“Tenemos una meta: la vida, la justicia y la libertad. Tenemos un método para conseguirlo: la democracia”, dijo una vez Raúl Alfonsín. Una frase corta, pero empapada de una verdad irrefutable, pues no hay justicia, libertad ni respeto a la vida si, primeramente, no hay democracia.
Y ese es el límite que cada demócrata en el mundo debe tener: defender la libertad y la justicia, ante todo. No importa su ideología, su sistema económico de preferencia o las alianzas políticas. Importa el respeto y la lucha inagotable por la defensa de los derechos humanos.
La antítesis de lo ya descrito son los dictadores, los autoritarios, los tiranos. Son Pinochet o Daniel Ortega, son Videla o Nicolás Maduro. No importa si dicen ser de izquierda o de derecha, importa que asesinaron o asesinan a inocentes, que oprimieron u oprimen a sus pueblos, que infundieron o infunden terror. Son aquellos que todo demócrata debe condenar con fuerza, sin ambigüedades.
Es por esa razón que lamentamos las declaraciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, hoy 18 de mayo en Radio 10, donde aseguró que “el problema de derechos humanos en Venezuela ha ido desapareciendo”. Es una afirmación que no describe la verdadera situación que vive el país y que hiere a las decenas de víctimas de un régimen cuyas principales cabezas están siendo investigadas en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
La persecución, las amenazas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y el secuestro de los poderes públicos, hoy en Venezuela son una realidad. No han desaparecido.
En este preciso momento se está desarrollando un conflicto bélico en la frontera colombo-venezolana, producto de la alianza entre el régimen de Maduro y grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las FARC. Ello ha dejado civiles asesinados y miles de desplazados.
Un informe de Human Rights Watch, de hace apenas 22 días, demuestra claramente que las distintas “fuerzas de seguridad” de la dictadura, han cometido violaciones a los derechos humanos a la población civil del estado Apure, en medio de sus operativos armados.
Todo lo que se denuncia en ese informe, es exactamente el mismo patrón que ha usado el régimen contra los venezolanos en distintos lugares, en diferentes situaciones y desde hace mucho tiempo. Lo ha dejado claro la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela.
Se ha demostrado de forma clara y contundente que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, son una política de Estado. La dictadura ha cometido:
- Detenciones arbitrarias.
- Desapariciones forzadas.
- Ejecuciones extrajudiciales.
- Torturas, tratos crueles e inhumanos.
Hoy en Venezuela, con el apoyo absoluto de Nicolás Maduro, funciona el grupo de exterminio más letal que se haya visto en décadas: las FAES. Este grupo de tarea ha sido el responsable de al menos 19.000 ejecuciones extrajudiciales desde su creación en el año 2016.
Hace cuatro meses ocurrió una masacre en La Vega, Caracas. Un operativo policial donde en el que 23 personas fueron asesinadas a manos de 650 funcionarios. Ninguna autoridad se pronunció, ni siquiera los nombres de las personas asesinadas fueron indicados.
“Los acontecimientos de La Vega son otras de las masacres realizadas por el gobierno de Maduro en los últimos años, como resultado de una política de exterminio que da luz verde a los funcionarios policiales para detener y ejecutar. Una política de ‘disparen a matar’ donde el derecho a la vida no importa, sino mostrar estadísticas de presuntos delincuentes ‘dados de baja’”, afirmó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
Para los familiares de esas víctimas, los 306 presos políticos, entre los cuales se encuentran al menos 22 mujeres, y las ONG humanitarias perseguidas por la dictadura –en un país que sufre una Emergencia Humanitaria Compleja- las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no han desaparecido.
En relación a las sanciones contra corruptos, criminales y narcotraficantes de Venezuela, sobre las cuales el presidente Fernández ha dicho que es un bloqueo, es importante aclarar que no es así. No existe tal cosa.
Los violadores de derechos humanos que desde Venezuela denuncian un inexistente bloqueo, no han podido explicar cómo el régimen de Maduro compró, durante todo el 2020, camionetas último modelos para que su élite delincuencial pasee por las calles del país, que en cada esquina tiene a un niño o un anciano buscando comida en la basura. Tampoco han podido explicar cómo Maduro ha adquirido cada vez más armas desde Irán, ni cómo mantiene el regalo petrolero a Cuba. Mucho menos, han hablado sobre el envío de 700 kilos de “ayuda humanitaria” a Bolivia o cientos de miles de litros de oxígeno a Brasil.
No hay bloqueo, hay dictadura. Una que ha cometido y ¡sigue cometiendo! crímenes de lesa humanidad. Hoy el deber de la comunidad internacional y de cada demócrata, es asegurar que en Venezuela vuelva la vida, la justicia y la libertad.
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