La Justicia bonaerense fuera de la agenda de prioridades

Axel Kicillof está camino a lograr su propio récord: ser el primer gobernador, desde la recuperación de la democracia, en no designar ni un solo funcionario en el Poder Judicial en la primera mitad de su mandato.

La actual gestión de la Provincia de Buenos Aires está marcada por un sórdido silencio en lo que refiere a la Justicia. Un claro ejemplo de esto fue el discurso de apertura de sesiones legislativas, del 1 de marzo. Ni una sola vez en su extenso discurso el Gobernador se refirió a la Justicia; a la desastrosa situación en la que se encuentra, a las más de 500 vacantes existentes, a la desidia en ocasión de ocupar dichos cargos, a la pasividad en continuar con los procesos de nombramiento pendientes, a la necesidad de formular mejoras salariales en el Poder Judicial. Nada. Y este silencio hoy, a más de dos meses de aquel momento, sigue siendo la característica distintiva del Gobierno bonaerense cuando del Sistema Judicial se trata. Pero, ¿qué oculta ese silencio?

Nos encontramos ante una gravísima situación sin precedentes. La cuarentena ha causado estragos y ha servido de telón para tapar problemas de suma gravedad como es la crisis institucional a la que están arrastrando a la justicia. Falta cubrir cargos en prácticamente todos los departamentos judiciales bonaerenses. Faltan jueces, fiscales, defensores oficiales, camaristas, a lo largo y ancho de nuestra provincia en una situación que, la propia Suprema Corte de Justicia bonaerense, definió como la cifra de vacantes “más alta históricamente registrada”.

Durante el año 2020 y en el transcurso de lo que va de este año, negligentemente el Poder Ejecutivo no remitió un solo pliego al Senado. Tampoco firmó los decretos de los 41 cargos que fueron aprobados por el Senado en septiembre del año pasado, incumpliendo con la manda constitucional.

La actitud del Gobernador de mantener frenado de forma arbitraria e ilegítima el nombramiento de 41 cargos que cumplieron todos los requisitos legales y políticos, y que esperan únicamente de su firma por el simple hecho de que habían ingresado en la gestión anterior demuestra el manejo deleznable, subjetivo y totalitario que pretende hacer de la justicia. Lejos del principio de continuidad de los actos del Estado, pretende introducir un subjetivismo y arbitrariedad nunca antes visto. Una actitud carente de todo fundamento y de racionalidad, que está provocando la virtual paralización de la Justicia, el colapso de los tribunales y lo que es peor, el entorpecimiento de uno de los Poderes del Estado, el encargado de la administración de justicia.

Mientras la Justicia colapsa, esos pliegos duermen en el escritorio del Gobernador desde hace meses. Los mismos fueron aprobados en el mes de septiembre de 2020 por el Senado bonaerense, siguiendo el camino constitucional para el nombramiento de jueces y magistrados. Fueron remitidos al Gobernador para la firma de los correspondientes decretos que los ponga en funciones, o eventualmente que los rechace por las limitadas y excepcionales causales que la Suprema Corte Bonaerenses ha admitido (fallo “Decastelli”) hecho que hasta la fecha no ocurrió, demostrando un claro capricho y empecinamiento absurdo que lo único que ha hecho es menoscabar el normal funcionamiento de la Justicia poniéndola al borde del colapso.

Tanto estos 41 cargos, que solo dependen de la firma del Gobernador, como las más de 200 ternas que están listas y solo esperan que el Gobernador eleve uno de los nombres al Senado; son fundamentales para paliar las vacantes existentes más aún en medio de la pandemia que atravesamos. Por este motivo, muchos juzgados y tribunales están desintegrados y no cuentan con la presencia física de sus titulares, retrasando irremediablemente el trámite de los procesos y sobrecargando tareas en otros jueces o magistrados lo cual se verifica de manera más problemática en el fuero penal.

Esta situación absolutamente preocupante, indudablemente no está en la agenda de prioridades del señor Gobernador. La pregunta es: ¿Por qué? ¿Una vez más nos enfrentamos a la vieja costumbre kirchnerista de intentar manipular al Poder Judicial restándole independencia?

La realidad actual contrasta con lo ocurrido en la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal donde la Justicia fue una preocupación constante, un tema esencial. Ello se refleja, no sólo en la cobertura de más de 500 cargos judiciales entre los años 2016 al 2019, sino también en la reforma de las leyes del Consejo de la Magistratura estableciendo el orden de mérito de las ternas, la Escuela Judicial Obligatoria, la incorporación de un examen oral video filmado y las modificaciones a la ley de Enjuiciamiento de Magistrados, órganos encargados respectivamente de la selección y remoción de magistrados judiciales, previendo en definitiva su despolitización y su mayor eficiencia, objetividad y transparencia.

Los bonaerenses necesitamos una justicia ágil, eficaz y eficiente y un Gobernador que entienda y respete la independencia de poderes, brindándole al Poder Judicial las herramientas que necesita para funcionar como es debido.

El Gobernador no lo entiende así. Y su empecinamiento, deniega la justicia a los bonaerenses. Si su comportamiento persiste lamentablemente no será justicia.

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