Desde 1991 a 1993 tuve la responsabilidad de ser Secretario de Acción Social de la Nación y es con esa experiencia y el seguimiento que he hecho en mi vida política del tema que me atrevo a esbozar algunas ideas y un posible Plan de Política Social, con la colaboración de parte del equipo que me acompaño en esa gestión.
Los niveles de pobreza que hoy tiene nuestro país, con 40% de pobres y 60% en niños y adolescentes, y con una economía en ruinas requiere una urgente política social de shock.
En aquella gestión, debimos atravesar la epidemia del cólera, pero aún así pusimos en marcha un programa (PROSOL) que unificaba criterios y recursos en la gestión social, siendo una muy buena experiencia que articulamos con provincias, municipios, ONGs y Asociaciones intermedias religiosas y laicas.
En 1997, siendo Diputado Nacional, presente un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, creando un Programa Único de emergencias y desarrollo social, lo que confirma que sostengo la idea de la unificación desde hace bastante tiempo.
Las problemáticas de aquella época se fueron agravando por el colapso del 2001, más la inoperancia, ineficiencia y las pésimas gestiones en el área social desde el Estado. Así llegamos hoy a estos niveles de pobreza, con enorme cantidad de programas sociales inconexos, lo que es igual o peor que no tener ninguno.
Encontramos en el Presupuesto Nacional un total de 141 planes y programas sociales, gestionados por: 85 por el Ministerio de Desarrollo Social, con presupuesto de 255 mil millones de pesos más otros 80 mil de programas de asignación especifica, y 56 que se distribuyen en 8 Ministerios, con sus propios presupuestos y que suman otros miles de millones de pesos. Es decir la dispersión a su máxima potencia.
A lo anterior cabría agregarle los Programas Provinciales y Municipales, más los que dependen de ANSES como la AUH, las Asignaciones Familiares y las Pensiones y Jubilaciones, que por su monto son más un plan asistencial que una justa retribución para los merecedores del retiro laboral.
Ni que hablar de la multiplicidad de “Unidades Ejecutoras “o “Unidades Técnicas”, plagadas de Contratos de Consultorías para evaluación de los programas, algunos dados de baja hace décadas.
Es decir, tenemos un Estado Nacional que despilfarra recursos y hace años abandonó su rol de ordenador de las políticas sociales y le otorgó a las organizaciones sociales y a los organismos descentralizados la distribución de modo clientelar de los recursos públicos.
Las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los movimientos sociales, son muy importantes en el desarrollo de una política social, porque son un factor aglutinador para la comunidad, pero nunca deben ser los asignadores de recursos y prioridades. Esto último es una función exclusiva y excluyente del Estado.
Esto condenó a millones de argentinos a permanecer en la pobreza y ser rehenes de quienes usufrutuan la cercanía al poder político de turno. Cuando vemos la cifras destinadas a “la lucha contra la pobreza” en el presupuesto y el dispendio en el uso de las mismas, los magros resultados obtenidos son el producto de una mezcla de mala administración y de corrupción.
Los “teoricos” de la pobreza dirán que la cantidad de programas “son para atender mejor, mediante la focalización de las problemáticas de acuerdo a cada realidad territorial…”.
La realidad, no las teorías pobristas, es que hoy estamos ante una catástrofe social de una magnitud imprevisible que pone en riesgo el sistema democrático y la convivencia social, lo cual ameritará una decisión contundente.
Es imprescindible la urgente puesta en marcha de una Política Pública Social, que restablezca el rol del Estado en la materia y unifique criterios y acciones.
El objetivo final de una estrategia de Política Pública Social es (tarde o temprano) bajar de manera sustancial la pobreza. Por lo tanto, a diferencia de las prestaciones universales, los planes y programas deben pensarse como una línea de acción “transitoria” (su éxito implica su disminución o desmantelamiento).
En esa línea de pensamiento, la propuesta es crear un Plan Único de Emergencia y Desarrollo Social (PUEDES). Sin intermediarios y que unifique todas las partidas presupuestarias en materia social.
La administración de los fondos estará a cargo de una Unidad de Gestión Social, cuyo vértice será el Ministerio de Desarrollo Social, secundado por los Ministerios de Educación, Trabajo, Salud y Vivienda.
Esta Unidad interactúa con los Ministerios Sociales de todas las provincias, a las cuales se les pedirá la creación de un cuerpo de iguales características en su territorio con participación de los municipios.
La Sociedad Civil puede ser parte mediante ONG y Asociaciones intermedias, inscriptas en un Registro Público y legalmente constituidas y con la documentación actualizada (estatutos, balances, etc.)
P.U.E.D.E.S tiene cinco lineamientos de Acción: 1) Asistencial, 2) Sanitaria , 3) Emergencia Alimentaria, 4) Urbanización y 5) Promoción y Capacitación, con metas de corto, mediano y largo plazo y con evaluaciones periódicas de cumplimiento.
Principios generales de los programas:
* Los de carácter asistencial deberán tener una contraprestación del beneficiario/a y tendrá una duración de 12 meses, con renovación si el beneficiario cumplió con la contraprestación y acreditó la búsqueda de empleo en el mercado laboral, durante ese período.
* Los de Promoción se darán con la presentación de proyectos comunitarios donde los aportes del Estado serán por etapas no menores a cuatro y con auditorías/rendición de cuentas semestrales de acuerdo al avance de los mismos.
* Los Sanitarios tendrán los diseños, planificación, ejecución y control del Ministerio de Salud.
* Los de Capacitación deben ser elaborados y monitoreados por Educación y Trabajo con los mismo principios generales que los anteriores.
* Los de Urbanización con participación activa de los habitantes de los núcleos urbanos y con los municipios. Hoy de acuerdo al RENABAP hay 4.500 asentamientos o villas de emergencia, también denominados barrios populares (deberá revisarse este registro).
Las únicas prestaciones sociales que se mantendrán permanentes deben ser las de Emergencia Alimentaria y las que se definan como Universales y los vinculados a la Seguridad Social.
Acciones operativas:
En un plazo de 180 días se debe accionar con:
- Reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios que tengan algún plan o asignación social. Reuniendo los nuevos requisitos que se determinaran oportunamente. - Registro de todos los programas y planes sociales que estén vigentes. - Obligación de registro de todas las organizaciones sociales que tengan asignados recursos del Estado en ese momento. - Registro de todas las Unidades Ejecutoras y/o Unidades técnicas vinculadas al área social con presupuesto del Estado nacional o con financiamiento internacional. - Cruce de información de beneficiarios con programas sociales de Provincias y Municipios. - Revisión de Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). - Durante ese lapso La Unidad de Gestión del P.U.E.D.E.S preparará los nuevos planes y programas de asistencia social, sanitarios, de promoción y capacitación, mas los Alimentarios y de Urbanización junto a los requisitos para acceder a ellos.
Concluidos los 180 días todo plan y/o programa, beneficiario, ONG, Unidad Ejecutora que no se registrara o re empadrone, automáticamente dejará de percibir el subsidio y/o beneficio o financiamiento que tuviese en ese momento.
A partir del día 181, la conducción, la administración y asignación de planes/ programas sociales será resorte exclusivo de la Unidad de Gestión Social del P.U.E.D.E.S., presidida por el Ministerio de Desarrollo Social y coordinado con las Estados Provinciales y Municipales con mecanismos públicos y transparentes de gestión, en base a las 5 líneas de acción: Asistencial, Sanitaria, Alimentaria, Urbanización, Promoción y Capacitación.
Podemos y debemos tener un programa social para contener a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, no es un imposible, solo hay que romper un círculo vicioso plagado de mala gestión, tercerización y corrupción.
Este Plan Social de Emergencia debe ser transitorio en su mayor porcentaje y ser una parte de un Plan Político y Económico, con profundas reformas en materia Económica, Educativa y Laboral que gire nuevamente a la Argentina hacia la cultura del trabajo, con desarrollo y crecimiento.
Argentina requiere de un liderazgo político con alta capacidad de gestión pública para refundar el Estado Argentino, y esto es responsabilidad exclusiva de la Política.
“Para sacar al país del letargo y de la vida vegetativa, queremos lanzarlo en pos de las conquistas económicas y sociales. Sin las conquistas económicas, las conquistas sociales desaparecen rápidamente y no pueden subsistir; y sin las conquistas económicas y sociales las convulsiones políticas se van a ir sucediendo, como lo prueba la historia de todos los tiempos y de todos los países” (Juan Perón 8 de Enero 1947).
Cualquier similitud de esta frase con la actualidad argentina es una mera coincidencia.
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