La arbitraria decisión del Gobierno Nacional de restringir el ingreso de ciudadanos argentinos a su propio país mediante una limitación a tan sólo seiscientos pasajeros diarios representa la última medida de una Administración que en lugar de buscar resolver los problemas derivados de la pandemia universal, actúa agravándolos.
Miles de pasajeros varados en los distintos aeropuertos del mundo muestran la crueldad de un gobierno indolente ante el sufrimiento ajeno. Al tiempo que la demonización del discurso oficialista sobre aquellos que viajan al exterior parece establecer un criterio de discriminación contra quienes con el fruto de su trabajo pudieron tomarse vacaciones o quisieron conocer otras latitudes. Resulta inevitable advertir una cuota de resentimiento y rencor en las medidas y expresiones de muchos simpatizantes del actual régimen.
En los hechos, la Argentina ha quedado aislada del mundo. Una funcionaria de tercera línea, con su sola firma, decide sobre la suerte de miles de argentinos varados por el mundo y cierra las fronteras de la noche a la mañana. Acaso una situación solo comparable a la de países como Cuba o Corea del Norte.
Pero esta vocación por limitar los derechos individuales, reconocidos en la Constitución Nacional, parece una constante creciente de las autoridades del Gobierno Nacional. La aparición y expansión de la pandemia derivada del COVID-19 ha brindado oportunidad al Poder Ejecutivo para avanzar sobre los demás poderes del Estado limitando derechos y garantías constitucionales mediante simples decretos y resoluciones.
Ignorando una disposición fundamental como es aquella que prescribe que los derechos individuales reconocidos en la Constitución sólo pueden ser limitados por ley del Congreso y con una extensión limitada en el tiempo, el Gobierno Nacional ha vulnerado las bases mismas del sistema de vida de los argentinos. Limitaciones excesivas, interminables y casi permanentes de derechos fundamentales como los de transitar, circular, entrar y salir del país, comerciar, trabajar, enseñar y aprender han sido impuestas por la voluntad del Príncipe, en un ejercicio de poder inadmisible en un sistema republicano.
Acciones como ellas implican el gravísimo antecedente: que con la excusa de razones sanitarias -que sin duda existen pero que no pueden ser un cheque en blanco para el poder- se permita el cese en los hechos del sistema constitucional que nos rige. Avalar esas medidas implica un retroceso civilizatorio a tiempos que felizmente hemos dejado atrás, cuando los argentinos estábamos a merced de tiranos que se arrogaban la suma del poder público.
Pero estas decisiones no solamente son injustificables desde el punto de vista jurídico. Sanitariamente tampoco resultan justificables. Gran parte de los compatriotas que regresan al país lo hacen habiendo completado un cronograma de vacunación. Por caso, en lugar de restringir los vuelos a los Estados Unidos, deberían fomentarlos. Cada argentino que con su propio dinero viaja a ese país y consigue vacunarse es un argentino que regresa al país inmunizado, habiendo cedido su vacuna para quien también la necesita y por lo tanto contribuyendo a superar de una vez esta interminable tragedia.
Profundizando una línea de conducta basada en una política jurídicamente inconstitucional, sanitariamente contraproducente y económicamente devastadora, el draconiano cierre de fronteras que supone la medida del Poder Ejecutivo implica un nuevo e inadmisible avance sobre la libertad de los ciudadanos argentinos que debe ser condenado en todos los términos y cuya derogación se debe exigir en forma inmediata.
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