Odio es una palabra bifronte, leída al revés altera su significado. La paradoja del lenguaje radica en que la nueva palabra leída de atrás para adelante –oído-, es al mismo tiempo su antónimo conceptual. Escuchar implica cercanía, prestar atención, comprender al otro, compartir. En ese mismo acto de encuentro comenzamos a despojarnos del odio.
Las palabras tienen poder curativo pero también pueden herir a las personas, a las instituciones, incluso a los procesos democráticos cuando se convierten en gritos ensordecedores y propaganda maliciosa.
Una misión del Consejo Económico y Social, es promover un concepto de democracia innovadora, acogiendo encuentros edificantes y debates plurales constructivos. En este contexto, la Argentina adhirió al Pacto por la Información y la Democracia, una iniciativa impulsada por Francia y Alemania que tiene 43 países adherentes (Chile, Costa Rica, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, India, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Sudáfrica, entre otros) y que se basó en las Naciones Unidas en un amplio informe redactado por Reporteros sin Fronteras y diez organizaciones independientes de la sociedad civil, en la reunión de la Alianza para el Multilateralismo, en el marco del Foro de Paz de París de noviembre del 2020.
El Pacto promueve cuatro pilares: (I) La transparencia de las plataformas (II) La meta regulación de la moderación de los contenidos (III) La promoción de la fiabilidad de la información (IV) La desaparición de la distinción entre el espacio público y privado en línea, cuando la mensajería privada se convierte de facto en un nuevo espacio público no regulado.
El primer paso para profundizar en su contenido fue la realización de un foro internacional en el marco del CES, que fue coordinado por una de sus consejeras, Marita Carballo, presidenta de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y del que participaron Krisztina Stump, miembro de la Comisión Europea; Naïma Moutchou, diputada francesa; Ulrich Kelber, alto Comisionado alemán para la protección de datos y libertad de información; Luis Felipe López Calva, director Regional del PNUD y Christophe Deloire, presidente del Foro de Información y Democracia. También representantes de empresas digitales –Facebook y Google, de la academia –Martín Becerra, Mario Riorda- y legisladores del oficialismo y la oposición, así como integrantes del Poder Judicial.
El rico intercambio del foro reflejó que la problemática de la desinformación abarca tres aspectos que se encuentran interrelacionados.
En primer lugar, las plataformas tecnológicas como megáfonos de odio. La información falsa, diseñada artificialmente para tener alto impacto, se propaga seis veces más rápido que la información verdadera. Con unos pocos miles de dólares es posible inundar las redes con agresiones, convirtiendo así herramientas productivas en máquinas industriales de concebir mentiras.
Si la información es la sangre que alimenta las venas de nuestras democracias, las redes sociales son su sistema nervioso. No podemos poner el foco en el contenido descuidando los canales de transmisión. El espacio de debate público no puede quedar erosionado por la desinformación. Las plataformas tienen que asumir su responsabilidad a partir de la transparencia sobre el origen de los contenidos pagos y sobre los algoritmos que se utilizan en las etiquetas y los motores de búsqueda.
La solución para este primer aspecto no puede sino ser multilateral, con acciones comunes y cooperativas. Los viejos salvaguardas para la libertad de opinión del siglo XX tienen un alcance nacional, como los derechos a la información o los códigos de ética. Se necesitan nuevas salvaguardias multilaterales adaptados a la era digital donde las fronteras se desvanecen ante el diluvio de datos. Como lo señaló Martín Becerra, se trata a la vez de regular, co-regular, y auto-regular, de un modo multisectorial y multipartidario.
En segundo lugar, la alfabetización digital mediática como garantía de la democracia. Una de cada dos personas reconoce haber creído información que terminó por ser falsa luego de que alguien la desmintiera. En las campañas políticas actuales se utilizan un 20% de bots que atentan contra la fidelidad del debate y alientan posturas radicalizadas.
Los políticos profesionales y los medios de comunicación tradicionales, que generan buena proporción de los discursos que luego replican las redes, deben actuar conscientes de su rol social como formadores de opinión.
La competencia política, corazón de la vida democrática, depende cada vez más del impacto de noticias falsas en los comicios y la contaminación del discurso público que limita los derechos ciudadanos.
En la Argentina, la Cámara Nacional Electoral creó en 2019 un registro de cuentas partidarias en redes sociales para que los electores puedan verificar su autenticidad, y extendió a las redes y a sitios web el monitoreo sobre la publicidad, consagrando un acuerdo digital que incluyó a los partidos políticos, alianzas y empresas privadas digitales y periodísticas, constituyendo un antecedente de gran significación.
La soberanía digital, para ejercerse, necesita estar bien informada, con una sociedad empoderada en gobernanza de datos.
Sin embargo, un estudio reciente, publicado en la Universidad de Pennsylvania, muestra que los programas de alfabetización para identificar fake news pueden ser insuficientes en grupos altamente radicalizados. Muchas personas siguen eligiendo información que confirma sus prejuicios y desechan aquella que los pone a prueba. Cuanto más polarizada esté una sociedad, más difícil le resultará encontrar acuerdos mínimos de tolerancia mutua y poseer capacidad de autocrítica.
El tercer aspecto consiste en proteger la libertad de expresión frente a la embestida de las fake news. Según un relevamiento de Gallup International, 8 de cada 10 habitantes del planeta dicen que reciben noticias falsas todos los meses, y el 36% que recibe noticias falsas todos los días.
Con la adhesión al Pacto por la Información y la Democracia nos comprometimos como país a encontrar caminos imaginativos que al mismo tiempo respeten la libertad de expresión y la calidad de la democracia, un desafío que también emprendió el mundo desarrollado.
La clave radica en edificar consensos sobre las nuevas barreras que demandan las nuevas tecnologías. Límites que deben siempre ser legítimos, claros, establecidos mediante leyes, garantizando procedimientos transparentes de apelación y revisión, en línea con los estándares internacionales.
El status quo no es una opción. Cualquier salida que encontremos como sociedad a este dilema debe ser poliédrica, con aspectos normativos y regulatorios, con códigos compartidos en la industria, con una dimensión ética sobre la propia actividad, con participación multisectorial y plural, con la dimensión tecnológica que desentrañe la naturaleza de los algoritmos que modelan muchas acciones.
La revolución digital nos enfrenta al desafío de convertir el océano de datos en información, la información en comunicación, y la comunicación en comunión, en un sentido amplio que significa unidos por aquello en común. Así estaremos enhebrando una cadena de valor invisible, dando el primer paso para evitar que las redes sociales multipliquen el veneno que nos divide.
Como broche de oro del Foro del CES, se proyectaron mensajes de concientización como el de Wojciech Wiewiórowski, Paloma Herrera; Claudia Piñeiro, Reynaldo Sietecase; Mateo Sujatovich; Emilia Attias; Editorial Chirimbote; Claudia Vasquez Haro; Andres Bruzzone; Pablo Bernasconi; Jan Martinez, Carolina Luján, Sebastián Crismanich, Mariana Carbajal y Tute.
La Argentina necesita menos odio y más oído. Mantener una conversación fraterna para encontrar puntos de armonía. El virus de la infodemia que pone en jaque las garantías constitucionales se combate con el oído abierto y la mano extendida.
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