Muchos privilegios, pocas razones

Los jueces y los fiscales conforman una minoría destinada a cumplir funciones esenciales para el desarrollo de una comunidad democrática: administrar justicia y defender los intereses de la sociedad. Debido a la sensibilidad de su misión, las leyes los rodean de privilegios e inmunidades, que buscan generar que magistrados y acusadores puedan desarrollar su cometido con tranquilidad y dar así rienda suelta a su capacidad de pensamiento y argumentación para resolver conflictos de la forma más eficaz y persuasiva posible.

Este punto, la persuasión, es central. La idea de que los jueces tienen acceso a verdades jurídicas absolutas se abandonó hace mucho tiempo, pero justamente por eso, al tomar una decisión deben argumentar de forma clara y profunda, con el objetivo de que los ciudadanos puedan aceptar las decisiones como legítimas. Esto no es solo una concepción teórica: los estudios empíricos muestran que, para que la gente acepte el accionar de la justicia, es más importante cómo se comunican las resoluciones que lo que se decide.

Sin embargo, si lo que debería existir son razonamientos lógicos, ordenados, comprensibles para cualquiera, que hagan posible entender lo que se decidió, lo que sucede en el día a día de nuestra justicia es todo lo contrario. La simpleza y la claridad se sacrifican en aras de la extensión, un lenguaje innecesariamente complejo y un abuso del “copiar y pegar” actuaciones judiciales, operación que la informatización facilita. Lo que tenemos, entonces, son sentencias y dictámenes infinitos que se componen de una inacabable transcripción de citas textuales de obras oscuras y enrevesadas, muchas veces extranjeras, que poco tienen que ver con la causa.

Por un lado, se fomenta la noción de que más páginas equivalen a más fundamentación, cuando lo que pasa es exactamente lo contrario: la técnica de rellenar espacio con cosas que no hacen estrictamente al caso tiene la función de ocultar la falta de explicación de las decisiones judiciales. “La resolución está fundada, tiene cien páginas”, suele decirse. No se dice, en cambio, que de esas páginas el caso en concreto merece con suerte dos o tres párrafos de atención.

Por otro lado, se sostiene que “si está escrito en difícil debe estar bien”, lo que esconde que la razón por lo que algo no se puede explicar con palabras claras, la mayoría de las veces es, simplemente, que ese algo no se puede explicar. Ya decía Borges que “lo barroco (hablando de escribir con palabras ostentosas) se interpone entre el escritor y el lector”. Y esto es precisamente lo que sucede con las opiniones fiscales y las decisiones judiciales, que cada vez más frecuentemente son eternas prosas que no entiende nadie y que los involucrados en el conflicto miran con perplejidad sin entender por qué se decidió de la forma que se lo hizo.

Esto, ya de por sí un mal endémico, se ha exacerbado en tiempos pandémicos. Uno de los efectos de la “virtualidad” es que impide el intercambio personal y posibilita no dar la cara. Explicarle a una persona que está sentada enfrente por qué se la condenó requiere mucha más entereza y solvencia que hacerlo a través de una notificación electrónica, impersonal, a través de la que el juez le traslada al abogado la misión de explicar lo inexplicable.

Lo cierto es que la argumentación no es una mera herramienta retórica, sino que hace al corazón de la ética y la transparencia judicial. Si, como dijimos, a jueces y fiscales se les dan las condiciones propicias para pensar sin interferencias y resolver de forma ecuánime, lo mínimo que deben hacer es reflejar, a través de sus decisiones, la forma en que encadenan este pensamiento. Ésta, por un lado, es la forma de rendir cuentas y de justificar que son los indicados para la tarea que les encomendó la ciudadanía. Y, por otro, es la vía para que las personas entiendan y acepten los modos en que se resuelven los conflictos.

Hoy, nuestra justicia mantiene y hasta acrecienta sus privilegios, pero cada vez está más lejos de la gente, que no sabe lo que hace ni cómo lo hace. Así, los datos disponibles muestran que la población creía “poco o nada” en el Poder Judicial. La forma de salir de esta distopía es con una administración de justicia transparente, que dé razones ante la ciudadanía a través de sus argumentos, que deben ser su espada y su escudo. Que si toma una decisión que afecta la vida de las personas, se tome el trabajo de explicarnos cómo y por qué lo hizo.

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