Argentina, Nicaragua y los Derechos Humanos: política exterior errática

No dejan de sorprender los desvaríos y los movimientos equivocados del gobierno de Argentina en materia de política exterior muchas veces entronizados por una ideología que lo domina todo, y otras, por una supina ignorancia que no parece detenerse, ante las malas y erróneas interpretaciones de las situaciones, que se hace a veces por imprevisión, otras por inexperiencia y algunas por incompetencia directamente.

A los desatinos respecto de Venezuela en materia de derechos humanos, párrafo aparte con la relación con la Corte Penal Internacional, Argentina sumó un nuevo desacierto en materia de política internacional.

Abstenerse de condenar la dictadura de Ortega, coloca a la Argentina del lado del castro chavismo y de las dictaduras populistas de América Latina, junto a Cuba y Venezuela, el populismo boliviano y el “pseudo” populismo de México. Y pronto se sumará Perú.

La Abstención en la OEA (Organización de Estados Americanos), supone un desconocimiento total, de las normas y principios del Derecho Internacional. El voto de Argentina, más allá de motivos ideológicos y políticos, hay que caracterizarlo dentro de la incompetencia.

Unos 26 países han condenado al régimen de Ortega, exigiendo la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y presos políticos. Argentina compartió su abstención junto a Belice, Dominicana, Honduras y México. Un dato que no es menor: los países socios del Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, ( y Chile), votaron en contra de Nicaragua.

¿A dónde radica la ignorancia del voto de “astención” de Argentina? Hay un informe, del 25 de Febrero de 2021, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua. En el mencionado informe de situación, que va desde el 1 de agosto de 2019 al 31 diciembre de 2020, se centra en las crecientes restricciones del espacio cívico, y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, cometidas en el marco de las protestas de 2018.

-Casi tres años después de las protestas sociales en Nicaragua, el gobierno de Ortega no reconoció la responsabilidad del Estado por múltiples violaciones de derechos humanos, homicidios y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril de 2018.

-Múltiples restricciones a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y a participar en asuntos públicos.

-La falta de independencia judicial y de la institución nacional de derechos humanos y la reducción del espacio cívico, obstaculizan la transparencia y la rendición de cuentas.

-La reforma electoral y la aprobación de leyes, socavan el ejercicio de los derechos civiles y políticos, que no serán conducentes a un proceso electoral, transparente y justo en 2021.

En el mismo Informe, que la diplomacia Argentina ignoró, se realizan una serie de recomendaciones, invitando al gobierno de Nicaragua y a la oposición al diálogo, fundado en normas internacionales de derecho humanos.

Se exhortó a Nicaragua a adoptar un Plan de Acción para implementar las recomendaciones del Informe de 2019, previo al último de Febrero de este año; se exhortó a la liberación inmediata de todas las personas privadas de manera arbitrariamente de su libertad, la protección de las libertades civiles de expresión, de asociación y reunión, y de abogados defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Y la plena vigencia de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Una vez más la diplomacia Fernández-Kirchner-Solá avala regímenes dictatoriales en las Américas. No solo ignoran el mencionado informe de la Alta Comisionado de la ONU, sino que también muestran ignorancia, cuando fundamentan su voto, desconociendo el vínculo imperante de los Principios de Derecho Internacional y su relación con los crímenes internacionales.

Para el actual representante argentino en la OEA, condenar a Nicaragua en ese foro regional, es “dejar de lado el principio de no intervención en asuntos internos de un estado”.

El actual gobierno no tuvo empacho en expresarse acerca de la represión en Colombia hace unos días. Para el caso de Colombia, el principio de no injerencia de un estado en los asuntos de otro, no vale.

Por otra parte, hay que remarcar que la cuestión de los derechos humanos y la justicia internacional, cuando hay crímenes del derecho internacional, son crímenes que atañen a la comunidad internacional toda.

Y mal puede anteponerse, un principio del derecho internacional. Invocar el principio de no injerencia, respecto de los organismos internacionales, es una estrategia de política interna de los países que violan derechos humanos (y más aún en América Latina). Como ejemplos, argumento defensivo de Bolivia, frente a la OEA, la UE y el Reino Unido; Venezuela respecto de la UE; el actual gobierno de Guatemala ante las acusaciones de corrupción, y demás.

No se puede hablar de no injerencia, cuando hay violaciones de derechos humanos y también del Estado de Derecho, como es el caso de la dictadura de Ortega.

La intervención de la OEA es legal y plena, más aún aplicando sus propios principios de su Carta Democrática.

Hay un deber de intervenir en un Estado, cuando sistemáticamente se violan derechos humanos, y más aún, hay un deber de injerencia, incluso procedimientos para denunciar estos hechos en la OEA y los organismos internacionales.

Ortega y Murillo, ejecutaron una masacre contra población civil en Abril de 2018. Y esto es argumento suficiente, para que la mediocre política exterior de Argentina, condene a Nicaragua, y va más allá de cualquier ideología o proyecto latinoamericano de izquierda, que solo habita en mentes anacrónicas, como las del actual gobierno de los Fernandez.

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