Es muy impactante constatar cómo un Gobierno que se define como progresista recurre, para definir los ejes de su política exterior, a las mismas categorías que han utilizado los déspotas de todos los tiempos -incluyendo a Jorge Videla- para impedir la intervención internacional en las violaciones a los derechos humanos. Aceptar que los países son libres de cometer atrocidades porque se trata de decisiones “autónomas”, nos remite a las etapas previas a que el sistema de relaciones internacionales acordase una serie de reglas mínimas de protección para los ciudadanos de todo el mundo.
Las decisiones recientes con relación a Venezuela y las fluctuantes acciones sobre Nicaragua, no hacen más que confirmar que para ellos los derechos humanos son relativos; o- como dijera Perón- “al enemigo ni justicia”.
Pero no son posiciones nuevas para el kirchnerismo. El memorándum con Irán; las abstenciones ante las matanzas en Siria; la abstención ante la invasión rusa a Ucrania; el apoyo permanente a la dictadura cubana; el retiro del Grupo de Lima; la posición contra Israel y varias otras muestran una política exterior en la que la explicación es siempre la misma: el enemigo de mi amigo es mi enemigo, aunque mi amigo produzca atrocidades. O sea, las “banderas políticas” son más importantes que las banderas humanas.
Pero esta crueldad, en la que prima la lealtad ideológica sobre el compromiso con la vida no se da sólo en el campo internacional.
¿Cómo podrían calificarse, si no, la decisión brutal de decidir las cuarentenas laboral y educativa sin medir las consecuencias que llevarían a la pobreza actual y futura a millones de personas? ¿O el proceso de compra de vacunas en la que consideraciones políticas y de intereses personales primaron sobre el cuidado de la salud? ¿O la defensa absoluta de gobernadores e intendentes que han agredido brutalmente a niños y adultos?
Para controlar y corregir esos excesos que agreden especialmente a los más débiles, el sistema institucional argentino prevé la existencia de organismos destinados precisamente a la defensa de los ciudadanos cuyos derechos puedan verse afectados: la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el INADI. Pero para los funcionarios que hoy ocupan esos cargos rigen los mismos principios kirchneristas que en todas las demás áreas del Estado: su obligación principal es la defensa cómplice de las medidas gubernamentales, antes que los derechos de los ciudadanos; aún los más pobres y desamparados.
El caso de Marisa Graham, Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes es icónico. Si hay un sector social que ha sido desgarrado por la pandemia es casualmente el de los niños: desnutrición, abandono escolar, violencia familiar. Sin embargo, en casi 2 años no hay de parte de Graham ninguna denuncia pública, ni una propuesta para resolver casos críticos, ni demanda de explicaciones a funcionarios de todo nivel; ni explicación al Congreso -a pesar de varios pedidos explícitos de concurrencia.
Al igual que para sus pares Victoria Donda y Horacio Pietragalla, para la Sra Graham el “compromiso político” es más importante que su obligación legal. O sea, una versión plena del principio de los derechos humanos relativos que también defiende Solá. Los cuatro funcionarios creen -y actúan en consecuencia- que en su escala de valores la ideología vale más que los seres humanos a los que deberían proteger.
En síntesis, lo que estamos observando no es el resultado de errores coyunturales de la Cancillería ni de malos funcionarios. Responde a una concepción central al pensamiento kirchnerista: todo es relativo al mantenimiento del poder (y a complacer la mirada de su líder).
Por todo ello, si algún país o institución o partido político cree que es posible realizar acuerdos con este Gobierno, donde haya involucradas cuestiones relativas a los Derechos Humanos en los ámbitos externo o interno, más le valdrá tomar en cuenta estos antecedentes que hablan por sí solos.
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