La creciente crisis migratoria en Centroamérica ha vuelto a poner en el centro del debate en Washington el rol de la cooperación internacional. ¿Está generando impacto en términos de oportunidades y desarrollo para los países? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se genera innovación cuando las grandes burocracias tienden a no tomar riesgos? En las últimas semanas, luego del viaje de la vicepresidenta Kamala Harris, quien esta liderando la relación con Centroamérica a Guatemala y México, esta discusión está generando propuestas, críticas y replanteamientos.
El Presidente Biden lo dejó claro: “Si nos focalizamos en proveer la ayuda que necesitamos para enfrentar las raíces y causas de la migración, ayudaremos a esos ciudadanos a que se puedan quedar en sus países en vez de verse forzados a irse”.
Sin embargo, desde 2016 al 2020, según el New York Times, el 80% del financiamiento a Centroamérica fue dado a contratistas de Estados Unidos, ONGs, empresas e instituciones en Washington que cumplen con todas las regulaciones y necesidades de reporte del gobierno americano. Pero, por otro lado, la mayoría del dinero queda en las burocracias que lo manejan e implementan, y hay poca capacidad institucional en los países que quieren ayudar. Además, gran parte del dinero, en algunos casos llega al 40%, va a gastos de overhead de estas instituciones.
Esta realidad, que lleva décadas y trasciende partidos e ideológicas políticas, ha ido consolidando una “industria” de consultores, empresas y ONGs que muchas veces no pueden mostrar el impacto de sus acciones y enormes presupuestos, y a su vez, tienen más bien los incentivos para que la realidad permanezca como es. Esta desafiante situación parecería no ser de izquierda ni de derecha, tanto Republicanos como Demócratas han aumentado los presupuestos en desarrollo y cooperación, sin tener claras las mediciones del impacto. Parece entonces que se han creado redes de burocracia en las mejores capitales de los países desarrollados, como Washington, París, Bruselas, definiendo agendas para países de mayor vulnerabilidad, con poco sentido de accountability y urgencia.
En Centroamérica, por ejemplo, se han destinado más de 2 billones de dólares en los últimos diez años y la mayoría de los indicadores sociales no han mejorado. “Y muchas veces los contratistas ganan los contratos una y otra vez, a pesar de no haber mostrado ningún impacto”, señala Carlos Ponce, profesor de gestión de organizaciones no gubernamentales en Columbia University.
Por supuesto, aunque la cooperación internacional y los miles de billones de dólares al año destinados a países en desarrollo tuviesen el mejor diseño e impacto, no podrían cambiar masivamente la situación de la población si los dirigentes y las políticas nacionales no generan estabilidad económica y jurídica que atraiga inversiones y educación y salud de calidad, entre otras prioridades. Por eso es clave generar gobernabilidad, capacidad institucional y que las soluciones se definan de abajo hacia arriba.
Regresé a Washington hace unos meses, luego de haber estado cinco años trabajando en posiciones ejecutivas en el gobierno argentino, y este debate se me hizo más evidente al ver la cantidad de discusiones e ideas dando vueltas, generalmente acompañadas de muchísimo financiamiento, que parecen muy alejadas de la realidad de América Latina y el Caribe. Y no solamente alejadas de un impacto real en los ciudadanos, sino también políticas y propuestas con bajas probabilidades de ejecución e implementación.
A pesar de los desafíos, la cooperación internacional parece ser más necesaria que nunca. Y esta cooperación debería estar enfocada en cómo aportar liderazgo, en cómo generar oportunidades en los países, en cómo aliviar la pobreza especialmente en una región que sigue siendo devastada por el COVID y parece haber perdido la capacidad de promover una agenda de mejores políticas públicas.
Los organismos nacionales y multilaterales de cooperación y crédito pueden impulsar mejores prácticas y ayudar a enfocar a los países en políticas específicas que han funcionado en otros lugares. Y especialmente entender que implementar reformas -muchas veces más que diagnósticos y papers- requiere de entender la situación local, escuchar a los funcionarios y organizaciones comunitarias, y entender que la prioridad tiene que ser la ejecución, la implementación de las ideas para mejorar la vida de los ciudadanos.
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