Los funcionarios se convirtieron en expertos en barbijos, alcohol, testeos, PCR, vacunas, curvas, picos, burbujas y demás neologismos, olvidando que los verdaderos problemas argentinos son: demagogia, autoritarismo, grieta, desempleo, inflación y pobreza.
El Gobierno está tan ocupado en cercenar derechos a los ciudadanos que ignora la nueva normalidad: los trabajadores no hacen paro, piden que los dejen trabajar, los empresarios se conforman con que los dejen abrir sus fabricas y comercios, y los jóvenes reclaman que los dejen estudiar.
Mientras la gente pierde su empleo (a pesar de la prohibición de despidos), cierra su negocio, se funde, desintegra su familia, y olvida las ganas de vivir, la única preocupación del oficialismo es echarle culpa al gobierno anterior y postergar las elecciones para no perder por escándalo.
A pesar de que cumplen protocolos para no contagiar y que son fundamentales para mantener sanas a las personas, los gimnasios no pueden abrir; tampoco el turismo, que permite recuperar algo de energía. Bares, hoteles, restaurantes, teatros, museos y hasta farmacias debieron cerrar definitivamente por las decisiones caprichosas del gobierno, que lejos de darnos más salud, nos ubicaron en el ranking de países con más muertos. El Presidente juega con “cosas sin repuesto”.
La única solución oficial para combatir la inflación, el desabastecimiento y los dos millones de nuevos pobres nacidos en cuarentena es imprimir dinero sin respaldo. La columna vertebral del gobierno de Fernández consiste en otorgar un subsidio para cada problema. Ya son diez millones de subsidiados y veinte millones de cheques que el Estado paga mensualmente, sin exigir contraprestación. Inviable para cualquier economía.
Hasta los pobres están cansados de planes y piden trabajo. Pero para que haya empleo debe haber empleadores, y para que haya empleadores debe facilitarse la registración laboral bajando impuestos.
Frente a un fracaso sanitario y económico estrepitoso, el presidente pide “superpoderes”. En un país serio pedirían su juicio político.
En otro capítulo de la grieta fogoneada desde la autoridad, que incluye pobres contra ricos, mujeres contra hombres, jóvenes contra viejos, trabajadores contra empleadores y bonaerenses contra porteños, el Gobierno apuntó contra los empresarios que aumentan precios e incumplen acuerdos.
El Gobierno sabe que fijar precios no sirve y que produce desabastecimiento; sabe que para bajar los precios hay que producir más y aumentar la competencia, y que para producir más hay que bajar impuestos y contratar más trabajadores, pero opta por la actuación de suscribir acuerdos de precios y salarios incumplibles porque producir y generar empleo lleva tiempo.
Además de cerrar comercios, el gobierno despobló los edificios públicos convirtiendo en barrios fantasma a San Nicolás (Tribunales) y Monserrat (Casa Rosada). Ministerios como Trabajo y Transporte no resuelven nada y patean los problemas laborales y de tránsito a la Jefatura de Gabinete. ¿Hasta cuándo la gente seguirá soportando mansamente que la enfermen, la fundan, le demoren sus trámites, le limiten circular, le impidan estudiar, y le posterguen elecciones?
Las contradicciones oficiales incluyen subir excesivamente el valor de la nafta (que va a precios) y proyectar una baja en las tarifas en base a más subsidios.
La miseria y la pobreza son lo único saludable en Argentina, porque los políticos que manejan a los pobres ganan las elecciones. Ignoran que el trabajador no quiere ser igualmente pobre, quiere diferenciarse, comprar su casa, auto e irse de vacaciones; pero es imposible cuando es más rentable vivir de subsidio que de trabajo.
Los Sindicatos y Organizaciones Sociales también son responsables de esta ruina. La CGT juega a la política y hace silencio frente a tres millones de empleos perdidos y miles de empresas cerradas, mientras los Gerentes de la pobreza piden más subsidios, pero en efectivo, no los quieren bancarizados.
Lentamente asoma un nuevo modelo sindical que reivindica la cultura del trabajo y el esfuerzo como única forma de progresar: son los sindicatos “flacos”, por su reducida cantidad de afiliados. Quieren terminar con la grieta entre los que trabajan y los que cobran sin trabajar, y devolverle empleo genuino y dignidad a la gente. Lejos de dividir al sindicalismo, se robustecerá la fuerza gremial, sin abusos ni corrupción, cuidando a trabajadores y a empleadores por igual.
El Estado debe darle educación a la gente para que obtenga trabajo, no changa. Sacar a los pobres de la esclavitud de un plan social y llevarlos a la libertad de un trabajo formal es el gran desafío argentino.
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