La pandemia global del COVID-19 ha impactado en nuestras vidas de muchas formas: no hemos podido ver a nuestros familiares, ni visitarlos en algunos casos; no hemos podido despedir a seres queridos; hemos cambiado profundamente nuestra vida diaria; sufrimos el impacto psicológico del aislamiento y una rutina de encierro. Todas ellas han sido muy importantes, pero vamos a analizar aquí aquellos cambios que han impactado en nuestras instituciones, con especial relevancia para nuestra salud, nuestra actividad productiva y nuestra libertad.
El inicio de la pandemia vino acompañado de un conjunto de restricciones a nuestra movilidad que fue aceptada de buen modo por una gran mayoría de la población global, preocupada por la expansión del virus. Los gobiernos reaccionaron a una demanda de acción y se lanzaron a tomar medidas, no siempre racionalizadas o estudiadas. Los políticos apelaron al miedo y a la urgencia, vieron su futuro en juego y que no importaba ser prudentes, y buscaron ordenar las vidas de los ciudadanos de una forma diferente a la que éstos pudieran haberlo hecho. Se tomaron todo tipo de decisiones y se emitieron directivas haciendo uso de poderes ejecutivos extraordinarios que fueron justificados por el peligro de la pandemia. No hubo mayor consideración sobre derechos o libertades, y buena parte de la población, asustada, tampoco se preocupó demasiado. No fue en todos lados igual, por supuesto, sabemos que hubo países con mayores restricciones y otros que confiaron en mayor medida en la responsabilidad social de las personas.
El objetivo de estas medidas era doble: frenar el contagio del virus y demorar su impacto en el sistema de salud. Pero en muchos casos excedieron los problemas de salud pública y el oportunismo de algunos políticos aprovechó la circunstancia para concentrar más poder, poniendo en peligro las limitaciones constitucionales.
Un grupo de investigadores de las universidades de Harvard y Stanford analizó encuestas con 480.000 respuestas en 15 países y encontró que la mayoría de los ciudadanos estaban predispuestos a sacrificar libertades civiles a cambio de mejores condiciones sanitarias durante la pandemia del COVID-19. No obstante, también encontraron que cuanto más tiempo esas medidas están vigentes, el apoyo decae y, por el contrario, la preocupación por el debilitamiento de las libertades crece.
Los países latinoamericanos fueron muy estrictos cuando había pocos casos y redujeron las restricciones cuando los casos alcanzaban un pico. Esto muestra que la elevada “rigurosidad” o, violación de derechos individuales básicos, no brindó un mejor resultado sanitario y ni hablar del costo económico.
Trabajo y producción en la pandemia
Los cuatro países con medidas más estrictas en América Latina han sufrido drásticas caídas de su actividad económica durante 2020 según las estimaciones del FMI: Honduras (-6,6%), Argentina (-11,8%), Bolivia (-7,9%) y Venezuela (-25%). En buena medida se explican no solamente por las medidas tomadas en la pandemia sino por la frágil situación de sus economías antes de que ésta llegara.
Tampoco es que los demás pueden mostrar resultados muy superiores, pero al menos infligieron en sus ciudadanos un costo menor por las restricciones a su libertad. Sí puede afirmarse lo contrario: los países con medidas más restrictivas causaron un mayor daño económico y una mayor pérdida de la libertad individual, sin obtener mejores resultados.
Algunos sostienen que es necesario un “reseteo” del capitalismo, un nuevo contrato social, ante el descontento que genera la pandemia, pero no es tan evidente que lo sea hacia una reformulación “social” del capitalismo actual, que ya es una clara mezcla de mercados y serias intervenciones estatales en el gasto, los impuestos, las regulaciones o los programas sociales. También puede ser que ese descontento se dirija a quienes tomaron las riendas durante la pandemia, es decir, los gobiernos y los políticos que los conducen. Un verdadero test para la eficiencia del Estado será su desempeño en la distribución de vacunas contra el COVID. Esto recién ha comenzado y ese descontento se nota. Los gobiernos han tomado en sus manos el monopolio de la distribución de la vacuna y han descartado a las instituciones de mercado, que eficientemente distribuyen todo tipo de medicamentos y vacunas.
Puede que ese descontento social explote y efectivamente tengamos un “nuevo contrato social”; pero también es posible que continúen ocurriendo cambios en base a instituciones que ya han probado en el pasado su capacidad para promover el progreso: el derecho de propiedad, los contratos, las sociedades comerciales.
En el segundo trimestre de 2020, se crearon en los Estados Unidos 930.000 nuevas empresas o negocios, un leve aumento en comparación con las 910.000 creadas en el mismo período en 2019, pero en el tercer trimestre el número fue cercano a 1.400.000, un incremento del 49% y del 67% respecto al mismo trimestre del año anterior. Según el US Census Bureau en enero de 2021 solamente se crearon 492.133. Bajo la cuarentena, el porcentaje de ventas minoristas por e-commerce en Estados Unidos creció en ocho semanas lo que había crecido en cinco años. Según EMarketer el comercio electrónico habría alcanzado 84.950 millones de dólares en 2020. La penetración en América Latina pasó de 43,4% a 71,5%, y fue una de las regiones con mayor crecimiento, 36,7% anual.
El “reinicio” del capitalismo parece ser más una preferencia de las elites. La gente se ha lanzado a desarrollar y utilizar las instituciones del mercado, aprovechando la tecnología también en áreas como la educación o la salud. Las empresas privadas de tecnología educativa (apps para idiomas, tutoriales virtuales, video conferencias y software para educación virtual) invirtieron 18.660 millones de dólares en 2019, cifra que llegaría a 350.000 millones en 2025, según datos difundidos por el mismo Foro Económico Mundial que promueve el reseteo.
Millones de personas se adaptaron en poco tiempo al trabajo en sus casas. Muchos no querrán volver a trabajar en oficinas, al menos todo el tiempo y muchas empresas tampoco querrán gastar en oficinas lo que estaban gastando. Esto va a cambiar el transporte dentro de las ciudades, y hasta las ciudades mismas, pero no es parte de ningún “plan” o “reseteo” de nada, sino tan solo parte del normal proceso evolutivo que se produce en la sociedad y en los mercados para adaptarse a nuevas situaciones.
La pregunta que será importante responder, entonces, no es “qué tipo de contrato deberíamos ahora tener”, sino qué tipo de instituciones permitirán una mejor evolución hacia ese mundo que se avizora por delante. El problema de un nuevo “contrato social” es que si quienes lo imponen se equivocan, nos perjudicamos todos; mientras que en los “órdenes espontáneos” habrá distintos experimentos y podremos ver cuáles funcionan. Los que fracasen no perjudican a todos sino solamente a aquellos que invirtieron en ellos.
No es un tema de diseñar un nuevo contrato social, es fortalecer las instituciones que permiten evolucionar hacia nuevas formas de atender a las necesidades de la gente. Es la “mano invisible”, que para algunos no existe, pero que ya está reseteando al mundo.
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