La pandemia de COVID-19 modificó sustancialmente la visión sobre muchos aspectos de la salud, la economía, el trabajo, el ambiente y la seguridad social. Fundamentalmente puso el eje en la empatía, la solidaridad y la equidad.
En el caso de la Argentina se sintió muy fuerte en la economía y en los sectores sociales más postergados, pero también en la clase trabajadora y media.
Por ello fue necesario buscar financiamiento extra. El Gobierno decidió, mediante una ley, gravar impositivamente a las personas humanas con un impuesto que se llamó “Aporte Solidario y Extraordinario” para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.
Esto obviamente está vinculado con que muchas actividades durante un tiempo suspendieron su producción, por las necesidades que demandó la asistencia social y sanitaria a millones de argentinos y por tener que obtener una vacuna para frenar el avance del coronavirus.
Hay que destacar que fue la seguridad social la que pudo de alguna manera dar una contención y sostener a distintos sectores, no sólo a quienes reciben programas sociales, sino a los que producen y generan puestos de trabajo, quienes tuvieron que suspender sus actividades por la cuarentena.
La Argentina tomó una decisión muy fuerte, muy debatida y dispuso por ley, que todas aquellas personas humanas o las sucesiones indivisas que hayan declarado en el impuesto a los bienes personales que superen los 200 millones hasta los 3000 millones de pesos deben hacer un aporte extraordinario por única vez. Este aporte implica un pago de entre el 2 y el 3,5% como máximo, de acuerdo a los niveles de riqueza acumulada y que ha sido declarada en el país por el contribuyente.
Para los bienes declarados en el exterior ese porcentaje con respecto a lo que tiene que tributar la persona humana aumenta a entre un 3 y un 5%.
Están obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes y, de esta manera, el Gobierno espera recaudar unos $ 300.000 millones. Esto va a ser sólo para el ejercicio 2021.
La inequidad en Argentina se observa en el nivel de pobreza, que llega al 42%. El problema es mundial, ya que el 1% más rico de la población tiene el 82% de la riqueza generada. En nuestra región, sólo el 10% concentra el 68% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre sólo accede al 3,5%.
Hay antecedentes en el mundo que demuestran que este impuesto resultó temporal, como es el caso de Japón. Otros países como Alemania, que lo estableció cuando ocurrió la caída del muro de Berlín y sucedió la unificación de Alemania Oriental con la Occidental, al día de hoy siguen cobrando el impuesto a la riqueza. Francia también recauda por un tributo similar y España lo aplica para solventar el gasto social. En la región, en Chile y Brasil se estudian tributos similares.
Considero que este tributo debería ser por más tiempo con menor presión fiscal. Y controlado con una comisión bicameral que haga un seguimiento en la asignación de esos recursos, como un aporte a la trasparencia de una política de Estado que va más allá de un Gobierno.
La ley dispuso que se distribuyera de la siguiente forma lo recaudado: un 20% para la compra de equipamiento médico, vacunas, medicamentos para la prevención y asistencia sanitaria; otro 20% al subsidio de la micro, pequeña y mediana empresa con el objetivo de sostener el empleo; el otro 20% estará destinado a becas para la educación; un 15% a mejorar las condiciones habitacionales e infraestructura social de los sectores más postergados de la Argentina; y el 25% restante a la exploración, explotación de hidrocarburos y desarrollo del gas natural.
La pandemia demostró la necesidad de inversión en salud, tecnología y en energías renovables y que son los fondos de la seguridad social los que ayudaron a mitigar los efectos adversos de la situación, por tal motivo un porcentaje debió estar destinado a estos menesteres.
En el marco de esta reflexión es oportuno señalar que de alguna manera la Argentina se puso a la vanguardia con esta ley, porque el Gobierno de Estados Unidos también está en la búsqueda de aportes extraordinarios de aquellas personas humanas con grandes fortunas acumuladas.
El Fondo Monetario Internacional alienta para que los países apliquen estos impuestos que son de carácter progresivo y no regresivo. Lamentablemente hizo falta una pandemia para pensar en la aplicación de un impuesto de estas características.
Es el momento de pensar que esta situación sanitaria mostró el avance de las tecnologías, sobre todo la digital, que está generando ingresos extraordinarios en varias empresas que trabajan a escala global. Esto va a generar un cambio muy importante en el mundo del trabajo.
Habrá una asimetría entre la generación de puestos de trabajo y lo que significa la híperproducción que desarrollan estas nuevas tecnologías. Esto hace necesario comenzar a trabajar en la formulación de un tributo a esas empresas de tecnologías o desarrollos digitales que al disminuir los puestos laborales van a afectar los sistemas de seguridad social, las jubilaciones y pensiones. Un gran debate que nos tenemos que dar.
La desigualdad e inequidad objetiva que vive América Latina y el Caribe es conocida por todos, pero quienes más tienen por si solos no van contribuir a una mayor equidad. Por eso los Gobiernos deben diseñar políticas de Estado para acortar esa brecha que cada vez se hace más amplia y excluyente.
Sin dudas, el camino es la equidad, la solidaridad, la empatía, el compromiso y la decisión firme de modificar este estado de situación. Los líderes del mundo deben dar una batalla frontal para equilibrar el desarrollo y disminuir considerablemente la pobreza. “En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento”, dijo John Maynard Keynes.
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