El principio de no injerencia no puede ser coartada para apoyar a quienes violan los Derechos Humanos

La política exterior de la Argentina que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández y el Canciller Felipe Solá marca una preocupante tendencia del alejamiento del país de los estados democráticos en el orden mundial.

La abstención de nuestro país en la Organización de Estados Americanos (OEA) frente a la resolución que condenaba los atropellos y violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua es un elemento más en el rumbo que señalamos.

Esta abstención ratifica la postura del Gobierno que venimos denunciando tanto frente a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela -constatada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU– como la ofensa al pueblo de Israel ante la no condena por los actos violentos del grupo terrorista Hamás. Las consecuencias de las malas decisiones y el papel de soporte de dictaduras y regímenes autoritarios como los de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, generan enormes costos para nuestro país y su reputación.

El Comité Nacional del radicalismo rechazó la posición del gobierno nacional en forma inmediata. Quiero en estas líneas agregar algunos fundamentos a esa posición.

Objetamos firmemente la justificación del Gobierno para fundar su abstención en la condena a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

En efecto, se apela al denominado principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, malinterpretando la resolución de la OEA que en modo alguno vulnera este principio. No hay intervención, injerencia, ni sanciones. Hay una condena a la violación de derechos políticos y una exhortación al cumplimento de las normas internacionalmente aceptadas en materia de libertades en general y relativas a la competencia electoral en particular.

La preocupación por las violaciones a los DDHH y los pronunciamientos de los organismos internacionales con competencia en el tema, no constituyen injerencia en los asuntos internos de los Estados. Caso contrario, ¿cómo analizaríamos la lucha por la presencia de organismos internacionales durante la última dictadura militar en nuestro país para que constataran las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro territorio?

Sostenemos frente a ello otro principio del derecho internacional: el principio de no indiferencia entre los Estados.

No debemos ser indiferentes a la violación de DDHH en ningún lugar y menos por parte de miembros plenos de organismos internacionales de los que somos parte como la OEA.

Participamos de tratados internacionales en materia de derechos humanos entre los que se destacan los derechos civiles y políticos vulnerados en Nicaragua, esos tratados están incorporados a nuestra Constitución Nacional y nos obligan a accionar los mecanismos institucionales para su denuncia y repudio. Siempre de forma pacífica.

Esta abstención ratifica la postura frente a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, constatada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU. También la ofensa al pueblo de Israel ante la no condena por los actos violentos del grupo terrorista Hamás. Las consecuencias de las malas decisiones y el papel de soporte principal de dictaduras y regímenes autoritarios como los de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, generan enormes costos para nuestro país y su reputación.

El rechazo a estas posiciones no es caprichoso, lo hacemos porque implica un importante retroceso en la trayectoria que tiene nuestro país en la defensa de los derechos humanos. No es posible admitir términos medios frente a la violación sistemática de los mismos, y menos cuando suceden en nuestra región. Debemos promover un comportamiento responsable y comprometido de nuestro país en la arena internacional. Esto último no implica una infracción al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado: implica sostener el principio de no indiferencia, ni más ni menos, implica asumir un compromiso pacífico por la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos.

El argumento del Gobierno no sólo es falaz, sino que es una afrenta al valioso aporte de la comunidad internacional y especialmente de la OEA ante las violaciones de DDHH. Cuando en la Argentina se violaban los derechos humanos durante la última dictadura, la OEA, como ahora, no estaba ejerciendo una injerencia indebida, estaba manifestando su no indiferencia, su condena y su firme exhortación al respeto de los derechos humanos.

Otro argumento disparatado es que la no condena habilita a jugar el papel de mediador en la búsqueda de la superación de estas situaciones. Solo el prestigio y la buena reputación pueden legitimar a un país para cumplir con ese rol. El oportunismo, la inconsistencia y la indiferencia frente a los valores centrales de la vida democrática no son pasaporte para ninguna mediación, lo son para el aislamiento y la decadencia.

El lugar de la Argentina en el mundo debe estar al lado de las democracias, sosteniendo sus valores y no amparando y sosteniendo a las dictaduras y autocracias que los niegan.

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