros.

En relación a éstos, en el marco del Memorando de Cooperación en materia de Defensa suscripto entre los gobiernos de Argentina e India, el prototipo Indian LCA Tejas Mk-1A/Mk-2 se perfila como potencial sustituto del sistema de armas A-4AR Fightinghawk de la Fuerza Aérea Argentina por su performance, costo - beneficio y por su concepción modular de diseño que facilitaría la eventual sustitución de partes y piezas de origen británico, lo que encarecería automáticamente su valor.

Ante otros potenciales competidores, como el JF-17 producido por la República Popular China, o los SU35 y MIG35 rusos, el perfil del Indian LCA Tejas se presentaría como una opción alternativa, a pesar de que, como destaca el Comodoro de Marina (R) Eduardo Ganeau “el avión a ser adquirido no debería ser ni Indio ni Paquistaní por ser miembros del Commonwealth”.

En la percepción del experto en Defensa, “Argentina debe, inicialmente, adquirir algún avión de combate multifunción, de amplio radio de acción y capacidad de armamento, superior a los Eurofighters y que permita proteger profunda y efectivamente el área de jurisdicción argentina Atlántico-Antártica, ya que ese poder contribuiría no solo a salvaguardar los intereses nacionales en el área, sino a reforzar las decisiones de política exterior y mejorar la capacidad de negociación argentina en el Atlántico Sur y en América del Sur”, teniendo en cuenta que “están en disputa de soberanía 6,4 millones de Km2 insulares, antárticos y marítimos con sus recursos”.

Entendemos que ese monumental desafío, al que debe sumarse la amenaza convergente que se proyecta sobre la frontera terrestre en el Norte y el Nordeste del país, demanda más proporcionalmente contar con aviones de exploración e interceptación con importante autonomía y sensores para el monitoreo, control y fiscalización de los espacios marítimos y terrestres ilegítima e ilegalmente explotados por flotas foráneas y por organizaciones criminales transnacionales, respectivamente.

A ello se suma la responsabilidad del compromiso que Argentina mantiene en la “ejecución de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre bajo jurisdicción SAR Argentina, con el fin de preservar la vida humana en el mar”, de competencia de la Armada Argentina según Ley Nª 22445 por la que se aprobara el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos adoptado en Hamburgo en 1979, lo que demanda contar con los medios y recursos adecuados para su ejecución.

Las limitaciones presupuestarias aun contemplando los recursos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado por Ley 27.565 y destinado a la “recuperación, modernización y/o incorporación de material para el reequipamiento de las Fuerzas”, sumados a la ausencia de negociaciones avanzadas con potenciales proveedores de un avión caza y a grotesca carencia de medios y equipos que demanda la defensa marítima y territorial en ausencia de hipótesis de guerra convencional, conducen a cuestionar la conveniencia, oportunidad y viabilidad de la adquisición de un avión de combate, sobre el cual necesariamente recaería el rigor del bloqueo británico.

Todos esos desafíos exigen la imprescindible capacitación continuada de los recursos humanos técnicos y profesionales de las Fuerzas Armadas para el ejercicio de sus misiones en condiciones de seguridad e integridad.

A modo de conclusión, la defensa, la seguridad y la inteligencia son los vectores esenciales que definen la estatura estratégica de un país y deben ser concebidos como políticas de Estado permanentes y sostenibles, evitando su politización por comprometer la protección y salvaguarda de la soberanía en todos sus dominios territorial, aéreo, espacial, cibernético, fluvial y marítimo.

Es deber inherente al Estado fijar las políticas nacionales y garantizar la provisión continuada de recursos suficientes para que el poder militar ejerza la vigilancia y control de esos espacios y la protección de su potencial, desplegando poder disuasorio a través de medios adecuados a la magnitud de la amenaza convergente que se proyecta en las zonas de frontera territorial, marítima, fluvial, aérea y espacial.

* La autora es directora del Área Internacional del Instituto de Desenvolvimiento Económico e Social de Fronteiras y consultora de Eurofront