Horas después de que miles de ciudadanos cubanos se levantaran contra la tiranía castrista que somete a la isla desde 1959, el presidente argentino Alberto Fernández habló de la represión que está sufriendo el pueblo de Cuba. Lo hizo en términos que avergüenzan al pueblo argentino.
Al abstenerse de condenar los hechos de violencia y represión contra la indefensa población que solamente reclama por su libertad, arriesgando su vida frente a la represión de los esbirros de la tiranía, el Presidente argentino sostuvo que aquellos hechos constituyen cuestiones que se deben resolver internamente. Escudado en una presunta adhesión al principio de no injerencia, sostuvo: “no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. No es Argentina ni ningún país del mundo el que tiene que decir qué debe hacer Cuba”.
Sus inaceptables declaraciones colocan al Presidente de la República en la categoría del negacionismo.
En el mismo sentido se expresó el canciller Felipe Solá cuando explicó el domingo 11 en una entrevista televisiva que “no tenemos una posición tomada todavía” y que “nuestra posición es conocer los hechos de cerca y en segundo lugar mirar el tema de los derechos humanos para el que no tenemos una vara diferentes según la simpatía con un país o con otro”.
Acaso seis décadas de dictadura interminable no son evidencia suficiente para que el Presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores adviertan que Cuba es un país sometido bajo una feroz dictadura totalitaria.
Pretendiendo eludir la incómoda realidad, el Jefe de Estado insistió con la clásica y falaz estrategia de buscar enfocar la realidad cubana bajo el pretexto de los derivados del embargo norteamericano sobre la isla. El mandatario aseguró que “no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba, lo que tengo claro, como dijo Andrés Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa lo que pasa, terminemos con los bloqueos, le están haciendo un daño incalculable y también a Venezuela. Si realmente nos preocupa tanto la vida de los venezolanos, terminemos con los bloqueos. No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país”.
La definición del titular del Poder Ejecutivo se impone más como simulación o artificio. Por caso, mientras su gobierno hace gala de una presunta defensa de los derechos de las minorías sexuales, no condena a un régimen que ha batido récords mundiales en materia de discriminación a la comunidad homosexual.
Esta actitud de la diplomacia argentina no resulta novedosa. Desde diciembre de 2019, el Gobierno ha utilizado cada oportunidad que se le ha presentado para avalar a las dictaduras de las Américas. De una u otra forma, ha brindado cobertura jurídica y diplomática a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La actitud del gobierno argentino frente a Cuba vuelve a colocar a nuestro país en soledad regional de cara a las flagrantes violaciones a los Derechos Humanos en ese país. Del mismo modo, hace pocas semanas, la diplomacia Fernández-Kirchner-Solá había decidido retirar la demanda interpuesta por la Argentina junto a Canadá, Chile, Colombia y Paraguay en 2018 contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
Todas estas medidas no pueden ser interpretadas sino como una deliberada política exterior que coloca a la Argentina al servicio de los gobiernos del llamado Foro de Sao Paulo. Al tiempo que implican un abandono de la tradicional adhesión de nuestro país a los ideales de la Democracia y el respeto de los Derechos Humanos, dos pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional por el que tantos compatriotas han luchado durante años de dictaduras.
Una política exterior de esa dimensión implica, a su vez, una muestra acabada de la falsificación electoral a la que el kirchnerismo sometió al pueblo argentino en los últimos comicios. El actual Presidente demostró durante la campaña como un candidato moderado y “socialdemócrata”. Repitió su admiración por Raúl Alfonsín, pero una vez en el poder no se convirtió en un émulo del padre de la democracia sino en un abogado de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La actitud del Gobierno, a su vez, implica una bofetada en la cara a los miles de cubanos, venezolanos y nicaragüenses que padecen encarcelamientos, torturas y ejecuciones como consecuencia de las dictaduras de los Castro-Díaz Canel, los Chávez-Maduro y los Ortega-Murillo.
Los argentinos hemos sufrido en carne propia las consecuencias de dictaduras. La propia experiencia traumática de nuestro país en materia de Derechos Humanos obliga a rechazar en los términos más enfáticos cualquier actitud que implique un doble discurso en la materia.
Se está del lado de los Derechos Humanos o del lado de las dictaduras.
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