Cuando analizamos las perspectivas para la reactivación económica, generalmente nos enfocamos en la estabilización de la macroeconomía y en el rol de los grandes grupos económicos y las pymes, pero pocas veces vemos el potencial que puede tener la economía social para crear valor.
Cuando analizamos las estadísticas sobre actividad económica, empleo, pobreza e indigencia podemos obtener conclusiones sencillas que explican el deterioro generalizado de la calidad de vida de un porcentaje mayoritario de la población argentina.
Un largo proceso de caída del PBI y la disminución de la inversión, las exportaciones, la productividad y el salario elevaron el porcentaje de pobreza al 45,2 % y de indigencia al 10,6%. Dentro de estas cifras se esconde una potencial crisis que podría desgarrar aún más el dañado tejido social. Si no fuera por las políticas sociales, la indigencia sería de 17,2 % y la pobreza pegaría un salto hasta el 49 %.
Sin embargo, el riesgo no se detiene ahí. Entre quienes no son pobres hay una amplia franja, en torno al 20 %, de vulnerabilidad, ya que sus ingresos están pocos miles de pesos por sobre la canasta básica y con este ritmo de inflación, tarde o temprano, irán cayendo en la pobreza.
Frente a esta catástrofe social, las expectativas están puestas en una exitosa campaña de vacunación que permita reabrir completamente la economía y reactivar a todos los sectores. Nadie discute que la economía tendrá un rebote natural y un crecimiento sobre lo perdido en 2020, sobre todo en rubros como la gastronomía, el entretenimiento y el turismo, que son grandes demandantes de mano de obra joven y poco calificada.
Pero más allá del rebote, una recuperación sostenida en el tiempo y que involucre a todos los sectores, demandará un programa que pueda estabilizar algunas variables indispensables: inflación, tipo de cambio, tasa de interés, tarifas, deuda externa y mercado de capitales.
Si construimos expectativas de estabilización, un lento pero progresivo fortalecimiento del mercado interno y aprovechamos los extraordinarios precios internacionales, podremos comenzar a salir adelante.
Este análisis, que parece pecar de un optimismo militante, no es ni más ni menos que lo que dice la OCDE, que ha elaborado un pronóstico sobre en qué momento los países del G20 recuperarán su PBI pre pandemia. Según este análisis, para 2026 nuestro país alcanzará los niveles económicos del verano de 2020. La buena: vamos a crecer. La mala: lo vamos a hacer tan lentamente que este país será invivible.
¿Qué podemos hacer para acortar ese tiempo?
La dirigencia política y los economistas, en general, tienden a pensar como asuntos separados la economía de las políticas sociales. Para quienes ven las cosas de esta manera, los planes sociales cumplen un rol de mitigación de las injusticias del modelo, mientras los planes económicos forjan las bases para el crecimiento y la generación de empleo.
Esto tiene un correlato en la práctica. Los ministros de Economía, sean del gobierno que sean, no articulan con sus pares de Desarrollo Social porque se consideran dos mundos aparte. Por eso, cuando hablamos de economía social opera inmediatamente un prejuicio de clase. Una idea expresada en voz baja acerca de que la economía social es un dato menor del entramado productivo, un tema de los movimiento sociales, una necesidad circunstancial que será superada cuando el modelo de sus frutos.
Este prejuicio impide observar el complejo y rico entramado de relaciones que se producen en la economía social. El potencial empleador, la incorporación de tecnología, en algunos casos de punta, la velocidad con la que se mueve el capital, el volumen de sus actores, la capacidad para articular con la “economía real” y los lazos de solidaridad y confianza inexistentes en las grandes ligas.
En ese enorme potencial transformador se encuentra la llave para acortar los tiempos de la recuperación. Es cierto que sin la macro no se puede, pero con la macro sola no alcanza, y tenemos que potenciar el mundo de la economía social, popular, autogestionada, de baja escala o como cada uno la quiera llamar.
Bajo esas y otras tantas denominaciones conviven productores familiares, emprendedores jóvenes, micropymes informales, cooperativas, asociaciones civiles, monotributistas, artesanos y recicladores. Prácticamente no hay un rubro en el que la economía social no tenga protagonismo: alimentos, muebles, indumentaria, servicios, entretenimiento, cultura, gastronomía, metalurgia, química, plástica, pesca, construcción y todo lo que se les pueda venir a la mente.
La economía social está preparada y tiene el potencial para dar un salto exponencial. La resiliencia de estos años de crisis la convirtieron en un sector superviviente, que con los estímulos adecuados, puede crecer verticalmente. Para ello son necesarias una batería de medidas tendientes a simplificar la creación de nuevos emprendimientos, la registración de los existentes, acceso al financiamiento y a asistencia técnica.
Este sector precisa una simplificación tributaria. Lo óptimo sería que en una misma plataforma puedan estar todos y cada uno de los impuestos y tasas que el emprendedor debe pagar y eliminar la necesidad de trámites presenciales ante AFIP, ARBA y todo tipo de entidad recaudatoria. También precisa la reducción de las percepciones del monotributo para las categorías más bajas. La categoría A directamente no tendría que pagar nada. Otro punto fundamental es la eliminación de Ingresos Brutos para quienes facturan menos de USD 1000 por mes y que existan escalas progresivas de ese monto en adelante.
El Ministerio de Desarrollo Social ha desarrollado en los últimos 15 años una gran experiencia con el microcrédito social, una herramienta para financiar emprendimientos que no pueden acceder al crédito bancario. Hay que reforzar esta experiencia para que el volumen y la extensión territorial sea mayor.
Se necesita más apoyo de organismos públicos como el INTI e INTA y una colaboración más estrecha con las cámaras empresarias. Existe un potencial enorme para la producción de alimentos, pero para ello se necesita trabajar sobre la customización del producto, la escala y la logística, aspectos que por lo general vuelven poco competitivos a miles de productos de la economía social y por ende los aleja del mercado.
Más allá de los miles de puestos de trabajo que se pueden generar en poco tiempo, la ampliación de la oferta de bienes y servicios en semejante escala contribuirán, aunque sea de manera modesta, al combate de la inflación.
Todos esperamos que la pandemia quede atrás, o al menos que podamos recuperar cierta normalidad. Cuando eso suceda, las consecuencias económicas estarán ahí y los argentinos demandarán soluciones. La economía social será un gran aliado para sacar el país adelante, ojalá podamos hacerlo.
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