Pocos días atrás, en un acto organizado por el Gobernador Axcel Kicillof para anunciar la urbanización de lotes y el otorgamiento de créditos para construir viviendas, el Presidente Alberto Fernández expresó que “no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno”. Para luego enfatizar: “No tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar alguien construya techo, donde van a crecer sus hijos y sus hijas”.
Estas palabras en boca del primer mandatario argentino, preocupan. La historia nos enseña que en los países la propiedad privada está inexorablemente unida a la idea de libertad, civilización y desarrollo.
El derecho a la propiedad es reconocido en nuestra Constitución Nacional y su respeto es fundamental a la hora de inspirar confianza y mostrar seguridad jurídica. Con más razón debería ser reafirmado, en tiempos de ordenanzas como la de Avellaneda, que vislumbran iniciativas parecidas a las de Hugo Chavez en Venezuela con más de 2500 confiscaciones de propiedad privada.
Es innegable que el derecho de propiedad es una expresión concreta del derecho a la libertad y ambos resulta ser pilares básicos reconocidos en nuestra Ley Fundamental, además de ser derechos naturales inherentes al individuo. No podemos evaluar del mismo modo el impacto de la palabra del Papa Francisco señalando que el derecho a la propiedad es secundario y, más allá de no estar de acuerdo con su pensamiento asentado en la filosofía religiosa, como Jefe de la Iglesia Católica se pronuncia conforme ideales de igualdad, y de justicia social.
En boca de nuestro Presidente, los dichos trasuntan una amenaza a ese derecho que nuevamente arruina las perspectivas de orden social y previsibilidad para generar las condiciones que permitan a la Argentina salir de la sostenida decadencia
No es poniendo en riesgo la propiedad privada el modo en que debe solucionarse el problema social de vivienda de nuestra población, siendo además evidente la existencia de bienes del propio estado o de otros actores sociales que por cuyo rol, pueden contribuir a solucionar el flagelo social de viviendas para la familias argentinas.
Aspirar a lograr ese resultado, no puede realizarse con confiscaciones o promovido usurpaciones que afectan el derecho fundamental de la propiedad, el que de ninguna manera es secundario y menos lo es, en nuestro derecho positivo vigente.
Por ello creemos, que contrariamente a lo expresado por el Presidente, afecta nuestra capacidad de desarrollo y progreso, la amenaza a la propiedad o el capital privado, emulando a Gobiernos como el de Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Las señales que evidencian un rumbo parecido a los modelos de las autocracia castro-chavistas son alarmantes, sobre todo en una Argentina atravesada por la crisis pandémica y con crecientes cifras de incremento de pobreza, de desigualdad, de falta de trabajo, e indigencia, lo que generan una inevitable emergencia habitacional entre otras catástrofes sociales.
Sin duda el papel de la Justicia será fundamental en la defensa y reivindicación del derecho de propiedad tal como fue concebido constitucionalmente impidiendo de modo oportuno, su cercenamiento, restricción y alteración en mayor o menor grado.
Sin embargo, más importante será el rol de la sociedad civil, comprometida con la defensa de la República, quien deberá exigirle a sus representantes el resguardo de los derechos y las libertades individuales que inspiraron a los fundadores de nuestra Nación.
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