Nuevo subsidio a consumidores de gas: en la dirección incorrecta

Mientras en el Poder Ejecutivo continúa irresuelta la crisis entre el ministro Martín Guzmán y los “Federicos” (Basualdo y Bernal), la interna gubernamental respecto a la política tarifaria de la energía se extendió al Congreso Nacional. De manera sorpresiva, la bancada oficialista presentó en Diputados un proyecto firmado por Máximo Kirchner que, lejos de contribuir a acotar los subsidios y normalizar el sistema energético, reduce aún más la tarifa de gas a cerca de 3.000.000 de hogares.

El consumo de gas en la Patagonia estuvo históricamente subsidiado mediante diversos instrumentos. En los 90, luego de la reforma sectorial y la privatización de Gas del Estado, el Tesoro Nacional se hizo cargo del subsidio, cuyo monto se fijaba anualmente en las leyes de presupuesto para luego ser transferido a las distribuidoras con clientes beneficiarios del esquema. Sobre el final de la década se acumularon importantes atrasos en los pagos del Tesoro, y la presión de las provincias patagónicas hizo que en la ley 25.565 de presupuesto 2002 se introdujeran cambios en el sistema para asegurarle recursos y liberarlo de los controles de ejecución de la secretaría de Hacienda. Así fue creado el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas de la Patagonia (FFSCRGP), alimentado por un cargo aplicable a todas las compras de gas del país, para financiar compensaciones tarifarias para la zona sur del país y Malargue (Mendoza). Cambió así el financiamiento del subsidio: de rentas generales presupuestarias pasamos a un sobrecosto pagado por todos los consumidores de gas (residenciales, comerciales, industriales, generadores de electricidad) del sistema. Vencidos los diez años aprobados en el 2002, el esquema se ha venido prorrogando en las leyes de presupuesto de cada ejercicio.

En los últimos años, el esquema patagónico implica que los consumidores de gas natural estén recibiendo un triple subsidio acumulado. El primero es el general, que reciben todos los consumidores de gas natural al pagar por el gas un precio inferior al costo de abastecimiento, diferencia cubierta con pagos por el Plan Gas a los productores.

El segundo subsidio aparece porque el gas destinado a la región patagónica se paga a un precio aún menor al precio general antes mencionado. Ieasa (ex Enarsa) vende ese gas a las distribuidoras involucradas a un precio inferior (típicamente la mitad) al que resulta aplicable para los mismos consumidores en el resto del país. Este subsidio lo financia el Tesoro, a través de las transferencias dirigidas a cubrir las pérdidas de Ieasa.

El tercer subsidio surge de que a la tarifa final construida con ese gas doblemente abaratado, al que se le suma el costo del transporte y la distribución, se le aplica el descuento del 50% actualmente previsto en el régimen patagónico, que financia el Fondo Fiduciario creado en 2002.

El efecto conjunto de estos subsidios hace que un hogar patagónico, para todos los niveles de ingreso, esté pagando un precio medio por el gas un 75% inferior al que paga un consumidor del resto del país, que es a su vez un 77% inferior al precio medio de un conjunto de 29 países relevados por la International Energy Agency.

El régimen de subsidios patagónicos al gas se ha probado ineficiente e irracional en múltiples dimensiones. Debido a la enorme distorsión de precios que provoca, los consumidores de la Patagonia gastan, a igual temperatura, el doble de gas que los consumidores de otras regiones, según un estudio de Salvador Gil y Roberto Prieto. Es decir: se derrocha energía. Los precios artificialmente bajos no sólo afectan las cantidades consumidas sino el tipo de inversión que se realiza. Con el gas prácticamente regalado, en los hogares no se invierte lo suficiente en buenos aislamientos u otras iniciativas de uso racional de la energía. Y cuanto mas se extiende la distorsión en el tiempo, mayor proporción de nuestro escaso capital resulta mal asignado.

Todos somos patagónicos

El proyecto de ley presentado por el kirchnerismo extiende el régimen patagónico hasta el año 2031, y amplía su alcance geográfico incorporando a zonas templadas como la provincia de Mendoza, varios departamentos de San Juan, departamentos de San Luis, y algunos municipios bonearenses. Además, establece que “las localidades que se encuentren dentro de la zona Bioambiental utilizada por Enargas, bajo norma IRAM 11603/2012, III, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, que en un futuro sean abastecidas de gas natural y/o gas licuado de petróleo de uso domiciliario, obtendrán en forma automática los beneficios aquí establecido”. Según el propio Enargas, se trata de zonas templadas cálidas.

Superponiéndose con el esquema de la tarifa social ya vigente, a la dimensión regional se suman las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. En las nuevas regiones que se incorporan al subsidio, el descuento solo llegará al 50% como en Patagonia para la población más vulnerable (AUH, monotributo social, jubilados con menores prestaciones, etc.), mientras que en el resto de los hogares, el descuento será del 30 por ciento.

¿Cuál es el costo de los nuevos subsidios? En principio, los nuevos beneficiarios del esquema no recibirían el beneficio de un gas más barato como sucede en la Patagonia sino que, con el precio general del gas que pagan todos los consumidores residenciales, gozarían del descuento del 30/50% mencionado. Dada la escasa información disponible, y asumiendo que se suman 3 millones de hogares al beneficio pero sin el gas barato del que goza la Patagonia, una estimación preliminar indica que el costo total del esquema sumaría entre $21 y $35 mil millones de pesos anuales, dependiendo de cuántos beneficiarios accedan al máximo descuento.

En cuanto al financiamiento, el proyecto prevé que sea cubierto por el Fondo Fiduciario ya existente, con un aumento del cargo sobre el gas que paga toda la demanda. Federico Bernal, interventor del Enargas y principal defensor público del proyecto, indicó que con un incremento de solo un punto (de 4,5% a 5,5%) en el cargo fiduciario al gas sería suficiente para financiar el gasto asociado a la extensión del esquema, sin necesidad de recurrir a subsidios fiscales.

Más allá de que parece difícil que con ese aumento del cargo fiduciario se cubran todos los gastos adicionales, la afirmación de Bernal es engañosa. El encarecimiento generalizado provocado por el aumento del cargo fiduciario impactará en el gas utilizado por la generación térmica (explica un tercio del total de gas consumido en el país), y afectará las cuentas de Cammesa. Con los precios mayoristas de la electricidad congelados, todo el aumento de costos deberá ser cubierto por el Tesoro, con mayores subsidios. Hay que agregar además que, si el aumento del costo del gas por el aumento del cargo fiduciario para generación se trasladara a las tarifas finales de la electricidad, estaríamos frente a un subsidio cruzado desde los consumidores de electricidad hacia algunos consumidores de gas natural. Teniendo en cuenta que la penetración de las redes de electricidad en los hogares de los deciles más pobres es muy superior a la de las redes de gas, estaríamos acentuando el carácter pro-rico de los subsidios que mencionó el ministro Guzmán. La misma irracionalidad distributiva que implica abaratar el gas en Pinamar a costa de encarecerlo en el conurbano bonaerense.

Por último, fomentar el consumo de combustibles fósiles subsidiando los precios va en la dirección opuesta a los objetivos y compromisos asumidos en materia de cambio climático. Peor aún, tanto la Unión Europea como EEUU están discutiendo la posibilidad de border adjustment taxes: derechos de importación equivalentes a los impuestos a las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) no cobrados por los países exportadores, medida que podría afectar negativamente la competitividad de nuestras exportaciones de manufacturas a Europa.

En síntesis, el beneficio que se pretende aprobar en esta ley no está destinado ni a las regiones ni a las personas más pobres del país y tiene, como todos los subsidios energéticos vigentes en el país, graves problemas de focalización, en un contexto de extremas dificultades fiscales y fuerte aumento de la pobreza. Pese a las probadas distorsiones en el consumo que ha provocado el régimen patagónico, se propone extenderlo masivamente, sin ninguna revisión. Seguramente se agudizará el derroche energético, afectando negativamente las cuentas externas (más importaciones de gas), fiscales (más subsidios), y las emisiones.

En un escenario de pandemia y crisis económica, Argentina no puede darse el lujo de aprobar con tanta ligereza proyectos costosos y distorsivos, y que tienden a agravar los problemas hoy vigentes en el sistema energético.

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