Imprevisión, falta de vacunas, vacunación lenta y especulación política: el camino hacia los 100 mil muertos

¿Cómo llegamos a cien mil muertos por coronavirus? ¿Cómo es que Argentina triplica, y más, a sus limítrofes Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay? Sólo Brasil lo supera, aunque el país llegó contar más muertos cada cien mil habitantes que su vecino gigante. La falta de vacunas, la demora en su aplicación, la ausencia de segundas dosis en las que lo requieren y hasta alguna distribución de esa escasez según el color político del sitio al que iban destinada, dejaron en evidencia que aquello de que a más vacunados, menos muertos, en Argentina se aplicó al revés.

El Gobierno manejó la pandemia primero con una inicial negación, luego con sorpresa, después con furia, siempre con improvisación, con arrebatos de necedad incomprensibles, con muestras de un autoritarismo fervoroso y banal y con una intención política que terminó por meter a la pandemia en la campaña para las elecciones de este año. Todo derivó en una ineficacia que exponen las cifras con dureza: cien mil muertos en un año y medio.

Es verdad que la pandemia es brutal. Es cierto que es un monstruo desconocido e inabarcable que todavía depara terribles sorpresas. Pero el estupor y la indefensión duraron demasiado. No hubo hasta ahora en el país ninguna vacuna desarrollada por laboratorios estadounidenses: ni Pfizer, ni Moderna, ni Janssen. Ni una sola. El anti imperialismo esgrimido por el gobierno, un ensueño del pasado setentista ni siquiera adaptado a un mundo nuevo, impidió la llegada masiva de vacunas a la Argentina.

El Estado disponía de 13.5 millones de vacunas Pfizer porque el país había cobijado los ensayos de fase 3 en el Hospital Militar Central. No pidió una sola vacuna. El acuerdo con Pfizer se estrelló por causas todavía no del todo claras ni aclaradas; los voceros del kirchnerismo llegaron a afirmar que el laboratorio pedía poco menos que los hielos continentales argentinos a cambio de las vacunas.

A principios de julio, cuando ya los muertos superaban los noventa mil, Hebe Bonafini, aquella luchadora inclaudicable por los derechos humanos, convertida hoy en un personaje espectral, dijo en su espacio de la televisión pública: “Estamos llenos de vacunas (no era verdad) Esas otras que ellos quieren que nosotros compremos, ¡no las vamos a comprar!”. La lucha contra la pandemia también fue una lucha entre “nosotros” y “ellos”, cuando la realidad dice hoy que un decreto del Poder Ejecutivo intenta que lleguen al país las primeras vacunas de origen americano. Bienvenidas, pero es tarde. Y es difícil calcular cuántas vidas se hubiesen salvado de la peste con una vacunación a tiempo.

Es verdad que las empresas en las que confió el Estado para la provisión de vacunas no cumplieron, o lo hicieron a medias, con su compromiso. Pero son tan irresponsables los laboratorios que fallaron, como quienes creyeron que podían cumplir su compromiso. La vacuna Sputnik V, consagrada por Vladimir Putin y celebrada por el Gobierno, dejó rengos de dosis a miles de argentinos que recibieron la primera y ya vieron pasar de largo el lapso calculado, 84 días, para ser vacunados con la segunda. Eludir y denostar al imperialismo americano para ir a parar a los brazos de Putin, o de Xi Jinping, es de un ingenuo fatalismo. El antimperialismo rampante del Gobierno terminó por pedir la ayuda del presidente Joe Biden para negociar con el FMI y, de paso, aspirar a unos mendrugos de vacunas americanas, cualesquiera fuesen, que Biden cedió a otros países necesitados, pero no a la Argentina.

Los cien mil muertos golpearon a un país que luego de un año y medio de pandemia tenía algo más del 40 por ciento por ciento de la población vacunada con una dosis y apenas algo más del 10 por ciento con dos dosis. Argentina figura en el triste top quince mundial de muertes por Covid, junto a países con mucha más población como Estados Unidos, Rusia, India, Brasil y México.

Un repaso por el año y medio de la pandemia revela los yerros, incluidos los disparates, con los que se intentó frenar la pandemia. En febrero de 2020, cuando ya había declarados 150 mil casos y seis mil muertos por Covid, el entonces ministro de Salud, Ginés González García dijo temerle más al dengue y al sarampión que al virus, al que veía lejano. El 3 de marzo Argentina registró el primer caso de COVID-19 y, cuatro días después, la primera muerte, un hombre de 67 años. Recién el 10 de marzo el Gobierno llamó a una reunión de urgencia por el aumento de casos en el país. Ginés reveló entonces que la Casa Rosada había pensado que el Covid “iba a demorarse más, ya que es un virus que el calor mata y estamos en pleno verano”. No fue así.

El presidente Alberto Fernández explicó también: “El coronavirus es una suerte de gripe más severa. Si se controla a tiempo, las tasas de mortalidad son muy bajas”. Tampoco fue así.

Al día siguiente el Gobierno impuso una cuarentena obligada para quienes regresen al país de países afectados por la peste. “El virus es tratable –dice el presidente Fernández– con un índice de letalidad muy bajo. Las personas de 65 años y más son las de mayor riesgo”. También defiende a González García, criticado con dureza por una frase dicha en enero: el ministro estaba convencido entonces de que no había “ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina”. “La lógica hasta ahora –dice Fernández para justificar a su ministro– es que el virus se destruye con el calor. Se preveía que iba a llegar en invierno y sorprendió que llegara antes”. Argentina tenía ese día 64 casos y un muerto.

El 22 de marzo, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, dice que el coronavirus es “una gripe de chetos” que importaron el virus al regreso de sus viajes al exterior. Saín esboza el primero de los usos políticos que se le dieron a la pandemia: “Si la solución de esto depende de la clase alta y media, estamos cagados”, escribe en las redes sociales. “No solo buscamos y traemos chetos en aviones, sino que usamos los kits de testeo en ellos”.

Las medidas restrictivas, consideradas esenciales para evitar contagios, tienen un mal debut. El Gobierno otorga un bono de 3000 pesos a los jubilados, y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de planes sociales. Miles de personas, muchos mayores adultos, hacen cola en los puerta de los bancos y hasta pasan la noche del jueves 2 al viernes 3. El Gobierno se reúne de urgencia en Olivos para organizar esos pagos, evitar otro caos, ordenar a los bancos que abran sábado y domingo y evitar que quede instalada la sensación de que, por impericia oficial, se rompió la cuarentena.

A un mes y medio de la cuarentena, el 1 de mayo el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak propone prolongarla hasta que pase el invierno, surja un tratamiento o una vacuna: “Los países que privilegiaron la economía tuvieron una innumerable cantidad de muertos”. Ese día, la jueza de ejecución penal número 1 de Quilmes, Julia Márquez, revela que, en sólo 24 horas, se concedieron más excarcelaciones que en todo 2018. Las exenciones de prisión, permutadas por libertad vigilada, son el resultado de un motín en Devoto y en otras cárceles durante la última semana de abril y ante el riesgo de contagios masivos de los internos. La jueza Márquez revela que, por el coronavirus, “fueron liberados ciento setenta y seis violadores”.

El 31 de mayo, el ministro Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sin aportar datos que sostuvieran su interpretación, también dio un sentido político, y clasista, al COVID-19. Dijo: “El virus es democrático para infectar y expandirse, pero clasista cuando hay que contar los muertos que, en su gran mayoría, son trabajadores de barrios populares”. Para entonces, la confusión había ganado a esos sectores populares. En La Matanza, la llamada “quinta provincia” por su cantidad de habitantes, la gente había interpretado a su modo las palabras de Saín y su referencia a los “chetos viajeros”. El diputado opositor Toti Flores reveló: “Aquí la gente sale igual a la calle, porque nadie de aquí viajó a Europa”. Flores admite que esperan que el virus “pegue fuerte” en La Matanza. Ese día, Argentina ya registra 16.851 casos y 539 muertos.

En junio, y en medio de la polémica y de las marchas de protestas por la decisión del Gobierno de expropiar en Santa Fe la cerealera Vicentín, la gente que corre por Palermo, entre otros sitios públicos, se transformó en una cuestión de Estado. Fue el drama de los runners. El 8, Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidió flexibilizar la cuarentena y habilitó la salida de los corredores en un horario especial y según el número final de su documento de identidad: 0, 2, 4, 6 y 8 en determinados días y 1, 3, 5, 7, y 9 los días restantes. De inmediato estalló una polémica sobre si el 0 debía o no ser considerado un número par. De verdad, eso pasó en el país, no hace mucho y no tan lejos.

Visto por el Gobierno como un candidato opositor a tener en cuenta, todos los cañones del kirchnerismo apuntaron a Larreta y a su gestión: fue un clásico durante toda la pandemia. El 19 de junio, el presidente Fernández adjudicó el aumento de contagios a la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad. Lo hizo con un inusual tono admonitorio: “Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Esta es la consecuencia”. El país registra 39.570 contagios y 979 muertos.

El 1 de julio se extendió la cuarentena, mientras se hacía más intenso el enfrentamiento entre los ministros de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y el de Buenos Aires, Sergio Berni, enfrentados por la seguridad en la provincia. Argentina sumaba ya 1.351 muertos. El 10 de julio, el presidente Fernández recibe en Olivos al gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer y al infectólogo Fernando Polack. Argentina es uno de los países elegidos para probar una vacuna contra el coronavirus. Los ensayos se harán en el Hospital Militar Central y las pruebas habilitan una cantidad, todavía no determinada, de vacunas Pfizer. El laboratorio calcula una producción mundial de cien millones de dosis para fin de año y de 1.200 millones para finales de 2021. Ese día, los contagios suman 94.060 y los muertos 1.774.

El 22 de julio la curva de contagios sigue en ascenso; hubo 5.782, una cifra altísima para la época. La provincia de Buenos Aires lidera la lista con 3.801 contagios. En la ciudad de Buenos Aires, son 1.390. Las muertes suman 2.588. La preocupación es, también, el aumento de los delitos: la seguridad está casi fuera de control y Berni culpa a la Justicia. A finales de ese mes, crecen también las manifestaciones anti cuarentena. El hartazgo social y la crisis económica dan paso a manifestaciones y banderazos. El gobierno anuncia el paso del aislamiento al “distanciamiento social”.

El 1 de agosto los banderazos y los cacerolazos llegan hasta la residencia de Olivos, convocados por las redes sociales: la protesta es contra la reforma judicial que encara el Gobierno y que prevé un aumento de en el número de jueces de la Corte Suprema. Las marchas se extienden a todo el país. El Presidente ataca a los medios: “Es una discusión falsa la cantidad de miembros de la Corte”. Los muertos suman 3.596. El 14, Fernández da algunas definiciones sobre la lucha contra la pandemia: “Estamos trabajando para tener la vacuna lo antes posible”. “A principios de 2021 tendremos la vacuna”. “La sustancia central de la vacuna se hará en el país”. “Nunca restringimos libertades, sólo cuidamos la salud de la gente”.

El 1 de septiembre el Gobierno avanza en su intento de remover a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían ratificado el procesamiento de la entonces senadora y ahora vicepresidente Cristina Fernández en la conocida “causa de los cuadernos”. La vice está procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudó dinero entre empresarios que buscaban hacer negocios con el Gobierno. Ese mismo día, la Facultad de Medicina de La Plata advierte: “Estamos perdiendo la batalla contra el coronavirus”. Los muertos suman 8.919

En octubre, las víctimas del COVID-19 llegan a 20.288. El 1 de ese mes, la Provincia de Buenos Aires carga mil muertes pendientes. La peste se desata: ese primer día del mes mueren 3.352 personas, el ministerio de Salud reporta 14.001 contagios que suman ya 765.002. El drama social dice que el conurbano bonaerense sumó dos millones de nuevos pobres. El diputado Máximo Kirchner declara un patrimonio personal de 292 millones de pesos, un 50 por ciento más que el año anterior.

El 15 de octubre, Santiago Cafiero admite: “Todos estamos cansados y podridos de la cuarentena” y pide no caer en el desánimo, Regresan los vuelos de cabotaje e internacionales y los viajes en micros de media y larga distancia. El entonces ministro de transporte, Mario Meoni (murió al volante de su auto el 23 de abril de 2021) cree que “para diciembre podemos tener turismo en la Argentina”. Piensa en las fiestas de Navidad y Año nuevo. Los muertos suman 25.342

El 25 de noviembre muere Diego Maradona. El Gobierno reacciona con rapidez y decide ceder la Casa de Gobierno para el velatorio. Lo que sigue es un caos que pone en la ciudad a miles de manifestantes, muchos sin barbijo y sin respetar la distancia social, y que termina con la Casa de Gobierno copada por barrabravas y en un sepelio igual de caótico. Los muertos por coronavirus suman esos días 38.216.

El 10 de diciembre, aniversario de su asunción al poder, Alberto Fernández anuncia que el Gobierno firmó un acuerdo con la Federación Rusa para la llegada al país de la vacuna Sputnik V. El Presidente afirma que ese acuerdo permitirá inmunizar, entre enero y febrero de 2021, a diez millones de personas. Pero al 24 de febrero de 2021 sólo habían 513.594 vacunados con la Sputnik V o con Covishield Astra Zeneca y, entre ellos, 267.061 con la segunda dosis de alguna de esas dos vacunas. Los anuncios sobre la llegada masiva o la producción igualmente masiva de vacunas en el país generaron grandes expectativas en los dos primeros meses del año. Pero las vacunas no llegaron en la cantidad esperada, ni siquiera la de Astra Zeneca que se elaboraba en parte en la Argentina y se envasaba en México; tampoco se produjeron vacunas en el país y, el 20 de enero, los muertos por COVID-19 sumaban 46.216

El 23 de diciembre, Elisa Carrio también plantea un uso político de la pandemia. En una extraña, y disparatada, presentación judicial, y por el uso de la vacuna rusa Sputnik V, acusa al presidente Fernández y al ministro González García, de envenenamiento. Extiende la denuncia a una serie de funcionarios por “posible atentado contra la salud pública”. Interviene el juez federal Sebastián Casanello.

En febrero, con los datos estadísticos que afirman que Argentina vacuna por día sólo un tercio del promedio mundial, estallan dos escándalos. Cae el acuerdo con Pfizer y la posibilidad de acceder al menos a 13.5 millones de dosis de esa vacuna, por la participación de Argentinas en las pruebas de laboratorio. Las versiones más disparatadas lanzadas por los voceros del kirchnerismo, arriesgan que Pfizer pidió condiciones extraordinarias para cumplir con el acuerdo que iban de la cesión de territorio nacional o de hielos continentales, mientras la oposición habla de coimas millonarias. Pfizer declara que el acuerdo con Argentina es igual a los acuerdos firmados con los países que sí aceptan su vacuna. Alberto Fernández dice: “Pfizer nos pidió una ley de vacunas y nosotros cumplimos. Y ahora nos piden otra ley para evitar responsabilidades penales, si las vacunas causan daños físicos. Esa inmunidad jurídica no se la vamos a dar. Ellos son responsables de las vacunas. No es el Estado Nacional. El Estado compra y ellos venden. No entiendo por qué tenemos que darle una norma que los pone al margen de las responsabilidades civiles y penales”.

El segundo escándalo es el del vacunatorio VIP. El periodista Horacio Verbitsky admite haber llamado a su “amigo”, el ministro Ginés González García, quien le facilita la vacunación en el propio Ministerio de Salud. Verbitsky no fue el único: también habían sido vacunados funcionarios, sus familiares, amigos y conocidos a quienes no les correspondía aún, según el cronograma armado por el propio gobierno. El 19 de febrero, Fernández pide la renuncia de Ginés González García. Los muertos suman 51.000 y los contagiados 2.054.681.

El verano 2021 hizo un poco más flexible el encierro: el Gobierno tendió a favorecer el turismo hacia la Costa y hacia Bariloche. Pero también crecieron las fiestas clandestinas, difíciles de detectar e imposibles de controlar. Nace entonces la polémica por las clases presenciales o virtuales, que será durísima en abril. El gobierno de la Ciudad impulsa el retorno a clases. El gobierno nacional, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff y en especial los voceros del kircherismo, impulsan las clases virtuales. Hace casi un año que los chicos no van a las escuelas y, en un país donde cuatro de cada diez alumnos no tiene acceso a una computadora, las clases virtuales parecen no ser suficientes. Por fin, el Gobierno deja en manos de cada gobernador la decisión de retornar a las aulas. O no. En la ciudad, los chicos vuelven a las escuelas el 17 de febrero.

El 1 de marzo, Fernández abrió el período legislativo con una fuerte carga contra la oposición y contra el Poder Judicial. También hace una breve referencia al escándalo por el vacunatorio VIP. Preside la Asamblea Legislativa, la vicepresidente Cristina Fernández, sin barbijo. Al día siguiente, la ensayista Beatriz Sarlo revela que le ofrecieron vacunarse “bajo la mesa”. Nuevo escándalo: los muertos son 52.192.

En abril, Alberto Fernández dice que el país “entró en la segunda ola” del COVID-19 y anuncia nuevas restricciones: prohíbe la circulación entre la medianoche y las seis de la mañana en las zonas de mayor riesgo epidemiológico, lo que también es un intento de disolver las fiestas clandestinas o las reuniones masivas en departamentos. Pero el virus no da respiro. A trece meses de la cuarentena, el sistema de salud bordea el colapso. Los contagios diarios pasan de 10.300 a fines de marzo a 24.000 el 9 de abril. Las muertes diarias también se desatan: del promedio de 100 a finales de marzo, saltan a 383 el 15 de abril Ese día los muertos por coronavirus en el país son 58.925.

El 21 de mayo, durante una sesión del Senado, su titular, la vicepresidente Cristina Fernández, una experta en el manejo del sonido de esas sesiones virtuales, dejó abierto su propio micrófono para preguntar, con candor: “¿A qué hora cierra Rapa Nui?”, por la conocida heladería y chocolatería que la tiene de vecina en la ciudad. Ese mismo día, España anuncia que no va a permitir la entrada de viajeros que estén vacunados con Sputnik V, porque la vacuna rusa no está aprobada por la OMS ni por el órgano rector de la salud en Europa. Los muertos suman 73.391.

Candor o malicia, la vicepresidente iba a repetir su estrategia de aparente espontaneidad el 15 de junio. En su primera referencia a la pandemia luego de un año y medio de cuarentena y de restricciones, pide. “No politicemos las vacunas”, Los debates políticos por el manejo de la crisis era ya pan de todos los días, y cuando estaba ya lanzada la campaña para las elecciones, postergadas para septiembre, las PASO, y noviembre, las generales.

El intenso enfrentamiento entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, termina en junio. El presidente Fernández las había suspendido a mediados de abril y hasta el 30 de ese mes. En todo el AMBA la zona urbana común que forman la ciudad de Buenos Aires y cuarenta municipios del Gran Buenos Aires. Rodríguez Larreta fue a la Corte para garantizar las clases presenciales en la Ciudad. Pidió también que “se declare la inconstitucionalidad del DNU” que disponía su suspensión. La Corte se declaró competente y abrió un período de pruebas de cinco días para que el Gobierno nacional respondiera y aportara pruebas. Distintas organizaciones de padres y docentes presentaron también amparos ante la Justicia porteña. La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó que las escuelas porteñas continuaran abiertas. Los chicos volvieron a clases el lunes 19 de abril. Pero el Gobierno nacional apeló ese fallo y pidió que se declarara la incompetencia de la Justicia porteña.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta y el gobernador Kicillof defendieron el DNU presidencial, declararon la gravedad y el peligro que implicaba que las clases fuesen presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Si bien admitían que las aulas no causaban contagios, la circulación social alrededor de las escuelas era un peligro para la salud pública. En una conferencia de prensa, el 19 de abril, el día que la Ciudad de Buenos Aires reanudaba las clases en las aulas, Kiciloff, junto al presidente Fernández, dijo: “Recurrir a la Justicia, usar a la Justicia es repugnante. Alguien se va a tener que hacer responsable: los que manipulan a la Justicia para que los beneficie políticamente”.

Finalmente, el 11 de junio, después de duros debates y ante las encuestas que revelaban la resistencia de parte de la sociedad a la ausencia de los chicos en las escuelas, Kicillof anunció que el miércoles 16 la provincia de Buenos Aires retomaba, de forma pausada, las clases presenciales. Ese miércoles, los muertos por el virus sumaban 87.261 y los contagios 4.198.620.

El 10 de junio, Alberto Fernández oscureció la visita al país de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Mezcló una frase del escritor mexicano Octavio Paz con una canción de Lito Nebbia. Dijo: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos”. La frase de Paz, que Borges citaba con ironía, Un aluvión de críticas llegó de América Latina y en especial de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil quien, si de algo no podía jactarse, es de su manejo de la pandemia.

El 23, Fernández volvió a expresar su irritación durante la apertura del Congreso Nacional Bancario. A gritos, el Presidente dijo: “Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas, y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno”. Fernández aludía a aquel dislate de Carrió y a su denuncia por envenenamiento que la Justicia terminó por desestimar. Ese día, los muertos sumaban 90.986.

Así se metió la pandemia en la campaña electoral, y viceversa. En los últimos días de junio y los primeros de julio, y mientras la vacunación seguía lenta y las dosis no alcanzaban para todos, y también mientras se revelaba que el Gobierno almacenaba millones de dosis con un fin no especificado pero que la oposición presumía era para utilizar en las vísperas de las elecciones, el tratamiento de la pandemia empezó a adquirir ciertos niveles de insensatez, de sosería y hasta de burradas, tan comunes en la Argentina en los momentos de crisis.

Ante la cuarentena interminable, ante la escasez de vacunas, muchos argentinos decidieron viajar al exterior, en especial a los Estados Unidos, para vacunarse y para recobrar ciertos aires de un pasado mejor en un país que sufrió la pandemia y que, al parecer, la tiene controlada. Los viajeros firmaron antes de partir una declaración en la que se anoticiaban que las condiciones del viaje podían sufrir modificaciones. La declaración no advertía sin embargo, y tal vez debió hacerlo, que, si era necesario, se les impediría el retorno al país. De modo que, sin aviso, el Gobierno decidió restringir a 600 viajeros diarios la posibilidad del retorno al país.

La medida, que tiende a evitar la llegada de la peligrosa variante Delta del virus (ya hubo casos) desató una previsible crisis a quienes quedaron de golpe varados en el exterior. A los viajeros que pudieron regresar, les cayó a domicilio una brigada de inspección de Migraciones, que no tiene facultades ni de policía ni de seguridad y que no puede ejercer más control que los fronterizos, que intentaba comprobar si los recién llegados cumplían con la cuarentena.

También hubo celebraciones kirchneristas por la odisea de los viajeros, no muchas, pero las hubo, empapadas todas por un chauvinismo ramplón y pedestre, augur siempre de mayores desatinos. Todo remitía a los “chetos” a los que había hecho referencia el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, a inicios de la cuarentena, en marzo de 2020. El impedimento de regresar al país, más las inspecciones a cargo de organismos no autorizados, la invasión de la intimidad y la vida privada de los ciudadanos, remiten a sistemas que, además de anacrónicos sufrieron durísimas derrotas.

Sin embargo, Carlos Bianco, jefe de gabinete del gobernador Kicillof, invirtió la carga de la prueba y el 6 de julio acusó a viajeros y opositores: “La oposición dio un salto que ni siquiera el fascismo, o el nazismo se animó a hacer en ningún momento, que es odiar al país. Están tratando de instalar que Argentina es un país sin oportunidades”. Ese día, los muertos por el coronavirus eran 96.983, no había noticias de las vacunas de Pfizer, Moderna y Jenssen, salvo negociaciones para su llegada al país, y la vacunación seguía su marcha lenta. Ante la imposibilidad de vacunar a miles de personas con la segunda dosis de Sputnik V, se pusieron en marcha estudios de compatibilidad con otras vacunas.

El inefable Juan Grabois aportó también su dosis de leña al fuego de la campaña electoral en medio de la pandemia. Criticó con dureza al gabinete de Fernández, que acaso lo suponía aliado: “Me parece que es un gabinete muy porteño, muy blanco, muy clasemediero. Le faltan boxeadores que den las batallas”. Grabois habló el 7 de julio, cuando los muertos por coronavirus sumaban 97.439

El errado y oscilante manejo de la pandemia, la fatal falta de vacunas, la lentitud en aplicar las que hay y las que se atesoran sin explicaciones y tanto grito pelado, más lo que está por venir, remite a un breve y viejo cuento: un chistecito con moraleja.

Dos locos, pero muy locos, conversan de sus cosas. De pronto, uno dice:

-Escucháme bien. Yo, aquí, soy el Rey, porque me lo dijo Dios.

-¡Yo no te dije nada!, dice su amigo.

Cuando a una locura se le agrega otra mayor, todo puede tener un cariz de simpática armonía. Pero, en el fondo, sigue siendo una enorme locura.

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