Errores en la política tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fue un grave error la decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cobrarle el 8% de Ingresos Brutos a las Letras de Liquidez (Leliqs) y a los pases del Banco Central. Curioso que un distrito gobernado por Juntos por el Cambio aumente Ingresos Brutos, impuesto que esa misma fuerza política había prometido eliminar cuando fue gobierno. No era una promesa realizable, ya que ese impuesto es la principal fuente de financiamiento propio de todas las jurisdicciones. En CABA representa el 47% de sus recursos totales y el 75% de sus recursos tributarios (año 2019). Es facultad de las provincias y de CABA aplicar Ingresos Brutos, aunque es importante armonizar el cobro de ese impuesto entre las provincias para evitar los casos de doble y múltiple imposición y hacer más simple los trámites para los contribuyentes.

La CABA decidió cobrar este impuesto provincial a las dos principales herramientas de política monetaria de corto plazo del Banco Central de la República Argentina, aprovechando la ventaja que le genera que la gran mayoría de los bancos que utilizan estos instrumentos están radicados en esta ciudad, aun cuando toman depósitos y otorgan crédito en todo el país. Estaría abusando de su privilegio de “capital financiera” del país, privilegio que tiene por ser la Capital Federal de todos los argentinos y argentinas, no por mérito de las administraciones de Juntos por el Cambio. Además, con esta medida se está afectando al conjunto del país, ya que los bancos trasladan el costo a otros productos financieros a lo largo del territorio nacional, por ejemplo, encareciendo el costo al que se financian las familias.

Los impuestos que gravan instrumentos de política monetaria son una mala idea porque terminan incidiendo en el encarecimiento del crédito, lo que atenta contra el desarrollo de un mercado financiero profundo y en moneda nacional, un objetivo estructural que contribuye al desarrollo de largo plazo.

Las Leliqs y los pases son las principales herramientas de política monetaria de corto plazo que tiene el Banco Central, o sea los instrumentos a su alcance para regular la cantidad de dinero en manos del público. Así, este impuesto entorpece el cumplimiento por parte de la autoridad monetaria de uno de sus roles constitutivos. Al gravar a nivel provincial las herramientas de política monetaria, el Banco Central se encuentra ante la disyuntiva de compensar ese impuesto provincial con una mayor tasa que encarece el crédito para todos los argentinos y argentinas; o permitir esta reducción de la tasa efectiva más allá de los objetivos de la autoridad monetaria, afectando que se puedan alcanzar los efectos buscados. Este tributo local tiene efectos macroeconómicos, provocando una externalidad negativa en detrimento de las demás jurisdicciones.

Las políticas macroeconómicas, y en particular la política monetaria, son un resorte exclusivo del nivel federal de gobierno. Ya la Corte Suprema de Justicia ha reconocido en otras oportunidades que la política monetaria, financiera y bancaria ha sido delegada de las provincias al Banco Central. Nos parece por lo tanto que este impuesto no sólo es un sinsentido económico, sino que también vulnera, a nuestro juicio, a la Constitución Nacional y a los intereses de las demás provincias y de la Nación en su conjunto.

No fue ésta la única medida tributaria desacertada tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos. También decidió gravar con el impuesto a los sellos los resúmenes de tarjeta de crédito. Esta medida errada transforma el Impuesto a los Sellos (orientado a gravar contratos, o sea a la actividad económica) en un impuesto que afecta el consumo de la clase media, ya que la base imponible son los gastos de las familias abonados con tarjetas de crédito. Esto desalienta el uso de un medio de pago electrónico muy difundido, incentivando el uso de dinero en efectivo, yendo a contramano de uno de los postulados de la política económica del gobierno de Juntos por el Cambio que apuntaba a reducir el uso del papel moneda.

Pero hablemos también del perjuicio que para los vecinos y las vecinas de la CABA acarrea la falta de voluntad de coordinación y articulación federal del gobierno de la Ciudad. Debido a la falta de adhesión de CABA a varias iniciativas de coordinación federal y simplificación que venimos impulsando, hoy los contribuyentes de esta Ciudad sufren mayores retenciones y percepciones por concepto de Ingresos Brutos que en el resto del país. Por ejemplo, aún no ha adherido al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (SIRTAC), que simplifica, reduce y unifica las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre ventas cobradas mediante medios de pagos electrónicos. Es decir, mientras que los contribuyentes de 16 jurisdicciones del país ya se están viendo beneficiados por el SIRTAC, los porteños sufren innecesariamente mayores retenciones por una decisión política equivocada, que justifican sobre la base de la necesidad de mantener autonomía, cuando en realidad ésta no se vería afectada en nada accediendo a mejorar la coordinación federal.

Similarmente, hasta el momento la decisión política del Jefe de Gobierno ha sido no unificar el impuesto sobre los ingresos brutos con el monotributo nacional, iniciativa en curso en 10 jurisdicciones. Además de esta importante pérdida en simplificación que podría facilitarle la vida a los porteños, al no formar parte del Monotributo Unificado los pequeños contribuyentes de CABA siguen sufriendo retenciones y percepciones.

CABA tampoco ha adherido al Registro Único Tributario (RUT), un sistema al que ya se han sumado 18 jurisdicciones del país y que permite que los contribuyentes actualicen sus datos fiscales en un solo lugar, usando la clave fiscal de AFIP (altas, bajas, cambio de domicilio, de actividad, etc.).

Necesitamos retomar un diálogo maduro, donde demos prioridad a resolver la enorme tarea que tenemos por delante: tener un mejor sistema impositivo federal, más eficiente y progresivo, más simple y amigable con los pequeños contribuyentes, sin superposiciones de trámites innecesarios. Esta tarea requiere el trabajo conjunto de todos y todas, sin distinción de ideología, fuerza política o jurisdicción de pertenencia. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo para que desde CABA deje de lado esta postura electoral y acompañen las iniciativas que el país necesita.

Somos defensores de un verdadero federalismo fiscal donde no se avasallen las competencias de las jurisdicciones, pero como contrapartida se vuelve necesario hacer un llamado a la sensatez para que las jurisdicciones respeten las facultades y competencias propias del Estado Nacional y accedan a las iniciativas que apuntan a una mayor coordinación tributaria federal, en pos del beneficio de los argentinos y las argentinas.

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