Durante las últimas semanas, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría para el proyecto del Frente de Todos que apunta a suspender por seis meses la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) e introducir requisitos que dinamitarán su esencia.
Se trata de una nueva intervención del Estado sobre un formato legal que tiene por objetivo simplificar la constitución de nuevas empresas y que podría potenciarse, en lugar de complejizar su funcionamiento en un contexto donde la generación de negocios y puestos de trabajo se torna más necesaria que nunca.
En concreto, una vez más, nuestro país parece ir en la dirección equivocada.
Existe un escenario a nivel mundial en el cual las nuevas tecnologías impulsan la generación de modelos de negocio disruptivos, que traen aparejados desafíos inéditos, cambios en las relaciones de trabajo y modificaciones en los hábitos de consumo; todo a un ritmo nunca antes visto.
Muchos países del mundo han incorporado herramientas vinculadas al concepto de e-Governance, el uso de las tecnologías de la información para simplificar la vida diaria de los ciudadanos, dinamizar la prestación de servicios públicos y reformular antiguas estructuras para adaptarlas a las problemáticas actuales.
Asimismo, se han introducido múltiples reformas para capitalizar las oportunidades que brinda la innovación para la generación de nuevas empresas. Un caso de estudio en este punto es Estonia, donde se puede dar inicio a un negocio en poco menos de 20 minutos.
Como contrapartida, el año pasado, Argentina fue catalogado como el tercer país más complejo del mundo para hacer negocios, en términos de impuestos, normas y regulaciones; según el Índice Global de Complejidad Corporativa que elabora la consultora TMF Group.
La enorme cantidad de normas y regulaciones existentes no solo obstaculizan la dinámica de la economía para que se creen empresas y nuevos empleos, sino que también profundizan la tediosa burocracia del Estado y favorecen la multiplicación de procesos poco transparentes, que dan lugar a una mayor discrecionalidad de quienes ostentan el poder político.
Si buscamos el desarrollo de un país que genere empleo y adopte las nuevas tecnologías para edificar su progreso, es importante que el Estado sea parte de la solución y no del problema. Es fundamental que los dirigentes políticos abran el espacio a la desburocratización, la digitalización de la administración pública y el aporte de respuestas innovadoras, que impulsen la generación de riqueza a partir del trabajo, la innovación y las ideas de quienes emprenden cada día.
La tecnología abre la oportunidad para construir sociedades más abiertas, colaborativas e inclusivas. Está en nosotros tomar este tren y adaptarnos, o seguir corriendo hacia atrás.
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