El mensaje fue corto pero claro. Más allá de los detalles de las medidas, Horacio Rodríguez Larreta le redobló la apuesta al gobierno nacional y se volvió a parar en el lugar de líder de la oposición.
Después de que Alberto Fernández anunciara las restricciones que regirán durante las próximas tres semanas para frenar la segunda ola del coronavirus, el jefe de gobierno porteño nuevamente decidió marcar públicamente sus diferencias con respecto a la estrategia oficial.
Si bien reconoció que la situación sanitaria es preocupante, el alcalde mostró un panorama más optimista y aseguró que la curva de contagios “refleja un amesetamiento”. En esa línea, señaló como un buen augurio que durante los últimos días se retomó el diálogo con la Casa Rosada e incluso destacó que “en muchas de las decisiones tomadas hubo consenso”. Sin embargo, dejó en claro que la Ciudad no bajará la bandera de la educación presencial salvo que la Justicia le ordene lo contrario.
La modalidad mixta para los alumnos del secundario había sido la prenda de negociación en las reuniones que esta semana mantuvieron los jefes de Gabinete de ambas jurisdicciones, Santiago Cafiero y Felipe Miguel, al igual que en las charlas entre Carla Vizzotti y Fernán Quirós, de Salud.
No hubo acuerdo y la Ciudad decidió avanzar por su cuenta con esta nueva posición intermedia, que le permite tomar distancia de las políticas oficiales pero sin llegar a una confrontación sin retorno. Más allá de las cuestiones epidemioógicas, la última opción también implicaría un desgaste innecesario en la larga carrera hacia las elecciones presidenciales de 2023.
“Mi convicción es clara. Estoy convencido de que la mejor manera de trabajar es en forma conjunta, es buscando el diálogo y el consenso”, repitió Rodríguez Larreta como solía hacer en los primeros meses de la pandemia. La diferencia estuvo en una aclaración que casi pasó inadvertida. “Siempre va a seguir siendo así, tanto para enfrentar esta difícil situación como para sacar a la Argentina adelante”, dijo en tono “nacionalizado”.
Sus palabras no solo le marcaron la cancha al gobierno nacional sino también a los sectores más duros de su propia coalición, que le reclaman mayor intransigencia y con quienes disputa subterráneamente la confección de las listas para las próximas elecciones.
Algunas horas después, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dejó en evidencia esta grieta interna con una serie de tuits: “Quienes integramos Juntos por el Cambio coincidimos en que la educación es esencial y debe ser nuestra prioridad porque iguala oportunidades y genera desarrollo a futuro. Ahora: ¿quiénes se perjudican con el cierre del nivel secundario?”, publicó en su cuenta personal.
“Todos los niveles educativos son importantes. No les quitemos a nuestros chicos el derecho a estudiar y tener un futuro digno”, disparó.
En la semana, en las oficinas de Uspallata se mostraban satisfechos con los resultados de la decisión de mantener las escuelas abiertas. “Horacio mostró carácter, levantó mucho el perfil, y ahora en el gobierno nacional saben que si vienen ‘de guapos’, nos plantamos”, ironizaba uno de los integrantes de la mesa chica del poder porteño, en referencia a la unilateralidad del último DNU de Alberto Fernández.
“Cuando no acatamos el fallo del juez federal también los descolocamos, eso no lo esperaban”, analizaba el mismo funcionario.
En su conferencia Rodríguez Larreta también defendió con firmeza la autonomía de su distrito y rechazó de plano la idea del oficialismo de enviar un proyecto de ley al Congreso que faculte a Alberto Fernández a tomar medidas “excepcionales”, como hizo Angela Merkel en Alemania. “Una ley no puede ir en contra de la Constitución”, fue la respuesta casi lacónica del jefe de Gobierno.
En el Frente de Todos tomaron nota. “No es momento de forzar discusiones sobre autonomía; en cuestiones sanitarias la autoridad es el Presidente”, retrucó Axel Kicillof en su propia conferencia.
Al mismo tiempo, el jefe de Gobierno porteño volvió a meter presión sobre la Corte Suprema que debe resolver el reclamo de fondo por inconstitucionalidad del decreto que suspende las clases presenciales. El demorado fallo del máximo tribunal, que se espera para el próximo lunes, podría darle una victoria política que ni se vislumbraba pocas semanas atrás.
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