
El Gobierno ha decidido cerrar por 30 días las exportaciones de carne vacuna para “reordenar” el mercado interno, bajo el pretexto que, con maniobras de evasión impositiva y subfacturación de exportaciones, algunos frigoríficos están presionando hacia el alza los precios de la carne, afectando la tasa de inflación.
También, según transcendió hoy en Infobae, está a un paso de intervenir el Mercado de Liniers para decidir cuál empresa puede exportar carne y cuál no. El precio de los cortes locales, y el impacto de su suba en la inflación, están detrás de está medida que serían inminente.
Ignoro si este tipo de comportamientos están sucediendo, y mucho menos, si esa es la causa del incremento del precio de los cortes vacunos. Pero se aplica, en este caso, lo que un amigo se preguntaba cuando se decía que en la Ciudad de Buenos Aires había un millón de ratas: “En vez de contarlas ¿por qué no las matan?”.
Si el problema son algunos “vivillos” cometiendo delitos, usen todo ese ejército de funcionarios públicos para detectarlos, multarlos, clausurarlos o lo que haya que hacer, pero meterse con un negocio de exportación, que exige conquistar mercados, superar barreras sanitarias, firmar contratos de largo plazo, conseguir cadenas de logística y distribución, ganar reputación de marca y de proveedor confiable, resulta un crimen de lesa economía.
La Argentina es un eficiente productor agroindustrial, pero compite en el mundo con otros proveedores de calidad y cantidad. En el caso de la carne vacuna hoy nos superan Brasil, Australia, Estados Unidos, y peleamos cabeza a cabeza, con Nueva Zelanda, Canadá o Uruguay, cada vez que la Argentina se retira del mercado, aunque sea transitoriamente, los países importadores no se convierten en “vegetarianos”, buscan otros proveedores. Lo mismo sucede cuando cerramos exportaciones de trigo, o, en otro sector, gas o petróleo.
Argentina tiene que tomar una decisión: o aceptamos que somos eficientes productores de agroindustria y potenciales de energía, y nos “bancamos” los precios internacionales, para incentivar inversión, empleo y mayor oferta, compensando con buena macroeconomía las consecuencias internas, o nos condenamos a producir cada vez menos, y depender de un gasto público creciente e ineficiente, con cada vez más pobreza e indigencia.
Atacar a los competitivos, no es la mejor manera de mejorar la calidad de vida de la población.
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