Argentina es el primer país en América Latina y uno de los primeros en el mundo en garantizar el derecho a expresar una identidad no binaria y a no expresar la identidad de género/sexo en el DNI y pasaporte nacional.
De acuerdo al decreto publicado hoy en el boletín oficial, las personas podrán decidir tener en el campo “sexo” de estos documentos una “x”, que comprendería las siguientes acepciones: “no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; y otra aceptación con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.”
Esto quiere decir que no solo las personas que no se sientan comprendidas en ese binomio pueden cambiar sus documentos sino también aquellas personas que no desean determinarlo, informarlo o consignarlo en sus documentos, lo que se constituye como un derecho para todas las personas.
La ley de identidad de género ya garantiza el derecho al reconocimiento de las identidades autopercibidas. En ningún momento establece que estas deben ser “hombre”/“mujer” o “femenina”/“masculina” sino que define a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente”, por lo que la ley ya establecía la obligación del Estado de reconocer todas las identidades que pudieran ser expresadas.
Fue así que a partir de la sanción de la ley, se presentaron varios casos en la justicia reclamando el derecho de consignar en el documento otras identidades como “género fluido”, “no binarie”, “no determinado”, entre otras. En algunos casos, las partidas eran rectificadas, pero al llegar el reclamo al RENAPER este se encontraba con el conflicto de la validez internacional de estos documentos. Los sistemas internacionales de seguridad no permiten documentos donde no figure el “sexo” y solo han acordado la variante “x”. Las personas con documentos por fuera de este sistema tendrían inconvenientes para circular con el DNI en la región o con el pasaporte en el mundo.
Así fue que se llegó a esta solución, como un avance en el reconocimiento de la diversidad de identidades sexuales y de género. Las personas que se identifiquen entonces por fuera del binomio “hombre/mujer” o “femenino/masculino” o que, aún haciéndolo, prefieran no informarlo o consignarlo en sus documentos, pueden decidir cambiar sus datos por la “x”.
Como dijeron el Ministro del Interior Wado De Pedro y el Presidente Alberto Fernández en el acto de presentación de esta medida, lo ideal es llegar a la decisión de retirar el dato de sexo en los documentos. Así como la “raza”, que hace algunos años también era un dato registral, el “sexo” es una categoría que se ha vuelto irrelevante jurídicamente porque ya no hay diferencias en materia de acceso a derechos u obligaciones entre mujeres y hombres.
Tenía sentido, lamentablemente, cuando las mujeres no accedíamos a administrar nuestro patrimonio, no teníamos “patria” potestad sobre nuestres hijes o no podíamos votar. Teniendo los mismos derechos, no tiene sentido, así como lo perdió la categoría “raza”, incluir ese dato en los documentos. Estas categorías están siendo cuestionadas en ámbitos internacionales, en tanto se entiende han sido creadas para establecer privilegios para algunas personas en detrimento de otras. No significa que no existan diferencias biológicas entre los cuerpos sino que estas diferencias se constituyen como identidades cuando estas determinan el acceso o no a determinados derechos.
Como antecedente de este cuestionamiento, hace unos años, se había aprobado un dictamen para la nueva ley antidiscriminatoria, firmado por todos los sectores políticos, que enumeraba los pretextos discriminatorios entre los cuales se encontraban la “falsa noción de raza y sexo”. Hoy el INADI, a cargo de Victoria Donda, quien en aquel momento presidía la Comisión de Derechos Humanos, trabaja una ley basada en aquel dictamen de consenso.
Queda pendiente ahora resolver cómo hacemos con las leyes o políticas de acción afirmativa que establecen ventajas para los grupos históricamente en desventaja, en este caso, las mujeres y las personas trans. La edad jubilatoria (60 para mujeres, 65 para hombres), la ley de paridad, la ley de inclusión laboral trans, entre otras. La solución que proponemos en el proyecto de ley que presentó la Federación Argentina LGBT en el Congreso de la Nación es -en el marco de esas medidas- solicitar declaraciones juradas mediante las cuales las personas aseguren ser parte de los grupos protegidos por tal o cual ley o política pública.
En última instancia, esta decisión plantea maravillosos problemas y enredos jurídicos que siguen desenmarañando un entramado de identidades impuestas y mandatos que debemos deconstruir para convivir en una sociedad justa e igualitaria. Como dijo el Presidente, Alberto Fernández, al cierre del acto, “lo ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes”.
*Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, Secretaria de Relaciones Institucionales de la Federación Argentina LGBT+, Legisladora Porteña MC.
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