Me interesa retomar la argumentación de Ernesto Tenembaun en su nota de ayer (“Todo lo que Cristina…”). Para los que todavía se ven perturbados por los cantos de los neo Ulises como Raúl Eugenio Zaffaroni, que dice que la persecución judicial a Cristina sigue en pie, recomiendo la lectura detenida de la nota de Ernesto. ¿La política usó (otra vez) a la justicia para castigar según el calendario electoral? Varias veces. ¿La doctora Kirchner no responde sobre su fortuna personal, sobre los negocios familiares, sobre la obra pública y, sobre todo para el sentido de esta crónica, sobre el mamarracho encubridor denominado Memorándum de entendimiento con Irán? Absolutamente. En el trabajo del colega, queda plasmado. Aquí pretendo detenerme sobre el caso AMIA.
Dos veces el viernes, en su hora siete minutos de alocución “Injertada” en el proceso oral que no lo prevé, la hoy vice amagó con lagrimear. Allí plasmó lo que deseaba. Desviar hacia la emoción general y no detenerse en el fondo preciso del tema. Su exposición no fue técnica (¿a quién se le ocurrió violar el debido proceso penal con ese memo?) sino político emocional señalando infiernos ajenos en el Fondo Monetario, en Estados Unidos o, cómo no, en Mauricio Macri. ¿Del memo antijurídico? Nada.
Quizá en la Argentina pauperizada por el hambre creciente, la inflación del 50 por ciento o los más de 100 mil muertos de COVID la pregunta que se hará puede resultar fuera de foco. ¿Tomamos nota de la vergüenza jurídica del Memorándum? ¿Sabemos que se firmó un acuerdo dando entidad de respeto a una nación que encubrió a los que volaron la AMIA?
El jueves 15 de mayo de 2014 la Cámara nacional en lo Criminal declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento. En 96 fojas, los jueces demuelen ese engendro jurídico demostrando que lo que hizo el poder ejecutivo (ratificado por diputados y senadores que deberían también dar cuenta de ese dislate) va en contra de varios principios de la constitución.
No hace falta leer toda la sentencia. Alcanza con reflexionar desde el sentido común.
El proceso penal para condenar a los que perpetraron el peor atentado terrorista en la historia argentina está imposibilitado de terminar porque los acusados no se prestaron a declarar encubiertos por su país. Punto. Una nación obstaculizó saber quiénes mataron a 85 argentinos. La Argentina de Cristina Kirchner pactó un memo con esa nación. ¿Y qué pactó? Burlarse del proceso penal en donde cientos de familiares esperan no la resurrección de sus deudos sino apenas justicia.
El 27 de enero de 2013, en Adis Adeba, Etiopía, el gobierno argentino se arrodilló frente a una nación que, con sospecha bastante, voló la AMIA. Y no lo hizo desde lo político. Se llevó por delante todo el proceso penal.
Inventó una “comisión de la verdad” (sic) compuesta por 5 juristas prestigiosos del mundo y dos delegados de cada nación para, “luego de haber analizado la información recibidas de ambas partes y efectuado consultas con las partes e individuos” exprese “su visión y emita un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes. Ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras”. Es textual el artículo 4 del Memo. ¿Una comisión más importante que el juez natural del proceso? Sí. ¿Una comisión en igualdad de condiciones con la nación que encubrió por años a los presuntos asesinos? Sí.
El llanto de Cristina poco dijo de esto.
Luego, el disparatado y agraviante peor argumento. “La Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales interpol ha emitido una notificación roja” Artículo 5 completo. En llano lenguaje de la calle. El juez (¿y el fiscal, representante de la sociedad) argentino tiene que ir a Irán, la república que lapida mujeres, desbarrando homosexuales, desaparece opositores, y preguntarle a los imputados sobre su responsabilidad en el atentado. Con libertad, seguridad, con serenidad en tierra de los encubridores. Claro: siempre que la “comisión de la verdad” lo autorice, en una suerte de intermediación antijurídica del proceso.
El llanto de Cristina poco dijo de esto.
Ya no importan las alertas rojas, los acuerdos comerciales con Irán y todo eso. La vicepresidenta debería haber explicado cómo habiendo pasado por la facultad de derecho pudo estampar su firma en ese modo de violar la ley penal y la constitución del debido proceso.
Es cierto que corren tiempos en donde el griterío superficial le gana al debate de fondo. Si no, no se explica tanto enojo a voz en cuello por la compra de material que enseñe el uso de preservativos en una sociedad en la que las enfermedades venéreas crecen de manera espantosa. ¿En serio se cree que merece una ira fatal por los penes de madera a la par del desmadejo que hubo en materia de COVID? ¿En serio?
Quizá por eso Cristina puede aprovechar el impacto de sus lágrimas para desviar la respuesta a dos preguntas. ¿Por qué pactó con una nación que encubrió a presuntos asesinos? ¿Por qué inventó un proceso penal favorecedor de los presuntos asesinos violando el debido proceso? Era eso. Ninguna respuesta en 67 minutos que serán recordados por manotazos actuados, inflexiones actorales y lágrimas sentidas. No sólo por responsabilidad de ella.
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