“El que diga este tipo de cosas, va a pagar sus consecuencias”. Estamos tan acostumbrados a esta frase que casi pasó inadvertida dentro de la angustiosa agenda nacional de las últimas semanas. Nos es familiar porque la hemos naturalizado tanto en ámbitos laborales y sociales como en los corrillos, en el mundo del espectáculo o en las aulas escolares. La rémora del ojo por ojo, que tiene su génesis en las antiguas escrituras religiosas, se refunda en esta era, de manera más o menos cruenta, en todos los niveles de la interacción humana. Pero cuando esa frase suena en boca del abogado del Presidente de la Nación adquiere connotaciones de mucho riesgo para el sistema democrático.
Si se impusieran las consecuencias advertidas por Dalbón, el estado de miedo y el clima de autocensura se extendería hasta que nadie hable. Para el ciudadano, que observa a los dirigentes opositores denunciados, sujetos a audiencias y a eventuales sanciones económicas, el panorama se presenta amenazador. Debemos tener en cuenta, además, que venimos de 16 meses de restricciones y alta intolerancia a la crítica en nuestro país. Ciudadanos de distintas provincias han sido allanados y en varios casos encarcelados por postear críticas a las autoridades a través de redes sociales, como el caso de Rodrigo Etchudez en la provincia de Santiago del Estero, o de las concejalas Neme y Ruiz en la provincia de Formosa al reclamar frente a la gobernación. Dos periodistas fueron a prisión en territorio de Insfrán y decenas de ellos fueron impedidos de su derecho de circulación en distintos puestos fronterizos provinciales.
Cuando se cita a Patricia Bullrich, presidenta de la principal fuerza opositora, a comparecer por Zoom a una audiencia ante el Presidente o se anuncia una nueva demanda por injurias, esta vez contra Elisa Carrió, la sociedad se plantea varias preguntas:
¿Ha dejado la Argentina de ser una nación democrática, con vigencia plena de la Constitución Nacional? ¿Dejamos de adherir el Pacto de San José de Costa Rica y los tratados de Derechos Humanos incorporados en el art. 75 inc. 22 de la misma? ¿La libertad de expresión y el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos ha dejado de tener alcance para los dirigentes opositores? Si el Presidente denuncia a dirigentes políticos y la Justicia reabre las causas de periodistas como la de Daniel Santoro, ¿qué diferencia conceptual podría existir entre el gobierno argentino o el de Nicaragua?
La poca tolerancia a la frustración o a la crítica demostrada por estas denuncias exhibe una tendencia al menoscabo de un debate público que debería ser robusto y construido sobre el acceso irrestricto a la información pública, con la transparencia necesaria para posibilitar la evaluación de los actos de gobierno sobre los hechos cuestionados.
El abogado vengador del Presidente, que acaba de anunciar el monto de la demanda a Bullrich en 100 millones de pesos, perderá y Fernández seguramente deberá pagar las costas, pero lo grave no es el resultado, sino los hechos. Criticar al gobierno en la Argentina ya está teniendo sus consecuencias.
En los 12 años anteriores, ni Cristina ni Néstor Kirchner, aún en plena batalla contra los medios y el disenso, denunciaron judicialmente a líderes opositores por injurias. En 2009 se promovió la despenalización de las calumnias e injurias y se reglamentó la ley 25.551. Figura que, paradojalmente, utiliza hoy el letrado presidencial, y abogado de la ex Presidenta, para denunciar a la oposición.
Siguiendo los pasos del régimen de Correa, el mediático abogado fija un monto para su demanda similar al establecido contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, periodistas condenados a pagar 2 millones de dólares por la publicación de un libro sobre el ex mandatario ecuatoriano. Según la CIDH, esas condenas y las violaciones permanentes de los derechos humanos en los países que denuncian, persiguen y encarcelan a periodistas y opositores, se agravan de triste modo en nuestro continente. Con estas denuncias presidenciales hacia la oposición, la Argentina pasa a integrar el pelotón de los países de baja calidad democrática, donde la libertad de expresión está en riesgo permanente.
La denuncia por un millón de dólares a la Presidenta del PRO no esclarece las negociaciones cuestionadas, no promueve el intercambio de ideas y niega la representación a millones de ciudadanos que, como ella, dudan o critican la demora en la llegada de las vacunas al país.
Sería bueno recordar que los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio de sus actos. La verdad debería ser su arma para combatir las críticas, la transparencia y acceso a la información pública como su antídoto contra los descreídos de su gobierno. La mejor manera de defenderse contra una supuesta injuria ante la opinión pública es, por lejos, la demostración de la verdad. Si el gobierno estuviera tranquilo con sus decisiones, si expusiera la verdad sobre las negociaciones con los laboratorios, si todos los actos públicos fueran publicitados y expuestos ante la sociedad, no habría ofensa con la que los funcionarios se sintieran agraviados, ni ellos, ni los millones de argentinos que aún no fueron vacunados y observan asombrados cómo un abogado advierte que al Presidente argentino es mejor no criticarlo.
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