Bien por la Corte, muy mal por el Gobierno

El reciente fallo de la CSJN parece haber acortado distancias entre las distintas facciones de las internas oficialistas. Lamentablemente, el sentido de este alineamiento no fue el de fomentar un debate profundo sobre las instituciones en juego, sino una vez más, dinamitar la legitimidad de la Justicia argentina.

En vez de leer con detenimiento el fallo, el viceministro de Justicia lo calificó de “inexplicable” y “confuso”, aduciendo que versó sobre una cuestión “netamente política” y “de política partidaria”. Nada más lejano a la realidad de una sentencia que es sumamente prudente al destacar que pretende “orientar, desde lo jurídico -no desde lo sanitario- decisiones futuras”.

De haberlo leído con detenimiento, en lugar de temer por el aislacionismo de las políticas frente a la pandemia como difama el Ministro de Justicia, verían que la CSJN pondera la necesidad de interacción articulada de los distintos integrantes de nuestro federalismo, la no subordinación sino coordinación de esfuerzos, la unión en vista a metas comunes y el principio de “lealtad federal” o “buena fe federal”. La CSJN destaca así la importancia de evitar “el abuso de las competencias de un Estado en detrimento de los otros” y de coordinar sus facultades “para ayudarse y nunca para destruirse”.

Si bien el fallo reconoce el carácter de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires introducido por la Reforma Constitucional de 1994 como un actor pleno del sistema federal, no se trata particularmente de un triunfo de la Ciudad sobre el gobierno nacional, sino que es un avance en el fortalecimiento de nuestro federalismo. Defender la autonomía de la Ciudad no es defender una política aislada, es resaltar la necesidad de trabajar en conjunto, sin avasallamientos ni imposiciones como viene haciendo el gobierno nacional.

Pareciera que Soria no leyó el fallo cuando se pregunta si los jueces se harán cargo de la decisión tomada ya que el mismo voto del ministro Rosenkrantz aduce que son los gobiernos locales quienes deben responsabilizarse por las políticas que rigen en sus respectivos territorios, contrario a lo propuesto por el DNU.

El fallo destaca el rol vital de la educación para la construcción de la Nación, para “cimentar una sociedad democrática e inteligente” y recuerda que la regulación de la educación y la facultad de asegurar la educación primaria es competencia de las Provincias. Mientras que, en lo que respecta a la salud, se reconoce la convivencia de atribuciones de la Nación y las provincias.

En lugar de profundizar acerca de una imposible elección entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, el fallo se centra en determinar las condiciones en las cuales sería admisible la intromisión de las autoridades nacionales en competencias originariamente provinciales. En este sentido, se destaca la falta de fundamentación adecuada del DNU ante la necesidad del PEN de explicar la proporcionalidad y finalidad de la medida adoptada.

Esto no significa, como maliciosamente interpreta el Ministro de Justicia, que “cada Provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia” sino que, “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”. Que el ejercicio de las atribuciones de las autoridades nacionales tienen límites constitucionalmente establecidos y es justamente función de la CSJN controlarlo para evitar que el abuso de las mismas vacíe el carácter federativo de nuestra República.

Esto quiere decir que aún en una situación de emergencia como la que estamos atravesando, existen normas a las cuales la dirigencia debe atenerse al momento de adoptar medidas para paliarlas, y la CSJN entiende que el Ejecutivo no siguió esas reglas. Lejos de discutir la eficacia o no de las medidas propuestas, lejos de afirmar que el Poder Ejecutivo no tiene competencias para tomar medidas sanitarias como sostuvo la Vicepresidenta en redes sociales, la CSJN destacó que la mera eficacia de una medida no es suficiente para considerarla constitucional.

Pronunciarse sobre esta disputa no es judicializar la política, es la Justicia corrigiendo los desvíos de la ley en los que incurre un Ejecutivo desesperado por enfrentar las consecuencias de la mala gestión de la pandemia durante el 2020.

A esto se suma la Vicepresidenta que habla de golpe de estado, es irresponsable y ajeno a la realidad. Tampoco es un golpe de estado que el Presidente asuma para sí, sin respaldo legal alguno, la competencia sobre lo que es propio del gobierno de la ciudad. Hay un gobierno elegido por el pueblo en funciones, el Presidente debe ser prudente y respetuoso, no lo vamos a acusar de golpista, nosotros somos distintos.

Mientras que el oficialismo confunde a la sociedad afirmando que los jueces usan sus sentencias “para favorecer a los candidatos que le gustan”, la CSJN aclara que el ejercicio de sus controles excede a la esfera del Ejecutivo y advierte al Legislativo que tampoco el Congreso puede, ni siquiera transitoriamente, atribuir facultades al Presidente que la Constitución no le reconoce. Es evidente que la Corte no está gobernando ni pretende hacerlo, sólo controla que quienes lo hacen se limiten a ejercer sus facultades dentro de los límites de la ley. No se pronuncia acerca de las medidas de fondo, simplemente cumple su función de velar por el respeto de las instituciones democráticas en un contexto en el que la política no logra estar a la altura de las circunstancias.

Vemos funcionarios en actos públicos y en redes sociales emitir declaraciones maliciosas acerca del rol del Poder Judicial en nuestro país, confundiendo a la sociedad con comentarios acerca de la politización de la justicia que ellos mismos pregonan en sus propuestas de reforma.

Los jueces no son elegidos directamente por el pueblo, ni está previsto en nuestro diseño institucional que así lo sean. Los ministros de la CSJN fueron nominados incluso por el peronismo y acordados por el Congreso como corresponde. Cuestionar, en este contexto, su legitimidad de origen haciendo referencia a que nadie los votó o su legitimidad de accionar insinuando que abusan de sus cargos queriendo gobernar no hace más que debilitar a la cabeza de uno de los pilares de nuestra democracia. Pilar cuyo rol hoy, por el contrario, se ve reivindicado con esta decisión, con la que lejos de ser funcional al gobierno de turno, finalmente reivindica el necesario papel que cumple.

Celebramos un fallo que trae a la sociedad argentina, y no sólo a los vecinos de la CABA, una necesaria certeza en tiempos de pandemia y de utilización política de la emergencia para generar confusión acerca del rol de las instituciones.

Sin embargo, debemos mantenernos alertas frente a una dirigencia que pretende tergiversar y deslegitimar estas decisiones, eligiendo traer más desconcierto a una sociedad agotada por una cuarentena eterna, que sigue padeciendo la pandemia a la espera de la prometida vacunación masiva y, sin dudas, cansada de ser utilizada políticamente a través del miedo.

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