Una vez más, vuelve a estar en debate la discusión en torno a las autonomías municipales. Ahora, a raíz del cobro de tasas. Los intendentes aguardan por un fallo de la Corte que, en caso de ser adverso, dañaría mucho sus economías. En este sentido, mucho se habla de hacer equilibrio entre el sector privado y el público. Pero en este caso, no se trata de algo en detrimento de los privados, sino de competencias que permiten participar a los municipios en el cobro de un canon por tasas de seguridad e higiene, hasta incluso un arancel sobre los combustibles. Algo parecido ocurre en torno a la intervención en los tres niveles del Estado sobre impuestos que se cobran más de una vez por el mismo concepto. Es el caso de Ganancias, Ingresos Brutos y seguridad e higiene, entre otros.
La autonomía bien entendida no menoscaba la legitimidad de otros estamentos ni anula su autoridad en diversos temas que atañen a la cosa pública ni a la articulación con los privados. En definitiva, de lo que se trata es de brindar mejores servicios a la sociedad toda. Y está claro que los que están más cerca son los intendentes. Los vecinos les exigen seguridad, salud, educación y obras públicas como si toda la responsabilidad sobre esos temas fuera parte de sus competencias. Lejos quedó aquella subestimación que hacían algunos sectores de la política sobre los alcaldes cuando decían que apenas tienen tres preocupaciones; el alumbrado, barrido y limpieza. Hace ya muchos años que los jefes comunales recogieron el guante ante la demanda de los vecinos y se empezaron a hacer cargo de todos los temas que atraviesan a la gestión local. El gran problema es que tanto las provincias como la Nación se han recostado en esa comodidad de delegar o dejar hacer, pero sin la descentralización de recursos correspondientes. En términos prácticos, hay autonomía de gestión municipal en muchos temas por impericia o desaprensión de responsabilidades por parte de estamentos superiores, pero no hay autonomía en términos de recaudación. Pasó con las policías municipales. Pasa, aún, con los hospitales municipales. Y pasa, también, con el cobro de tasas. Lo único que hacen desde las provincias y desde la Nación –esté quien esté- es crear fondos específicos para la asignación de recursos dirigidos a fortalecer la seguridad, la educación o la obra pública. Pero es efímero y discrecional. Y no salda la discusión de fondo en torno a las autonomías.
Si de verdad queremos legitimar las autonomías locales, no podemos seguir discutiendo cada uno de los temas que tienen que ver con la distribución de recursos y el cobro de impuestos por la vía judicial. Ya hubo diversos fallos que avalaron las autonomías sobre diferentes temas. Imaginemos si se discutiera o se judicializara cada una de las medidas que atañen a la gestión y a la toma de decisiones respecto a las políticas públicas que necesitan resolverle los problemas y satisfacer las demandas de los vecinos todos los días. Los intendentes, antes que nada, intentan resolver, no tienen tiempo de pedir los recursos que les corresponden. A esta altura, ya es hora que las autonomías puedan ejercerse con la claridad de las competencias y responsabilidades bien dirimidas y con los recursos al mismo tiempo. No alcanza con el consenso dialéctico. Los hechos hablan por sí mismos.