El segundo semestre se presenta con mayores certezas que el año próximo

Producto de la implementación de una política económica expansiva, en el corto plazo la actividad se expandirá y la inflación se moderará. Dicha estrategia, que denomino “push electoral”, consiste en: 1) adelantar salarios frenando inflación mediante ancla cambiaria y tarifaria; 2) impulso fiscal (mayores gastos y exenciones impositivas) que llevará el déficit primario a 3% del PBI en el segundo semestre; y 3) subsidios de tasa de interés para créditos destinados a apuntalar el gasto de las familias.

Con “cierta”, me refiero a que existe un grado de certeza elevado de lo que sucederá hasta las elecciones de medio término. Más allá de alguna discrepancia sobre la magnitud del repunte de la actividad o de la velocidad de moderación de la inflación, hay consenso de que en el segundo semestre la actividad tenderá a mejorar tras la caída -en términos desestacionalizados- del segundo trimestre del 2021 y que la suba de precios acumulará un alza menor al 25,3% registrado en la primera mitad del año.

Cabe destacar que la perspectiva económica “relativamente favorable y cierta” del segundo semestre no está totalmente garantizada. Pese a que el Banco Central ha reforzado significativamente su poder de fuego (cuenta con más de USD 7.500 millones de reservas netas/propias y más de USD 4.000 millones de bonos para intervenir en el mercado cambiario financiero), no podría contener una estampida dolarizadora.

Asimismo, si la variante Delta (o una nueva) genera una tercera ola que multiplica los contagios de Covid-19, el Poder Ejecutivo podría verse forzado a cerrar nuevamente la economía para evitar el colapso sanitario.

Estos dos eventos no pueden descartarse por completo, pero tienen baja probabilidad de ocurrencia -especialmente la peligrosa combinación simultánea de ambos-. Si ninguno de ellos sucede -este es el escenario base de equilibra- proyectamos una performance económica a la “Boing 747”: 7% de expansión del PBI y 47% de inflación, siendo un poco más optimistas que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que viene ajustando al alza el PBI (6,3% es el último dato) y a la baja la inflación (48 por ciento).

Cambio de escenario

A diferencia del segundo semestre 2021, la perspectiva económica para 2022 luce desfavorable e incierta. El arrastre estadístico positivo para el año que viene es acotado (0,8% vs. 6% este año) y el Poder Ejecutivo va a tener que apagar el “push electoral” más temprano que tarde.

En materia de precios, el año cerrará con una inflación apenas por debajo de 3% promedio mensual con importantes distorsiones de precios relativos. El atraso de las tarifas de servicios públicos será tal que los subsidios alcanzarían al equivalente de 3% del PBI en 2021. Asimismo, el dólar oficial tendría que deslizarse al menos al ritmo de la inflación, para evitar que se atrase el tipo de cambio real.

En el frente fiscal el Gobierno deberá achicar el déficit para contener la emisión y los crecientes servicios de deuda en pesos. Desarmar el impulso electoral y el gasto asociado al Covid-19 pueden reducir el rojo en casi 2 puntos porcentuales del PBI, pero si el recorte se hace todo junto generaría fuertes tensiones sociales. Algo similar ocurriría por el lado de los subsidios si las subas son abruptas y no se segmentan. Por último, no hay mucho margen para seguir subiendo la presión fiscal.

En el frente externo, no habrá otro salto de las exportaciones de la agroindustria. Podríamos incluso perder divisas si no se logra una buena cosecha que compense la caída esperada de los precios internacionales de las materias primas agrícolas. Si bien se espera un repunte de las ventas externas de combustibles y energía -gracias a Vaca Muerta- y de servicios del conocimiento, estos dólares adicionales se perderían por un mayor déficit del turismo internacional a medida que la pandemia vaya diluyéndose.

Por ende, si no se logra conseguir financiamiento externo y/o atraer inversión extranjera directa y/o captar parte de los activos externos en manos de los agentes económicos, la restricción externa estará operativa el año entrante, poniéndole un límite a las importaciones y al nivel de actividad.

El Día después de las elecciones legislativas

Ante este complejo punto de partida para 2022 cabe preguntarse qué rumbo tomará la política económica tras las elecciones. La principal encrucijada a resolver en la segunda mitad del mandato presidencial es la deuda con el FMI: en los próximos dos años vencen servicios (capital más intereses) por más de USD 38.000 millones.

Un camino posible es que las negociaciones del ministro Martín Guzmán con el FMI para firmar un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, según las cifras en inglés) lleguen a buen puerto. Pero para que la coalición oficialista lo apruebe en el Congreso, este debería estirar al máximo el plazo de repago, eliminar el sobrecargo de tasa de interés y pactar metas cuantitativas y reformas estructurales lo más laxas posibles. Si se lograsen alinear los intereses de todos los involucrados, el devenir económico sería más previsible pero no pujante ya que el fondo exigirá ajuste fiscal y acumulación de reservas.

El otro sendero implica romper con el FMI. Hasta ahora la Argentina siempre le ha pagado al Fondo y no hacerlo sería salir definitivamente del sistema financiero internacional tirando por la borda la reestructuración de la deuda pública en manos de acreedores privados. Pese a que la lógica económica desaconseja este camino (pue sería más complejo de recorrer que el del EFF), si el Poder Ejecutivo no quiere la injerencia del Fondo en las decisiones de política económica, podría intentar transitar este tortuoso camino apelando a fuentes de financiamiento alternativo (China y Rusia).

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