El desafiante desarrollo nuclear de Irán, en particular la intención de enriquecer uranio al 60%, deja en evidencia que posee la capacidad tecnológica de producir material fisionable al 90% y obtener suficiente uranio para un arma nuclear. En poco tiempo las centrífugas en operación podrían alcanzar un grado suficiente de purificación de uranio para uso militar. Esa grave circunstancia, junto a la capacidad misilística que dispone, plantea una amenaza preocupante a la seguridad internacional. En especial a Israel, en virtud de las reiteradas amenazas de los líderes que sustentan la teocracia iraní de poner fin a la supervivencia del Estado israelí. Las transferencias de Teherán de misiles crucero a Siria y al Líbano, como la guerra marítima no declarada, revelan el propósito de mantener un alto nivel de confrontación militar con Israel.
Israel, por su parte, no parece dispuesto a tolerar el riesgo de que Irán sea el décimo país con armas nucleares. Una serie de ataques encubiertos a plantas nucleares como la de Natanz lo pone de manifiesto. También el asesinato de Mohsen Fakhrizadesh, el principal científico del programa nuclear iraní. Ya en 1981 hubo acciones de represalia similares contra la planta de Osirak y en el 2007, a la instalación nuclear siria de Deir al Zaur. Estados Unidos, cuyo vínculo con Israel es histórico, está dispuesto a utilizar la información que Israel disponga sobre las actividades proliferantes de Irán, pero no mucho más que eso. Un compromiso diplomático que no satisface las preocupaciones de seguridad israelíes.
En este marco las negociaciones en Viena para el reingreso de Estados Unidos al Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, en su sigla en inglés) son particularmente sensibles. El acuerdo nuclear de 2015, tendiente a resolver la crisis de proliferación horizontal, no debería dejar de reconocer las nuevas circunstancias tecnológicas iraníes. Hoy posee una capacidad nuclear con incidencia militar mayor a la de 2015, incluso en el campo de misiles. Israel hace un punto central en esa cuestión además de insistir en la necesidad de que el JCPOA cubra toda posible vectorizacion de un artefacto nuclear.
Una mayor presencia incisiva de verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del programa nuclear iraní es también central en virtud que Irán ha dejado de cumplir una serie de compromisos jurídico vinculantes del acuerdo del 2015, como es el caso del aumento del enriquecimiento de uranio más allá del límite autorizado, sobrepasó la cantidad de almacenamiento de esa producción y multiplicó el número de centrífugas (incluso las características técnicas permitidas) que acelera en más de un 50% la capacidad de generar una calidad de uranio enriquecido con peligro proliferante. La serie de centrifugas IR6 es un ejemplo.
Es urgente que Teherán vuelva al pleno respeto de las obligaciones contraídas en el JCPOA y acepte los estándares de verificación del OIEA. También que Estados Unidos cumpla con el compromiso de levantar sanciones. La simultaneidad de ambos objetivos es central como que el resultado fortalezca el régimen de transparencia reforzado que permite al OIEA acceso fuera de las actividades nucleares declaradas cuando se sospecha medidas ligadas al ciclo de combustible nuclear (uranio enriquecido y plutonio). Es de esperar que las negociaciones en Viena logren la efectividad actualizada del acuerdo de no proliferación de armas nucleares del 2015 que, hasta el momento, es un instrumento para limitar un programa nuclear que por su alcance tiene el claro potencial de superar propósitos con fines pacíficos.
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